La principal organización de empresarios de Costa Rica pidió al presidente de la República, Rodrigo Chaves, declarar una “emergencia nacional” por la inseguridad ciudadana reflejada en el fuerte aumento de asesinatos en el primer cuatrimestre del 2023.
Pese a que el miércoles Chaves rechazó que haya una crisis y culpó a medios de comunicación de proyectar una imagen crítica sobre la seguridad en el país, la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep) estima necesario la declaratoria de emergencia con base en las “alarmantes” cifras del inicio del año.
Uccaep replicó datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ) hasta el 12 de abril, con 217 homicidios en este 2023. Sin embargo, las cifras oficiales a hoy, 14 de abril, ya aumentaron a 251, lo cual representa un incremento de 42,5% en la cantidad total de asesinatos en relación con el 2022 hasta la fecha de 14 de abril. Al cierre de año se constató que fue el 2022 el año más violento de la historia del país, con una tasa de homicidios de 12,6 por cada 100.000 habitantes.
Chaves, sin embargo, ha dicho que las cifras de las cuales se hace responsable su gobierno son las del 2023, año en que la situación ha empeorado, aunque esta semana en conferencia de prensa indicó que el problema viene de gobiernos pasados y que también está en manos de la Asamblea Legislativa y del Poder Judicial, que tienen tareas pendientes. Además dijo que pronto presentará un plan para frenar los asesinatos, a pesar de que su ministro Jorge Torres había dicho que sería en noviembre cuando tendría listo un plan estratégico.
“A esa dramática situación en pérdida de vidas humanas, se une el creciente perjuicio al sector empresarial en distintos ámbitos como ocurre con el turismo, que recibe directamente el impacto negativo por la inseguridad o, de manera particular con el comercio detallista, blanco diario de asaltos a sus locales”, señaló el comunicado de UCCAEP.
Agrega que entre el 1° de enero y el 21 de febrero se dieron 71 asaltos a locales comerciales, uno cada 18 horas en promedio. Además, que los empresarios del transporte de carga señalan su preocupación ante el aumento en el número de contenedores sustraídos en lo que va del 2023; 31 casos en el primer trimestre frente a los 24 del primer trimestre del 2022.
“La Unión de Cámaras reitera la urgencia de emprender acciones con la eficiencia y eficacia atinentes a la realidad que enfrenta el país, reconociendo que se deben dar avances en materia legislativa, aprovechando que existe anuencia entre los Poderes de la República para actuar en esta vía; no obstante, no es suficiente para enfrentar la lucha diaria contra el hampa y el crimen organizado”, añade el comunicado.
UCCAEP reiteró que deben brindarse herramientas al sistema judicial y penitenciario para fortalecer su trabajo, para evitar un mayor desgaste social. “La seguridad ciudadana forma parte de los pilares que fortalecen la democracia, el clima de inversión y la generación de entornos sostenibles para la creación de empleo”, concluyó.
