Este miércoles 11 de noviembre el Consejo Universitario de la Universidad de Costa Rica (UCR) tomó un acuerdo repudiando la orden de desalojo que emitió semanas atrás el Tribunal Agrario de San José contra varias familias cabécares de China Kichá.
Estas familias serían desalojadas de una finca dentro de su propio territorio, ubicado en la zona sur del país, tras realizar un proceso de “recuperación” hace más de un año, pues las tierras estaban ocupadas ilegalmente por personas ajenas a la comunidad.
De acuerdo con el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo sobre pueblos indígenas y tribales, suscrito por Costa Rica en 1992, el Estado debe garantizar el reconocimiento del derecho de propiedad y de posesión sobre las tierras que tradicionalmente ocupan pueblos indígenas.
Además, el país se comprometió mediante la Ley 7316 a impedir “que personas extrañas a esos pueblos puedan aprovecharse de las costumbres de esos pueblos o de su desconocimiento de las leyes por parte de sus miembros para arrogarse la propiedad, la posesión o el uso de las tierras pertenecientes a ellos”.
El Consejo Universitario recordó al Gobierno su obligación de “garantizar la protección y reivindicación de los derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica, de respetar la legislación nacional e internacional sobre la materia y asegurar que no exista impunidad ante los atropellos y la violencia a la cual se encuentran sometidas estas poblaciones”.
Además, mediante el acuerdo, las autoridades exigieron que tanto el gobierno como el Ministerio de Seguridad Pública tomen las medidas que sean necesarias con el fin de que “la Fuerza Pública no se exceda en sus competencias y se asegure que no existan actos discriminatorios y persecutorios contra las personas indígenas”.
El acuerdo solicita también al Ministerio Público que continúe la investigación del asesinato del líder indígena Sergio Rojas Ortiz, al considerar que la desestimación y archivo de este caso genera un ambiente de impunidad en las comunidades indígenas.
Para el CU “tanto la desestimación y archivo del caso de Sergio Rojas, como la orden de desalojo contra la población indígena China Kichá representan el racismo, la discriminación, la violencia física y simbólica, el asedio y la intimidación que viven los pueblos indígenas en sus territorios”.
