Con honda preocupación reaccionó la Unión de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) al anuncio hecho esta tarde por el gobierno, de suspender a cinco integrantes de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) y denunciarlos penalmente, entre ellos al uno de los tres representantes del sector empresarial.
La denuncia que pretende presentar la administración Chaves, que también implica al expresidente ejecutivo de la institución Álvaro Ramos, pretende fundamentarse en un supuesto conflicto de intereses, tras la aprobación de un aumento salarial retroactivo para las personas trabajadoras de la institución, a la que el Gobierno se opuso.
Chaves denunciará ante Fiscalía a su anterior presidente de CCSS y cinco directivos actuales
En aprobación de aumento salarial que no pudo frenar el mandatario había conflictos de intereses y decisiones contrarias a las reglas. Esto motiva apertura de procedimientos a varios directivos y además quedan suspendidos, aseguró el mandatario a pesar de que no son representantes del Gobierno y de autonomía de la entidad.
Ex presidente ejecutivo CCSS, Álvaro Ramos: “Hemos actuado apegados a derecho”
La reacción de Ramos se da luego de que el presidente Rodrigo Chaves anunciara la decisión del Consejo de Gobierno de denunciar penalmente al ex presidente ejecutivo de la institución y cinco directivos por supuesto conflicto de interés en la decisión de aprobar el reajuste salarial para los empleados, así como por su oposición al salario mínimo inembargable, entre otros delitos.
En el comunicado interno, la Uccaep señaló “enfáticamente que es respetuosa del ordenamiento jurídico costarricense, por eso, manifiesta su oposición, a esta decisión por considerar que riñe con nuestro marco normativo”.
Al respecto, detalló que el artículo 8 de la Ley Constitutiva de la CCSS “es claro” en que los representantes de los sectores en la directiva de la Caja son inamovibles, salvo “que llegue a declararse en su contra alguna responsabilidad legal o que caigan dentro de las previsiones de los artículos 7º, inciso b) y 9º”.
Esas normas se refieren a las limitantes para integrar esa junta, como ser miembro de los supremos poderes, y las causales para dejar de serlo, como ausencias injustificadas.
Al respecto, la Uccaep recordó que en cualquiera de esas condiciones, “debe haber un debido proceso y sentencia en firme, cosa que no que no aplica en este caso”.
“El Poder Ejecutivo no puede pasar por encima de las funciones que la ley le ha otorgado”, sentencia el comunicado.
Tras apuntar que evidentemente el Poder Ejecutivo puede presentar las denuncias que considere “convenientes”, la Uccaep aseveró que respetará siempre el debido proceso y “defenderá el buen actuar de sus representantes en las distintas instituciones del Estado ante cualquier amenaza que riña contra el principio de legalidad”.
Por ello se informó que la solicitud del sector empresarial a Chaves será “para que corrija lo anunciado de forma inmediata, en aras, de no paralizar la toma de decisiones en la Junta Directiva de la Institución más importante para el país”.
Le recordó una vez más que “el Estado puede remover a sus representantes, no así a los del sector patronal ni a los del sector laboral, salvo las excepciones que la propia ley indica”.
