Desde que Mario Zamora asumió como ministro de Seguridad en mayo de 2023, las dudas y cuestionamientos a su labor no han hecho más que crecer tanto en cantidad como en gravedad.
Este 2024 inició con la lúgubre sombra de que el anterior fue el año más violento en la historia del país, pues cerró con 907 homicidios. De acuerdo con el portal estadístico del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), al 1 de diciembre de 2024 suma 794 homicidios, una mejora, sin duda, de los 839 que el 2023 sumaba al mismo momento. Sin embargo, la situación aún es de alarma sobre todo si se compara el dato con los 597 registrados para la misma fecha de 2022.
Más allá de las cifras, las serias dudas sobre la efectividad de decisiones puntuales respecto al combate a la delincuencia organizada han dado pie incluso a la conformación de una comisión investigadora en la Asamblea Legislativa, sobre los vínculos de la administración Chaves con el narcotráfico.
Por ejemplo, ya desde el año pasado, la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) había denunciado cambios hechos con la Policía de Control de Drogas (PCD), al sacarla de puestos fronterizos. En febrero de este año, la diputada Gloria Navas, por entonces presidenta de la Comisión de Seguridad y Narcotráfico y aún integrante de la fracción de Nueva República, participó en una conferencia de prensa organizada por la ANEP y tras informar que de primera mano conocía las preocupaciones de integrantes de la PCD se cuestionó: “¿será que pretendemos dejar a Costa Rica en manos de los delincuentes y llegar a un narcoestado?”.
Desmantelamiento de Guardacostas
Lo que empezó como una denuncia de la diputada frenteamplista Sofía Guillén sobre el traslado sin fundamento de la Academia del Servicio Nacional de Guardacostas (SNG) terminó por ser el hilo que desenredó un ovillo de irregularidades en el manejo de un cuerpo policial cuya importancia no se puede soslayar.
De acuerdo con datos obtenidos del Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), entre 2018 y 2023, el SNG incautó poco más de 79 mil kilos de cocaína, solo superado por los más de 91 mil que capturó la Policía de Control de Drogas (PCD).
Pero, además, entre 2022 y 2023, el SNG fue el único cuerpo policial que aumentó sus capturas de esa droga, pues pasó de 12.029 kilos a 16.109. Mientras tanto la PCD posteriormente disminuyó al pasar de 12.395 a 9.665 kilos incautados en ese periodo.
Fue a inicios de octubre cuando Guillén denunció ante la Procuraduría de la Ética Pública el irregular traslado de esa Academia de Quepos a Pococí.
Sin embargo, conforme esa diputada, la Asamblea Legislativa y la prensa profundizaron en el tema empezaron a emerger problemas administrativos y legales que van desde el hecho de que el viceministro Manuel Jiménez Steller funge como director a.i. del SNG sin contar con los requisitos legales, hasta sacar al Grupo de Operaciones Especiales (Gopes), del puesto de control que ocupaba en el estratégico punto de bahía Drake en Osa.
El Gopes constituye una unidad altamente especializada del SNG y el comisario Martín Arias, exdirector del SNG, explicó a UNIVERSIDAD y al país la importancia estratégica de ese punto en Drake, pues permite controlar el llamado triángulo de Osa, por donde pasa mucho del tráfico para consumo interno. Jiménez Steller lo llevó a Quepos, justo donde antes estaba la Academia.
En ese contexto, UNIVERSIDAD dio a conocer otra cuestionable medida tomada por la administración Chaves a través de Jiménez Steller: eliminar el puesto del SNG en Sixaola, con lo cual se debilitó el control del Caribe sur, y lo movieron unos 100 kilómetros al norte.
Mario Zamora, ministro de Seguridad, en dos ocasiones ha debido acudir a la Comisión de Seguridad y Narcotráfico para responder sobre el tema. Durante la primera, a finales de octubre, alegó que las instalaciones de la Academia del SNG en Quepos estaban en mal estado, aunque confirmó que no contó con estudios que justificaran el traslado.
Luego, en noviembre, esa Comisión acogió un esperado careo entre el comisario Arias y Zamora, junto al viceministro Jiménez Steller. En esa nueva oportunidad, Zamora encontró espacio entre sus constantes exabruptos e interrupciones para repetir el argumento de que los cambios se debieron a una necesaria modificación de estrategias para combatir a las organizaciones que trasiegan cocaína. Sin embargo, emergieron verdades de parte de Arias, como que él había dejado todo listo para la construcción de un muelle en Drake y que Jiménez Steller nunca fue capaz de generar por escrito la orden de abandonar el puesto de Sixaola.
Sesgo autoritario
Al tema de cuestionables decisiones respecto del combate al narcotráfico y delincuencia organizada se suman actitudes y decisiones administrativas que revelan una posición de desdén hacia cualquier control al que se quiera someter a la administración, así como las ansias de un ejercicio del poder cada vez más autoritario.
Un elemento notorio y sugestivo es el hecho de que la administración Chaves se permitió dejar pasar dos terceras partes de su periodo cuatrienal y tres llamadas de atención de la Contraloría General de la República (CGR), para finalmente certificar el 4 de noviembre su plan de seguridad. La CGR dispuso la necesidad de ese trámite en un informe de diciembre de 2022, pues identificó serios problemas acarreados a lo largo de varias administraciones, como la carencia de una línea de acción de corto, mediano y largo plazo.
Pero de mucha mayor gravedad ha sido el Decreto 44637 MP, “Reglamento de organización y funcionamiento de la Unidad Especial de Intervención (UEI)”, recién publicado en La Gaceta el 21 de noviembre. La UEI es, de acuerdo con la Ley General de Policía, un “cuerpo especializado en operativos de alto riesgo contra el terrorismo y el narcotráfico” y funciona dentro del Ministerio de la Presidencia.
Ese decreto dispone que entre las funciones del Departamento de Operaciones de la UEI figura: “planificar, supervisar y participar en los diferentes operativos policiales de alto riesgo, en los que se requiere de la intervención de la Unidad Especial de Intervención, dado su grado de especialización, a saber: allanamientos; vigilancias especiales por motivos de narcotráfico, terrorismo; operaciones encubiertas y de montaña”.
Además a la sección de “Inteligencia Táctica” se le asigna la tarea de “recolectar datos e información previa a la ejecución de las operaciones a realizar, utilizando los medios tecnológicos idóneos”; así como “coordinar con la oficina de Tecnologías de la Información de la Unidad Especial de Intervención el desarrollo y mantenimiento del software o de las bases de datos que se requieran para el resguardo de la información que se genere, producto de los trabajos realizados”.
Es decir, el decreto de Rodrigo Chaves consolida para esa opaca Unidad la posibilidad de realizar allanamientos e intervenciones de comunicaciones, brincándose cualquier control de fiscales o jueces.
Al analizar el decreto, el especialista en seguridad Álvaro Ramos lanzó ante este Semanario la advertencia de que utilizar a una policía política para controlar a la población “es el principio de una dictadura y mi preocupación, en el caso Costa Rica que es un narco-Estado, es que podríamos convertirnos en una narco dictadura si se le permite a una policía tener poder omnímodo, porque es la policía que sería la más fácil de penetrar por el narcotráfico”.
