El Gobierno cumplió un mes desde que denunció en conferencia de prensa presuntas anomalías de magnitudes “millonarias” en contratos de servicios relacionados al desarrollo de la ampliación de la ruta 32, entre San José y el Caribe, pero hasta ahora el Ministerio Público no tiene registro de que se hayan formalizado las acusaciones y Conavi no acepta mostrar la auditoría en la que se basaron esos señalamientos divulgados por el presidente Rodrigo Chaves.
Aunque el Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) respondió que desde el 20 de junio se presentó una denuncia ante el Ministerio Público, sin dar detalles sobre los eventuales delitos ni sobre las personas acusadas, la oficina de prensa de esa dependencia judicial descartó que eso haya ocurrido, al menos hasta el pasado viernes 30. “La Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción indicó que no ha recibido denuncia alguna sobre el tema de su interés”, contestó ante una consulta de este periódico.
El propio ministro de Obras Públicas y Transportes, Luis Amador, dijo el 7 de junio que llevarían las denuncias a sede penal. Lo afirmó en la conferencia de prensa semanal del Presidente, en la que mencionaron que se pagaron $732.000 en servicios de comunicación y que se benefició a una “reconocida periodista”, cuyo nombre no han querido mencionar aunque insinuaron que señalan a Vilma Ibarra, directora del programa radiofónico Hablando Claro, un espacio crítico de la gestión gubernamental. También se cuestionaron montos por otros servicios, dijeron que se despidió al gerente del proyecto y que se rescindió el contrato con el gestor (empresa Cacisa).
Pese a la señalada gravedad del caso y a que el documento ha circulado parcialmente en cuentas en redes sociales, incluida la del político Otto Guevara, la auditoría pagada con fondos públicos no ha sido revelada a la prensa ni a la opinión pública. “De momento no va hacer posible suministrar el informe”, contestó Conavi a UNIVERSIDAD.
“Este Consejo se encuentra llevando a cabo una evaluación de los resultados obtenidos en sus investigaciones para proceder como en derecho corresponde; en ese sentido, de momento no resulta oportuno su divulgación pública, con la intención de no entorpecer las eventuales investigaciones administrativas y / o judiciales que puedan surgir según sea el caso; aunado además de las particularidades contractuales y disposiciones contenidas en el informe contratado”, añadió Conavi en su respuesta.
Las autoridades se guardan el contenido de la auditoría a pesar de que supuestamente revela “muy malas noticias”, como dijo Chaves en aquella conferencia de prensa sobre el caso, tras la cual el comunicado de prensa oficial afirmó que «existieron contrataciones irregulares por más de dos millones setecientos mil dólares».
La auditoría la pagó Conavi con fondos públicos a un costo de $151.786 más el impuesto al valor agregado (para un total que supera a los 93 millones de colones), publicó este sábado el medio El Observador, basándose en una respuesta del director de la institución, Mauricio Batalla. El estudio se hizo entre enero y mayo, a cargo de la empresa Moore Asesores Gerenciales Corporativos S.A., indicó.
Ibarra dijo a este periódico que no ha sido notificada de denuncia alguna y tampoco obtuvo respuesta a su petición para conocer la auditoría en la que presuntamente se basan los señalamientos de Amador y Chaves. «Fui ofendida, injuriada, calumniada por el Presidente en esa conferencia en que no se atrevió a citar mi nombre pero citó dos veces mi marca periodística. No he recibido $732.000 jamás junta de parte de la Unidad ejecutora de ese proyecto de Ruta 32, categóricamente lo digo que no», dijo la periodista, que días atrás anunció posibles acciones legales.
Este se suma a otras dos denuncias ligadas también a medios de comunicación, la de Parque Viva con Grupo Nación (solventada con una sentencia de la Sala Constitucional por acción indirecta contra libertad de prensa) y la denuncia por presunta estafa contra el empresario dueño de CRHoy, Leonel Baruch, basada en una publicación en la red social Tiktok, según dijo el ministro de Hacienda, Nogui Acosta, a quien Baruch dijo que demandará.
