Un 80% de los cantones no ha aplicado el Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), que regula la colocación de las torres de telecomunicaciones, y que permitirían instalar el servicio de Internet en más comunidades del país.
Este es uno de los señalamientos del informe “La evolución de la regulación para el despliegue, instalación y desarrollo de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica”, elaborado por la investigadora y socióloga Valeria Castro Obando, del Programa Sociedad de la Información y la Comunicación (PROSIC) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
Castro Obando hace referencia específicamente al capítulo 19 bis del Reglamento de Construcciones del INVU, que se titula «Instalaciones de Telecomunicaciones».
Entre otras cosas, este capítulo señala que «la instalación, ampliación o modificación de la red o infraestructura de telecomunicación se podrá ubicar en cualquier parte del territorio nacional, deberá cumplir con los parámetros técnicos de calidad y cobertura definidas por la SUTEL y estará a cargo de los operadores y proveedores de las telecomunicaciones debidamente acreditados y habilitados para tal efecto, debiendo acudir a la Municipalidad respectiva para la obtención del uso del suelo conforme a las disposiciones técnicas del presente reglamento, y la licencia de construcción».
Aunque este Reglamento del INVU estandariza el trámite para solicitar el permiso de construcción municipal, son pocas las municipalidades que lo utilizan, explica el informe.
El documento señala que los gobiernos locales mantienen reglamentos municipales con imprecisiones técnicas en vez de adoptar el Reglamento del INVU, por lo que generan inseguridad jurídica para las empresas operadoras de telecomunicaciones, desincentivan las inversiones y limitan el cierre de la brecha digital en los territorios.
Cuellos de botella y vacíos en la legislación
Según la investigadora, uno de los cuellos de botella en el despliegue de la infraestructura de telecomunicaciones en el país tiene que ver con la calidad de los reglamentos municipales porque hay diferentes regulaciones entre los cantones o estos exigen requisitos que no se justifican desde el punto de vista técnico.
“Si bien este es un aspecto que se ha tratado de solventar con la promulgación del Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), apenas el 20% de los gobiernos locales del país lo utiliza”, afirma Castro citando al ingeniero en sistemas de información Elidier Moya Rodríguez.
Otro vacío de la normativa local es que los reglamentos municipales no contemplan la
instalación de otro tipo de infraestructura de soporte que se usa en el país -además de las torres de telecomunicaciones-, como los postes o las antenas.
“Esto crea un vacío porque no se cuenta con una regulación diferenciada que considere “otro tipo de alternativas constructivas para el soporte de infraestructuras”, indica Castro, citando a Moya Rodríguez.
Asimismo, aunque se han promovido normas para incluir ductería en la ampliación, mejora y construcción de proyectos viales -como la Directriz N°105-MOPT-MICITT – su aplicación práctica “no ha sido exitosa”, agrega Castro.
La ductería es la tubería o canalización para instalar los cables que interconecten los diferentes sistemas.
“Esto explica la necesidad de incluir dicho aspecto en la Ley N°10216 (Ley para incentivar y promover la construcción de infraestructura de telecomunicaciones en Costa Rica) y los futuros reglamentos que se emitirán a partir de la misma”, continúa.
Los postes son un tipo de infraestructura pasiva básica, que se requiere para expandir las redes de telecomunicaciones y el acceso a postería fue otra de las barreras mencionadas por las personas entrevistadas por Castro para su investigación.
“Si el acceso se ve limitado y/o este se encuentra obsoleto (porque no cumple con requisitos mínimos de altura, es de madera o no permite la instalación de más de un operador en el poste), los servicios de telecomunicaciones -y la calidad de los mismos- pueden verse afectados”, resalta Castro.
Castro fue becaria de la South School on Internet Governance 2021 y 2020 y tiene más de una decena de publicaciones en el campo de las políticas públicas para la gobernanza del ecosistema digital. El informe fue elaborado como parte del Programa Junior Fellowship 2022 del Centro de Estudios de Telecomunicaciones de América Latina.
