Fiscalía:

“Un contubernio absoluto” permitió a Juan Carlos Bolaños gozar préstamo millonario del Banco Popular

Las maniobras están contenidas en el informe con que el Ministerio Público acusó al empresario del “cementazo”, a tres cercanos suyos y cinco servidores bancarios por delitos de “influencia contra la hacienda pública” y “falsedad ideológica”.

Actos ilegales de ocho personas más permitieron al empresario Juan Carlos Bolaños utilizar una línea de crédito superior a los $13,5 millones del Banco Popular y de Desarrollo Comunal (BP), con la justificación falsa de que usaría ese dinero para importar cemento desde China.

Así se resume el informe de acusación presentado el 14 de febrero por la Fiscalía General de la República contra el cuestionado empresario, personal de sus empresas y funcionarios bancarios en uno de los legajos de la trama del “cementazo”, que se investiga judicialmente desde el año 2017.

El informe de acusación está ya en manos del Tribunal Penal de Hacienda y señala delitos contra la hacienda pública (con un máximo de ocho años de cárcel como sanción) y de falsedad ideológica, que además se tramita separada del caso principal que involucra al Banco de Costa Rica (BCR), también estatal.

Los recursos del Banco Popular son considerados parte de la hacienda pública. (Foto: Archivo)

En total, los cuatro bancos públicos prestaron $45 millones a empresas del Grupo JCB liderado por Bolaños, aun con arresto domiciliar precautorio por el caso del BCR, aunque hasta ahora solo se ha resuelto en fase de acusación lo que involucra al Banco Popular, como lo hizo público la Fiscalía en una conferencia de prensa el pasado 14 de febrero.

Los siguientes son los hallazgos contenidos en el expediente 17-000013-033-PE, abierto originalmente por el delito de peculado (desviación o apropiación de fondos públicos), aunque la acusación final alude a dos delitos distintos.

Los acusados son Bolaños, su esposa de apellidos Suárez Aguiar y dos gerentes de su empresa Sinocem, de apellidos Cortés Zúñiga y Rojas Segura. También los funcionarios Thompson Camacho (analista en el BP), Gómez Barrantes (ejecutivo), Delgado Negrini (Banca Corporativa), Bogantes Brenes (analista) y un perito de apellidos Arias Silesky, mientras que se solicitó sobreseimiento para Carlos Mario Alpízar Hidalgo, director de Banca Empresarial.

De acuerdo con el informe de los fiscales, los funcionarios bancarios intervinieron en el proceso de crédito en función de su cargo, “con la intención de lesionar el interés público” al tramitar el crédito y desembolsos en favor de Inversiones e Inmobiliaria del Grupo JCB S.A.

Esto generó a las empresas de Bolaños altas sumas de dinero que serían finalmente usadas en actividades muy distintas al plan de inversión, lo cual fue posible porque diseñaron una estructura crediticia que daba apariencia de solidez financiera, a pesar de que estaban conscientes de que la empresa deudora no tenía capacidad de pago real para afrontar ese crédito y que habían incumplido estudios y requisitos indispensables, se lee en el informe.

Los funcionarios bancarios, dos de los cuales fueron despedidos después, no indicaron un dato relevante: el negocio de importación de cemento era una actividad nueva para la empresa, por lo cual debió contar con estudios de mercado, técnicos, organizacionales, legales y financieros, además de haber demostrado alguna experiencia o conocimiento en esa actividad, pero nada de eso se presentó, indica el informe.

Dinero se usó en otros gastos

La investigación de la Fiscalía, basada en informes del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), comprobó que el dinero del crédito se destinó a fines distintos a los establecidos en la solicitud de ese préstamo.

“No se utilizó para importar ni comercializar cemento, incumpliendo el contrato, plan de inversión, disposiciones crediticias del BP y el interés de la hacienda pública (…). Los fondos fueron transferidos a cuentas del grupo económico del acusado Bolaños Rojas, en las que el dinero se fusionó con otras cuentas y se diluyó en distintos egresos”, señala la Fiscalía.

La acusación indica que esto generó un enriquecimiento ajeno a la ley, pues acabó usándose en gastos personales, en cuotas de préstamos en otros bancos y gastos meramente operativos de las empresas, como planilla, caja chica, viáticos y servicios telefónicos.

Por ejemplo, el 18 de diciembre de 2015, se registró un depósito de $3 millones a una cuenta en el Banco Nacional, de donde salieron $141.000 para un leasing en Scotia Leasing Costa Rica, además de $130.000 a una cuenta de la suegra de Bolaños en Grupo Mutual y $46.000 para pagar una cuota de un crédito en la Asociación Solidarista del Banco Nacional (Asebanacio).

