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Uccaep se opone a que Banco Central use reservas monetarias para aliviar la crisis

Uccaep pide que la ayuda a empresas y familias afectadas sea selectiva, que identifique sectores de actividad económica, regiones, segmentos de población y ocupaciones para “dirigir de manera transparente y efectiva las ayudas a los que realmente la requieren”.

La Unión Costarricense de Cámaras de la Empresa Privada (Uccaep) asegura que “no es de recibo” la idea de usar las reservas monetarias internacionales del Banco Central para ayudar a aliviar la crisis inyectando liquidez al sistema financiero y realizando transferencias directas al Gobierno, como se ha propuesto por sectores sociales y otros economistas.

La Uccaep envió sus propuestas económicas al presidente Carlos Alvarado este sábado 2 de mayo; los empresarios hacen énfasis en dar incentivos al sector de comercio exterior para atraer inversión extranjera, así como vender activos públicos al sector privado y presionar por la ley de flexibilización laboral para aumentar las jornadas y reducir los días laborales, entre otras.

El presidente presentará hoy a los diputados su informe de gobierno -en el que incluirá las medidas de reactivación económica como parte de la recuperación de la crisis causada por el COVID-19-. El acto será a mediodía en el Auditorio Nacional del Museo de los Niños. El mandatario ha afirmado que en días recientes ha recabado propuestas de distintos sectores del país.

En el documento “Choque pandémico y políticas económicas y sociales para mitigar sus efectos: La propuesta del sector empresarial”, elaborado por un grupo de economistas, la Uccaep resaltó que no es momento de “ocurrencias” ni de “ideas populistas”, ni “intentos de diferentes sectores de capturar la acción gubernamental en su beneficio económico o político”.

También agregaron que en el ámbito fiscal “siguen siendo bienvenidas iniciativas que promuevan cambios estructurales que se han venido posponiendo” como reforma a la estructura estatal, venta de activos públicos, reforma a reglas de empleo público, eliminación de exoneraciones injustificadas y eliminación de privilegios no justificados en pensiones y remuneraciones.

Los empresarios dejaron claro que “no son de recibo acciones orientadas a emplear irreflexivamente instrumentos de financiamiento monetario de los presupuestos públicos o la pretensión, por cierto, incorrecta desde la perspectiva técnica, de emplear las reservas monetarias internacionales netas en poder del Banco Central de Costa Rica como mecanismos de financiamiento del Gobierno Central o de otras instituciones públicas”.

“Solo en caso excepcional y habiendo agotado todas las opciones, se debe recurrir al uso limitado y temporal, del mecanismo de letras del tesoro que está ya debidamente autorizado en la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica”, agregaron.

Apuntan que las medidas de apoyo a familias afectadas deben identificar sectores de actividad económica, regiones, segmentos de la población y ocupaciones para “dirigir de manera transparente y efectiva las ayudas a los que realmente la requieren” y enfocarse en “los sectores que generen mayor empleo con respecto a su valor agregado, para hacer un uso más eficiente de los recursos asignado”. También “instaron” al gobierno a mantener suficiente financiamiento para el Plan Proteger.

«Hub global» en el sector salud

El énfasis de la propuesta está puesto en comercio exterior y atracción de inversión extranjera. Según el grupo de economistas, en este contexto surgirán dos efectos a nivel internacional con impacto en Costa Rica: un efecto reacomodo de las cadenas globales de valor (traslado de centros de producción de un país a otro, que se espera que para el segundo semestre del 2020) y un efecto rebote de la economía global conforme la demanda vuelva a crecer después de la caída (hacia el 2021).

Por eso proponen beneficiar a un sector comercio exterior y de inversión extranjera, que debe estar listo “para aprovechar, beneficiarse y sacarle el máximo provecho a los efectos de los reacomodos de las cadenas de valor y al rebote de la economía internacional”.

Así, defienden asegurar trámites fluidos y expeditos en las fronteras terrestres; eliminar trabas para el fácil acceso al mercado centroamericano; y simplificar trámites para importar equipos e insumos biológicos y para los registros sanitarios de productos farmacéuticos y agroquímicos. Asimismo, eliminar los aranceles y cualquier otra barrera a la importación de aquellos productos considerados de primera necesidad y esenciales, “mientras exista una declaración de emergencia y situación de escasez local para atender la demanda incremental producida por la pandemia”.

Quieren que se intensifique la atracción de inversiones en el sector de ciencias de la vida, investigación clínica, manufactura de alta tecnología, servicios ligados a la salud y turismo médico, “para convertir a Costa Rica en un hub global en el sector de salud”.

Empleo no calificado y Mipymes

El documento de la Uccaep propone que se adelante la Encuesta Continua de Empleo para tener una medición más precisa del impacto de la crisis por sectores, regiones geográficas y ocupaciones; diseñar incentivos para las empresas, que incrementen el empleo, especialmente de tipo no calificado; aprobar pronto el proyecto de ley de jornadas laborales flexibles y el pago de cargas sociales sobre la jornada efectivamente laborada; y auxiliar a las micro, pequeñas y medianas empresas.

Con respecto al último punto señalan de importancia de fondos de avales y garantías de créditos; esquemas de rescate y capitalización de empresas viables y sostenibles después del COVID-19; moratorias en los pagos de sus deudas; y capacitación en esquemas de ventas digitales, y que en esto jueguen un rol importante el Sistema de Banca para el Desarrollo y la banca en general.

En cuanto a inversión en obras de infraestructura pública, y debido a la escasez de recursos, resaltaron que a corto plazo deben priorizarse solo aquellos proyectos con empresas adjudicadas y los recursos presupuestados (paso a desnivel de La Bandera, Limonal-Barranca, Taras La Lima, San José-San Ramón, proyectos de movilización segura de personas, carriles prioritarios para el transporte público y pago electrónico). A mediano plazo podrían ser la ampliación de la Ruta 27, San José-Cartago, San José-Río Frío, y la primera etapa del tren eléctrico en el Gran Área Metropolitana.

Insistieron en que el sector productivo necesita claridad de parte del gobierno sobre las condiciones en que podría operar en las siguientes semanas de reapertura gradual de las actividades económicas; en particular: ¿Cuáles actividades productivas podrán operar en cuáles situaciones de la epidemia? ¿Bajo qué nuevos protocolos y medidas sanitarias?, y ¿En qué forma cambiará también cómo opera el Estado en estas circunstancias?

Su propuesta reitera que el país debe seguir enfocándose en concretar la adhesión a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para aprovechar sus recomendaciones (reforma del Estado, incremento de la productividad, perfeccionamiento de políticas sociales y avance en las acciones contra el cambio climático).

El documento de 17 páginas fue elaborado por José Luis Arce Durán (presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, Conassif, y director de programas de la consultora Consejeros Económicos y Financieros, CEFSA); Gerardo Corrales Brenes (exdirector de Uccaep y expresidente de la Asociación Bancaria Costarricense, ABC); Gabriela Llobet Yglesias (vice presidenta de CINDE y ex viceministra de comercio exterior); Luis Mesalles Jorba (socio consultor de la firma Ecoanálisis); Ricardo Monge González (director de la Fundación Caatec e investigador de la Academia de Centroamérica); y José Manuel Salazar Xirinachs (consultor y ex director de la Organización Internacional para el Trabajo, OIT).

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