El Juzgado de Trabajo del Tercer Circuito Judicial de San José sentenció que la empresa Uber tiene una relación laboral con las personas conductoras de los vehículos, por lo que debe pagarles vacaciones, aguinaldo y seguridad social.
“Este no es el primer caso que se judicializa, pero sí es el primero con fallo judicial y que se vuelve un hito porque establece que la relación de trabajo entre el conductor y la empresa Esto se acopla a la tendencia internacional de reconocer este tipo de trabajo como asalariado” comentó el abogado laboralista Esteban Calvo.
La sentencia se resolvió con base en el Código de Trabajo e impactará a los sistemas de seguridad social como el régimen de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM), el Fondo de Capitalización Laboral, el Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias y el seguro de Riesgos del Trabajo.
“La consecuencia de la sentencia trasciende por mucho los intereses individuales del trabajador, porque ese tipo de trabajo que escondía la relación laboral evadía el pago de la seguridad social” destacó Calvo.
La jueza Carolina Fallas determinó que la experiencia del demandante, quien trabajó como chofer entre el 2017 y 2022, cumple con las condiciones indicadas por el Código Laboral y por la doctrina laboral para considerarse de esa forma:
- Subordinación: “(…) es evidente que el actor estuvo sometido a órdenes y directrices por parte de Uber”. El actor tuvo que aceptar un contrato digital sin oportunidad alguna de negociación y establecía condiciones. La aplicación también asignaba los viajes, así como el valor de los mismo (remuneración).
- Trabajo personalísimo: Se refiere a que la persona que suscribe el contrato digital con Uber no puede ser sustituida por otra (como en un trabajo, solo en casos excepcionales) y así lo establece la propia empresa para las cuentas de sus “colaboradores”.
- Ajenidad: Esta condición consiste en que las ganancias se le dan al empresario y no a la persona trabajadora, lo cual sucedía en tanto Uber recibía los pagos y determinaba cuánto dar al chofer.
La sentencia falló parcialmente con lugar al rechazar que la empresa pagara daño moral, al no poderse comprobar, y el pago de horas extras.
El demandante pidió el pago de 6 mil horas extra, pero la jueza no lo encontró procedente, porque el horario y la jornada laboral la determinaba el chofer.
“La única libertad (y relativa), que la suscrita observa, en la prestación del servicio, lo es en relación con la jornada y el horario dentro del cual don Salvador prestó sus servicios, pues era él quien definía este aspecto” menciona al respecto en la sentencia.
La jueza aclara que la flexibilidad de horario no le permite a las empresas negar una relación laboral ya que el propio Código de Trabajo establece casos excepcionales que no se limitan a la jornada ordinaria.
Las personas que se suscriben forman parte del “sistema de pago a destajo, el cual provoca que el trabajador busque realizar la máxima cantidad de tareas posibles (lo que conlleva un aumento de las horas de trabajo), con el objetivo de ver incrementados sus ingresos” y este es contemplado por la legislación nacional, indica la sentencia.
Las tres empresas demandadas (Portier Costa Rica, Uber Costa Rica Center of Excelente y el fideicomiso Club de Colaboración para la Autosatisfacción de Necesidades de Movilidad en Común S.A.) mantienen una relación con la empresa global o madre denominada Uber y fueron condenados al pago de las prestaciones del demandante.
David Delgado, abogado socio de la firma Más Legal Asesores que defendió al demandante, celebró la decisión del juzgado porque ahora Uber “estará en igualdad de condiciones con las otras empresas en Costa Rica”.
“El propósito de este caso no es que la empresa se vaya del país, es que se respeten los derechos laborales, como lo hacen el resto de las empresas” publicó en su cuenta de Twitter.