Tres días después, salieron $20.000 a una cuenta de Suárez Aguiar en Bac San José por concepto de “pago credomatic” y se cambiaron $317.000 para dedicar ¢168 millones al pago de créditos de JCB Constructora con el Banco de Costa Rica, entre otros movimientos registrados tras el acceso judicial a cuentas bancarias.

Carlos Meléndez, fiscal adjunto de Probidad, Transparencia y Anticorrupción con la fiscala general, Emilia Navas, durante el anuncio de la acusación. (Foto: Archivo)

Dos créditos para un mismo “negocio”

Además de que el dinero no se utilizó en el negocio de importación y venta de cemento, los fiscales hallaron que, para justificar el uso de los recursos, se utilizaron comprobantes que también se presentaron ante el Banco de Costa Rica para sustentar otro crédito.

El 22 de julio de 2016, con el afán de presentar como correcto el uso del dinero y seguir obteniendo los desembolsos, el gerente Rojas Segura presentó 15 documentos de Declaración Única Aduanera (DUA), los mismos que también había presentado en el BCR como justificantes de un ingreso de cemento.

A todas luces insostenible

El informe de la Fiscalía asegura que los funcionarios del BP a cargo de este crédito tenían total certeza de la incapacidad de pago de la empresa de Juan Carlos Bolaños, por lo que descarta que hayan actuado de buena fe.

“Thompson logró evidenciar que Bolaños Rojas ni siquiera aportaba los estados financieros de su empresa para realizar el análisis que permitiera aprobar un nuevo desembolso al deudo; no obstante, en razón de su puesto, dirigió acciones tendientes a espinar el interés de la hacienda pública”.

Incluso, en febrero del 2017, poco más de un año después de otorgado el crédito, la Dirección de Riesgo Corporativo envió a los acusados Delgado Negrini y Thompson Camacho la información sobre recalificación del nivel de pago del cliente, de nota 1 a nota 4.

“En ese oficio se indicó que, de la información financiera proporcionada por las empresas, se detectaron debilidades desde el primer escenario, ya que arrojaba un porcentaje negativo. Y se concluyó que, a pesar de las condiciones en que fue aprobada la línea de crédito, el deudor no soportaba la carga financiera”, dice el informe.

“Thompson, a pesar de conocer las irregularidades descritas, proyectó un flujo de caja combinado de todas las empresas del Grupo JCB considerando como punto de ingreso económico relevante ventas mensuales de 10.000 toneladas de cemento. Sin embargo, no existe ninguna justificación que soporte tales proyecciones”.

Así, en un día entre febrero y abril del 2017, los acusados Gómez Barrantes, Delgado Negrini y Thompson Camacho emitieron el informe de recomendación de refinanciamiento DBIC-259-2017, con base en el cual se aprobó un nuevo desembolso de $4,5 millones. Cuatro meses después, en agosto, entró en mora.

Prestar el dinero y vender el producto

El 18 de diciembre del 2015, habiéndose realizado una transferencia de $4.461.800 a nombre de Inversiones e Inmobiliaria S.A por el préstamo adquirido, los funcionarios Gómez Barrantes y Bogantes Brenes inscribieron la sociedad AKAMSA, que tenía como fin la comercialización del cemento que supuestamente importaría el cliente del banco que ellos representaban, “de acuerdo con lo negociado”, advierte la Fiscalía.

“Realizaban el ofrecimiento del cemento marca Sinocem utilizando para ello un teléfono institucional, pese a la gestión directa y activa que había tenido en la oferta de crédito, en la aprobación y en los desembolsos”.

Los fiscales, con base en informes de la sección de Delitos Económicos del OIJ, establecieron una vinculación directa entre los funcionarios Gómez y Bogantes con Juan Carlos Bolaños.

“Existía un contubernio absoluto entre Bolaños, su gerente Rojas y los funcionarios Bogantes y Gómez para crear una alianza entre ellos para comercializar cemento chino”, concluye el informe.

Al analizar la cantidad de contactos entre el teléfono asignado a Gómez, se registraron vínculos en 159 oportunidades durante año y medio con el teléfono de Juan Carlos Bolaños.

Un terreno (muy) sobrevalorado

El 1 de diciembre de 2015, el funcionario Arias Silesky es designado para la valoración pericial de una finca en Grecia propuesta por Bolaños como garantía para el crédito, quien “insertó hechos falsos” al indicar que solo el 18% del terreno correspondía a zonas de protección, cuando la realidad es que se trataba del 58%, debido a la existencia de cinco nacientes y las márgenes del río Rosales.

