La empresa de transporte colaborativo Uber reiteró esta tarde que se opone al proyecto propuesto por el Gobierno para regular sus operaciones y lamentó que las autoridades del Ejecutivo nunca pidieran información ni respondieran sus solicitudes de reunión para construirlo.
Estas declaraciones las brindaron los representantes de la empresa ante los diputados de la Comisión de Asuntos Económicos de la Asamblea Legislativa, espacio en el que comparecieron la directora de Relaciones Gubernamentales y Políticas Públicas para Centroamérica y el Caribe de la empresa, Zoraida Rodríguez, y al representante jurídico Eduardo Calderón.
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En palabras de Rodríguez, el proyecto propuesto por el Gobierno, a través de su Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT), “desnaturaliza el servicio”, pues pretende darle tintes de servicio público cuando en realidad es un servicio colaborativo e independiente.
En otras palabras, dijo, se olvida que Uber es un servicio complementario, más allá de un servicio público de transporte, los cuales deben ser “continuos e ininterrumpidos”, según la legislación.
En materia de sus relaciones con el Gobierno, la representación de la empresa enfatizó en que siempre estuvieron anuentes a participar en la construcción de la nueva legislación; sin embargo, subrayó que nunca fueron contactados por el Ejecutivo para ese objetivo.
De hecho, Rodríguez señaló que sostuvieron contactos incipientes con la administración anterior, pero que en este nuevo Gobierno ni siquiera han obtenido respuesta a sus solicitudes de reuniones.
“Nosotros siempre nos acercamos para lograr esa comunicación y en el pasado tuvimos comunicaciones, pero desafortunadamente, en este gobierno, a pesar de nuestras solicitudes de citas, ninguna fue contestada”, declaró.
No obstante, la representante de Uber también afirmó que se mantienen anuentes a colaborar en una posible reconstrucción del proyecto, pues actualmente contaría con su reprobación.
Sobre las disposiciones de la iniciativa, calificaron la multa que se impondría por haber iniciado operaciones sin regulación como un monto “arbitrario” y “desproporcionalizado”; al igual que los topes en materia de socios por aplicación.
Otra crítica de Uber recayó en el fondo de movilidad propuesto por la iniciativa que sería administrado por el Consejo de Transporte Público (CTP), cuya carga se añadiría a la de otros impuestos y se utilizaría para fines distintos a los propuestos en otras legislaciones que se han aplicado en otros países, como el desarrollo de infraestructura.
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Durante la audiencia, Rodríguez señaló que la empresa cuenta con 22.000 socios conductores y 183.000 usuarios activos en el país, cifras que sostienen desde hace ya varios meses atrás.
Relaciones aparte con Hacienda
Los representantes de la empresa además aprovecharon su encuentro con los diputados para anunciar que mantiene relaciones abiertas con el Ministerio de Hacienda, al que recientemente entregaron 32.000 folios con información solicitada por esa entidad.
Además, comentaron que la entidad empezará a retener el 13% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) a partir de junio como todos los servicios que operan en el país, esto porque los conductores no pueden hacerlo por su cuenta al no ser registrados como trabajadores independientes.
No obstante, la empresa sí señaló ante la pregunta del diputado Luis Ramón Carranza, del Partido Acción Ciudadana (PAC), que no paga al país ningún impuesto de renta, pues las operaciones financieras se concretan en Holanda y el país no cobra impuestos en esas transacciones internacionales, según afirmó el representante legal, Eduardo Calderón.
Sobre el fondo de la iniciativa, la directora Rodríguez sí señaló que ve importante una regulación que permita reconocer a los conductores como trabajadores independientes, “que reconozca la tecnología y la innovación” de la empresa.
A su salida de la audiencia con los diputados, los representantes de Uber rechazaron profundizar sus declaraciones ante la prensa.
El expediente 21.228, de reforma al sistema de transporte remunerado de personas y regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte, se encuentra actualmente en el trámite de la Comisión de Asuntos Económicos, donde seguirá con sus proceso de audiencia y posteriormente deberá entrar a su etapa de cambios, aprobación o archivo.
La mayoría de los congresistas ha manifestado diferencias con la propuesta del MOPT, inclusive los propios diputados de la bancada oficialista.
Además, el presidente Carlos Alvarado afirmó que desde el Ejecutivo hay anuencia para realizar modificaciones.
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