La Universidad de Costa Rica (UCR) tuvo que enfrentar este 2016 con una serie de denuncias, cuestionamientos al presupuesto y un cambio en la forma de negociar los derechos laborales.
El caso más sonado fue el del Centro Infantil Laboratorio (CIL) que arrancó el año con denuncias por supuestas irregularidades en el nombramiento de la hija del rector en una plaza interina de tiempo completo como psicóloga en el CIL.
El señalamiento a Henning Jensen estaba relacionado con el presunto favorecimiento para el nombramiento en la plaza, la cual en algún momento se financió con presupuesto de la Partida de Servicios Especiales de la Rectoría.
Esto propició una serie de acciones y procedimientos, como la denuncia presentada a la Contraloría Universitaria para investigar el caso, presentada por el Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica (Sindeu), la cual emitió un criterio solicitando al Consejo Universitario establecer el órgano encargado de analizar el caso, pero el Consejo Universitario, acordó en dos ocasiones, que no existía procedimiento para sancionar al rector.
Recientemente el Sindeu volvió a llevar a cabo acciones con respecto a este caso, presentando un recurso ante la Fiscalía en contra del Rector, la que se suma a otra denuncia presentada por Rita Meoño, miembro del Consejo Universitario.
Pero el CIL no solo tuvo presencia en las discusiones universitarias por este tema, sino que se generó conflicto entre los padres de familia, personal del centro educativo y autoridades de la UCR, debido al traslado del kínder a otra infraestructura, pues el lugar en el que se encuentra actualmente será demolido para levantar el edificio de laboratorios de ingeniería.
Fue necesario una serie de negociaciones entre las partes para acordar un lugar específico al que serán trasladados y atendidos el próximo año los niños del centro infantil, determinando que el mejor espacio es el edificio de Educación Continua, eso sí con una serie de mejoras estructurales y de espacio para la atención adecuada de los menores.
En otro ámbito, los estudiantes del posgrado de Odontología denunciaron que se les habían realizado cobros no autorizados por hasta $3.500 por semestre, que eran anunciados como voluntarios, pero que venían acompañados de la presión por parte de las autoridades, hasta que los realizaran.
Las quejas fueron trasladadas a la Comisión Instructora Institucional, un órgano universitario encargado de instruir las denuncias de faltas graves y muy graves dentro del ámbito docente y se tomaron algunas medidas, como la separación del director del posgrado.
Derechos laborales
Otro tema que causó revuelo en el campus fue el anuncio por parte del rector de denunciar la Convención Colectiva ante el Ministerio de Trabajo, a pesar de que la actual vence hasta máximo próximo. Esto implica que deberá revisarse la Convención y que probablemente habrá cambios en las disposiciones establecidas por este compendio de derechos.
La intención de la Rectoría, según informó en comunicados a la comunidad universitaria, es revisar las anualidades y otros elementos salariales y permisos sindicales.
En cuanto al presupuesto universitario, luego de semanas de negociación, la Comisión de Enlace conformada por cuatro ministros de gobierno y cinco rectores de las universidades públicas, acordó en agosto el monto presupuestario para el 2016, quedando pendiente la definición del Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), para los años restantes del quinquenio 2016-2020.
Las universidades del Estado recibirán el próximo año un incremento nominal del 7,38% con respecto al monto recibido este año, que mantiene la misma relación del FEES con el PIB del año 2015 y que implicará un presupuesto total de ¢440.773.250.928, de los cuales un 57,79% le corresponde a la UCR.
Un dato más, pero no menos importante fue la renuncia del vicerrector de Docencia, Bernal Herrera, por razones personales, puesto que quedará a cargo de Marlen León Guzmán.
