A partir de este 1 de julio empezarán a regir las reformas tributarias del plan fiscal aprobado en diciembre. Con varios años de tardanza, Costa Rica inicia un cambio radical en su cultura impositiva; le explicamos algunos detalles.
A partir de este 1 de julio Costa Rica vivirá “la transformación tributaria más importante desde que se cobran impuestos”: un nuevo sistema y un cambio de cultura tributaria nunca antes visto en el país.
Así lo describió la ministra de Hacienda, Rocío Aguilar, quien brindó una conferencia de prensa de cara a la entrada en vigencia de las reformas tributarias incluidas en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aquel documento que también conocimos como la reforma fiscal.
Quizás el más abrupto de todos los cambios será la entrada en vigencia del Impuesto al Valor Agregado (IVA), que llegará para suplantar al Impuesto General sobre las Ventas (IGV).
El IVA, que tendrá una tarifa del 13%, gravará el sector servicios, el campo más dinámico de la economía nacional (con una participación del 44,6% del Producto Interno Bruto en 2016, según los datos del Banco Central) y que hasta ahora se encontraba casi totalmente exento.
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La aplicación de este impuesto, recordó la ministra Aguilar, fue una discusión que tardó más de 20 años en Costa Rica, mucho más tiempo que en la gran mayoría de los países desarrollados del mundo e incluso más que en la mayoría de países del continente americano.
“Es la transformación tributaria más importante, un tema que el país ha discutido por más de 20 años y en el que, creo, solo Costa Rica tenía este tipo de rezago”, subrayó la ministra.
Antes se había intentado aplicar como parte de dos reformas tributarias; sin embargo, ambas habían naufragado por errores constitucionales. Primero había fallado el conocido “Pacto Fiscal” impulsado por la administración de Abel Pacheco y, segundo, la reforma fiscal de Laura Chinchilla, pese al importante consenso que esa administración había alcanzado con una buena parte de la oposición.
No obstante, las reformas fiscales —incluida la entrada del IVA— finalmente llegaron, a través de un texto que dejó la administración anterior (que nunca tuvo pudo encaminarlo en la corriente legislativa) y que esta nueva administración retomó, ahogado por las condiciones financieras nacionales, ya preocupantes.
El texto, eso sí, va más allá del IVA, aunque ciertamente esa es su mayor reforma.
Además, este 1 de julio empezarán a regir importantes cambios en el Impuesto sobre la Renta, incluido el nuevo gravamen sobre las ganancias y sobre las rentas de capital, que impondrá un tarifa del 15% a las ventas y los traspasos de bienes, así como a los rendimientos que generan las inversiones.
Asimismo, entrarán a regir las nuevas escalas para tasar las utilidades de las pequeñas y medianas empresas (pymes), de entre un 5% y un 20%; además de los nuevos dos rangos (del 20% y del 25%) para los salarios más altos (superiores a los ¢2,1 millones y ¢4,2 millones, respectivamente).
Se trata de una reforma integral que incluso modificará el año fiscal que siempre hemos conocido, que pasará de calcularse entre octubre y septiembre —el llamado “año cafetalero”— al año natural, de enero a diciembre.
No obstante, la mayor transformación en materia tributaria es el IVA y eso es innegable: “una transformación importante y que nos lleva a todos a una cultura tributaria diferente, a una mayor atención y a un mayor cuidado”, tal como indicó la ministra Aguilar.
Un rendimiento esperado
Según informó la directora general de Hacienda, Priscila Piedra, con la aplicación del IVA se espera un rendimiento del 0,23% del PIB en lo que resta del año 2019.
Sin embargo, Hacienda espera que ese rendimiento crezca a partir del próximo año y que alcance un 0,68% del PIB, pues ya se podrá empezar a aplicar durante los 12 meses (y no solo un semestre) y —poco a poco— entrarán a regir algunas de las tarifas que los diputados decidieron posponer por un tiempo o aplicar de forma escalonada (ver cuadro de Tarifas).
