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UCR despide a exdirector del posgrado de Odontología

Las denuncias que salieron a la luz en 2016 contra el funcionario incluían maltratos a sus estudiantes, cobros de matrícula indebidos y uso de equipos de la UCR en su clínica particular, según resumió la Comisión Instructora que recomendó su despido en 2019.

La Rectoría de la Universidad de Costa Rica concretó el despido del exdirector del posgrado en Odontología, Ottón Fernández, tras acoger la recomendación que hizo una Comisión Instructora desde finales del 2019.

El ahora exfuncionario fue señalado en denuncias de varios estudiantes por maltratos, cobros indebidos, mal uso de equipos de la Universidad, entre otras faltas que salieron a la luz desde el año 2016.

“Efectivamente el procedimiento administrativo finalizó. La recomendación, que esta Rectoría acogió, fue el despido del Dr. Fernández López, mediante las resoluciones R-130-2021 y R-146-2021. Dicho despido entró en vigencia a partir del 16 de junio del presente año”, informó el rector, Gustavo Gutiérrez Espeleta.

“Esta administración está comprometida con garantizar el debido proceso, los principios de legalidad, transparencia y la justicia pronta y cumplida en la institución. Continuaremos tomando acciones para asegurar que los procesos disciplinarios lleguen a término de manera ágil y que las conductas inadecuadas sean sancionadas para seguir construyendo una Universidad transparente y respetuosa de todas las personas”, añadió el rector.

UNIVERSIDAD intentó conocer el criterio del funcionario despedido, pero hasta el momento no ha sido posible ubicarlo.

Las denuncias.

Según los señalamientos de la Comisión Instructora que recogió las denuncias con Ottón Fernández, el exfuncionario habría incurrido en prácticas como el cobro de una cuota de $200 dólares durante las entrevistas a los postulantes del posgrado.

Los estudiantes también aseguraron que el docente realizaba estas entrevistas en su casa de habitación y una de ellas aseguró que durante esa entrevista se le indicó que los $200 dólares eran para “gastos del proceso de admisión”, pero que además se indicó que debía realizar una donación de $7.000.

Sobre esta donación, los estudiantes indicaron que el docente insistía en su obligatoriedad, e incluso que algunos tuvieron que pedir el dinero prestado para cumplir con el requerimiento.

Las denuncias también describen malos tratos e insultos por parte del docente, quien habría llamado “idiotas, ignorantes, residentes de mierda, inútiles, infrahumanos” y afirman que “provoca muchas veces que estudiantes hasta salgan llorando debido a los malos tratos”.

Otro de los estudiantes afirmó haber presenciado la amenaza del profesor universitario a uno de sus compañeros, diciéndole que “lo iba a hacer pasar los 3 peores años de residencia” y aseguró que el denunciado en una ocasión pasó a su lado y le propinó un golpe en el brazo izquierdo mientras seguía su camino a la salida.

Otra estudiante aseguró en su denuncia que Fernández se refirió sobre otra docente como “una profesorcita de porquería” y habría fustigado a quienes le cuestionaban desde las redes sociales: “Ahora en la redes sociales se llenan la jeta, cualquier hijueputa que viene de cualquier universidad de mierda a decir que la universidad es de todos los costarricenses y que tengo que darle explicaciones, ni mierda le tengo que dar”.

También a Fernández lo habían señalado por trasladar equipos de la UCR a su clínica privada y citar a los estudiantes en horarios no convencionales, la no entrega de los programas en los cursos y sus modificaciones, entre otras faltas.

En el informe, la comisión valoró como ciertos los actos denunciados por los estudiantes, por lo que recomendó varias sanciones que suman 54 días hábiles de suspensión sin goce de salario, así como el despido del docente sin responsabilidad patronal.

En noviembre de 2019, en entrevista con UNIVERSIDAD, el ahora exfuncionario rechazó los hechos que se le achacaban y aseguró que los cobros que hizo nunca entraron a sus cuentas personales, sino al proyecto que existía en la Fundación de la Universidad de Costa Rica (Fundevi)

“Esos cobros eran conocidos y tenían todo el aval de las autoridades universitarias desde directores de departamento, decanos, vicerectores y Fundevi, al punto que una de las testigos, quien fue superior jerárquica mía y fue traída de oficio por la comisión dijo: “tengo cierto grado de responsabilidad”. Pero nunca llamaron a quienes crearon esos cobros, para encontrar la verdad real de los hechos y les resulta más fácil que yo sea el chivo expiatorio”, aseguró.

Fernández rechazó entonces haber utilizado equipos de la universidad en sus clínicas y negó también los maltratos denunciados por estudiantes.

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