Aún así, la finca no alcanzaba un valor suficiente para el préstamo deseado y Bolaños ofreció otro avalúo privado, después de lo cual Arias Silesky emitió un nuevo informe en el que aseguró que la protección alcanzaba menos del 3%.

“Lo anterior, para lograr un aumento del valor de la finca de $1,1 millones de dólares, para una valoración total de $5,6 millones, logrando con ese monto que la propiedad fuera apta para ser aceptada a satisfacción del banco como garantía del crédito”.

Así fue posible el visto bueno el 17 de diciembre del 2015 para el contrato de crédito, de parte del departamento legal. Dos días después se firmó el préstamo “con una garantía real que no era acorde con los requerimientos mínimos”.

Funcionario sobreseído

Carlos Mario Alpízar Hidalgo, director de Banca Corporativa en el Banco Popular, fue uno de los sospechosos de delito de peculado en el caso del “cemento chino”, pero el informe de la Fiscalía descarta responsabilidad alguna de él en este caso.

Por eso el Ministerio Público solicitó el sobreseimiento definitivo a favor de Alpízar, pues aunque en un principio aprobó el crédito, luego se opuso a su formalización por cuestionamientos a la garantía.

Él mismo escribió al Departamento de Riesgo y Consultoría Jurídica del Banco para pedir la revisión del seguro del crédito, pues manifestaba serias dudas y cuestionamientos sobre el otorgamiento del préstamo.

Además, no hubo elementos que probaran que Alpízar, quien aún trabaja en el BP, conociera los informes cuestionados sobre el valor de la finca dada en garantía para responder el préstamo.

En determinado momento Alpízar solicitó a otros funcionarios del BP, ahora acusados, aclarar ocho puntos importantes relacionados con la composición del cemento, el negocio principal de la empresa de Bolaños, detalles sobre las ventas de las propiedades, declaraciones de renta, la solidez de la aseguradora ofrecida Oceánica y otros asuntos de garantía.

“Esto no solo era inherente a su puesto y sus labores como director de Banca, sino que también refleja de alguna manera cómo el imputado Alpízar Hidalgo se mantuvo en la posición de que el crédito fuera tramitado de la manera que más protegiera los intereses bancarios”, se lee en el informe de los fiscales.

“Los correos aportados por el imputado reflejan que no existe en este momento ninguna posibilidad de incorporar prueba de que este tuviera la intención de desviar los fondos del Banco Popular. Incluso, con la evidencia que consta en autos, más bien podría pensarse que el imputado tuvo la intención de blindar el crédito para su efectivo cumplimiento”. Él incluso pidió un proceso disciplinario contra otros imputados, pese a no ser su jefe directo.

Aunque los fiscales admiten que el funcionario Alpízar pudo ser más estricto, sus actuaciones no indican dolo alguno, firmó el fiscal Leonardo Gómez Solano, de la Unidad Especializada de la Fiscalía General.


¿Qué es un delito de influencia contra la hacienda pública?

Considerándose el Banco Popular como una entidad no estatal de naturaleza pública, se cataloga a sus recursos como parte de la hacienda pública y las acciones en su contra se consideran delitos.

Este delito de “influencia contra la hacienda pública” (artículo 57 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública) sanciona con prisión por un plazo de entre dos y ocho años a “funcionarios públicos y demás sujetos equiparados que al intervenir en razón de su cargo influyan, dirijan o condicionen para que se produzca un resultado determinado, lesivo a los intereses de la hacienda pública o al interés público”.


Procuraduría y Banco Popular se constituyen como víctimas y entran al proceso legal

La Procuraduría General de la República (PGR), abogado del Estado, y el Banco Popular acogieron la posibilidad de convertirse en actores en el proceso legal contra nueve acusados en uno de los casos de la trama del “cementazo”.

“Estaremos entablando la acción civil resarcitoria en la que nuestra pretensión será el cobro por el daño social generado”, contestó la PGR a este Semanario.

El monto de ese daño social debe ser estimado por un perito actuario matemático, nombrado para este particular, agregó.

Por su parte, el Banco Popular insiste en considerarse “víctima de los hechos denunciados”, aunque no revelará aún la estrategia, según la respuesta dada por la Oficina de Comunicación Corporativa del Banco.

“Fue el Banco el que en forma originaria puso en conocimiento del Ministerio Público algunos hechos que motivaron el inicio de la causa penal y, en ese sentido, lo acompañará en lo que en derecho corresponda”, se lee en la respuesta.


 

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