Con las reformas al Impuesto sobre la Renta, además, se espera un efecto del 0,34% del PIB este año y cerca del 1% del PIB cuando estas alcancen su mejor rendimiento.
Sin embargo, el mayor reto de aplicación parece ser el IVA, pues las reformas en materia de renta son de aplicación más sencilla, y parten de normativas ya creadas que garantizan una buena parte de su éxito. “El IVA, por su parte, ha implicado una elaboración normativa relevante, acompañada de una serie de resoluciones y el back office, con todo los cambios tecnológicos que esto ha implicado”, explicó la ministra Aguilar, como también han repetido el resto de funcionarios de su cartera.
Ambos cambios, eso sí, son fundamentales para las golpeadas finanzas públicas del Estado, cuyo déficit fiscal ascendió al 6% del PIB en 2018, impulsado por un déficit primario (ingresos menos gastos, sin contar intereses) del 2,5% de la producción que implica la necesidad de que el país se siga endeudando.
Precisamente ese último indicador es el que más quiere cerrar el Ejecutivo, para frenar así el efecto “bola de nieve” que empuja la deuda pública: una necesidad intensa de recursos que ya llevó al país a superar el límite de deuda que recomiendan los organismos internacionales para las economías en desarrollo (el 50% del PIB).
Para cerrar el déficit primario, el Gobierno además ha destacado el impacto que tendrían las otras tres herramientas de su plan fiscal aprobado en diciembre en la Asamblea Legislativa, incluidas varias reformas en materia de remuneraciones al sector público, una amnistía tributaria que le permitió al Gobierno recaudar ¢224.000 millones adeudados (entre diciembre y marzo pasados), y una regla fiscal que le pondrá un techo al gasto estatal y que permitirá un mayor margen de maniobra para Hacienda (podría incluso esquivar varias obligaciones de ley, siguiendo principios de razonabilidad).
Con ello, se espera estabilizar la deuda en los niveles máximos recomendados, con el objetivo de estabilizar las tasas de interés, evitar la incertidumbre y alentar la inversión en el mediano plazo.
Los impuestos, finalmente, solo representarán un 40% del impacto de la reforma fiscal, según las autoridades del Ejecutivo; sin embargo, el impacto es importante.
Un panorama convulso
No obstante, la llegada de los nuevos impuestos no será un proceso que esté del todo limpio.
Por el contrario, desde ya supone un conflicto cultural, como lo resumen muchos de los actores en el sistema. En Costa Rica nunca se ha pagado el IVA (ni algo remotamente parecido), motivo por el que persiste el panorama de incertidumbre.
Además, el Ejecutivo apenas concluye con la publicación de sus reglamentos y sus resoluciones finales para la aplicación de los nuevos impuestos, un factor que ha mantenido en vilo a contadores y contribuyentes, a pesar de que los borradores de esos textos se han publicado constantemente desde inicios de año.
De cualquier manera, el efecto es el mismo, según algunos de los sectores. “Lo que pasa es que usted, sin querer, puede convertir a decenas de miles de personas en delincuentes tributarios de la noche a la mañana porque no cobraron, porque no presentaron la declaración o porque no saben cómo hacerla”, decía días atrás el vicepresidente de la Unión de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), en entrevista con UNIVERSIDAD.
Eso también lo señalaba el presidente del Colegio de Contadores Privados de Costa Rica, José Alberto Mora, quien incluso reconocía que aún a muchos de sus agremiados —más de 19.400 profesionales— les costaba entender la materia.
“Creo que incluso dentro de la profesión hay mucha gente que no sabe exactamente lo que viene”, reconocía.
No obstante, Hacienda echará a andar su nueva maquinaria a partir de julio y Costa Rica estrenará sistema de impuestos ese mismo mes.
Todavía existe la posibilidad de que el Congreso apruebe una moratoria de seis meses para las sanciones a pequeños y medianos contribuyentes que cometan errores en sus declaraciones tributarias; sin embargo, el inicio de las gestiones es inevitable y ese proyecto es todavía solo una intención.
