Turbulentas aguas legislativas y sectoriales aguardan al acuerdo con el FMI

Ocurrió, quizás, lo más fácil. Los equipos técnicos de Costa Rica y el Fondo Monetario Internacional (FMI) lograron, el viernes, un acuerdo para viabilizar un préstamo de Servicio Ampliado (SAF, o Extended Fund Facility) al país por un monto de US $1.750 millones, en los próximos tres años.

Sin embargo, en un año electoral -la campaña comienza oficialmente en octubre-, corresponderá a los partidos representados en la Asamblea Legislativa encarar las presiones, callejeras o no, de los distintos grupos de votantes, quienes buscarán que su porción de la torta del Producto Interno Bruto (PIB, la riqueza producida en el país en un año), no le sea reducida en función del ajuste.

Pues, al menos en la hoja de cálculo, el país se comprometió con el FMI a “alcanzar estabilidad macro dentro de un marco fiscal sólido” que se reflejaría, en el 2023, en un superávit primario de 1% y en una trayectoria a la baja de la deuda que llegaría al 50% del PIB en el año 2035.

Días antes de alcanzarse el acuerdo preliminar con el FMI, el ministro de Hacienda, Elian Villegas, resumió que la propuesta del Gobierno busca reducir el gasto público, de un 16,45% del PIB en el 2020, a un 13% en el 2025.

Después de alcanzado el acuerdo preliminar, sostuvo que la reducción del déficit primario sería de 4% en 2020 y que la cifra total del ajuste rondaría un 5% del PIB.

Los medios para lograr estas metas -informó-, no incluyen ninguna de las controversiales propuestas que fueron consideradas inicialmente por la administración, entre ellas aumentar el Impuesto al Valor Agregado (IVA), o el territorial, la creación de tributos a las transacciones financieras o a las pensiones complementarias, o la venta de activos del Estado.

En cambio, sí se introdujeron tres novedades: imponer una mayor tasa, de 0,5%, a todos los inmuebles de uso habitacional, ocasional o de recreo, cuyo valor sea igual o mayor a ¢150 millones (es decir, el equivalente a 325 salarios base para cada año) y que son clasificados como “de lujo”; se propone establecer la renta global dual -una demanda trabajada en el Diálogo Multisectorial que desarrolló la Presidencia de la República a finales del año pasado- por la cual se amplía la base cotizante del Impuesto sobre la Renta y se modifican los tramos, así quienes tengan mayores ingresos tributen más (sobre el exceso de ¢840.000 y hasta ¢1,23 millones, se cobrará una tasa del 10%; a partir de allí, el cobro subirá en 15%, 20% y 25%, según el monto del ingreso); y se incluye mandatar un aporte solidario por parte las empresas públicas al fisco de hasta un 30% de sus rentas después del pago de sus deudas fiscales y parafiscales, durante cuatro años.

Se trata de empresas como el Banco de Costa Rica (BCR), Banco Nacional (BNCR), Instituto Nacional de Seguros (INS), Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), Compañía de Fuerza y Luz (CNFL), Correos de Costa Rica, Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (japdeva), Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) y Radiográfica Costarricense (Racsa), las cuales no podrán trasladar ese costo a las personas usuarias de sus servicios.

Entre las propuestas ya conocidas, se mantiene la “piedra de toque” para reducir la deuda, que es el proyecto de reforma del empleo público, el cual permitiría ahorrar 0,81% del PIB a partir del 2023.

Mediante esta se busca aumentar el salario base del funcionariado público, con el fin de eliminar los pluses que hacen crecer exponencialmente ese componente del gasto público, y establecer sistemas de evaluación del desempeño a cambio de obtener estímulos y mejoras justificadas como parte de las remuneraciones.

Las otras medidas del paquete ya eran conocidas: la eliminación de las exoneraciones, incluida la del salario escolar y de la lotería; la venta de la cartera de crédito de la Comisión de Préstamos para Educación (Conape) al semipúblico Banco Popular; y el proyecto de ley para que las pensiones con cargo al presupuesto nacional que excedan los ¢450 mil mensuales, no aumenten en tanto no se reduzca la deuda pública por debajo del 60%.

Sin embargo, el Ministro ha sido insistente en señalar que “más de la mitad de la reducción del 2,5% en el déficit fiscal, que es necesaria para asegurar la estabilidad de las finanzas públicas a mediano y largo plazo, provendrá de la contención y reducción del gasto público primario, al menos la cuarta parte será resultado de la eliminación de exoneraciones y solo cerca de un 0,4% del PIB provendrá de ingresos nuevos”.

Ese viernes, Villegas también dijo que “en los próximos días” presentarán un presupuesto extraordinario para incorporar más de ¢38.000 millones (0,1% del PIB) al gasto social, y así “reforzar el contenido social del presupuesto y permitir que las instituciones que hoy están dedicadas a programas relacionados con becas, cuido, pensiones no contributivas, entre otros, cuenten con más recursos para llevar adelante su labor en beneficio de todos los costarricenses”.

No obstante, ayer, el presidente Carlos Alvarado firmó el primer presupuesto extraordinario del 2021 por ¢40.500 millones para la compra de vacunas contra la COVID-19 a las farmacéuticas Pfizer, AstraZeneca y el mecanismo COVAX de la Organización Mundial de la Salud (OMS), además de los insumos necesarios para el proceso de vacunación.

Este presupuesto será financiado con la emisión de deuda interna en bonos de largo plazo y

los recursos se incorporarán al presupuesto del Ministerio de Salud para ser transferidos al Fondo Nacional de Emergencias, según se indicó.

De hecho, casi de inmediato, los sectores financieros reaccionaron positivamente al acuerdo preliminar con el Fondo, pues, los títulos de deuda externa del país se apreciaron entre 1,86 y 7,87 puntos porcentuales después de divulgarse la noticia.

Y, también ayer, el Ministerio de Hacienda informó que por segunda vez en una semana la entidad logró colocar títulos por más de ¢140 mil millones, un 59% de los cuales fue a un plazo de 5 años y un 12% a un plazo de 10 años.

En la subasta realizada ayer se colocaron títulos de Propiedad Deuda Interna Cero Cupón Colones con vencimiento en 2022, con un rendimiento máximo asignado de 3.15%.

Los títulos de Propiedad Deuda Interna Tasa Fija Colones con vencimiento en 2026 y 2031, se asignaron con rendimientos del 7,70% y 9,19%, respectivamente, dijo el ministerio.

Villegas atribuyó este nuevo éxito financiero del Gobierno a la confianza renovada en las finanzas de Costa Rica que el acuerdo preliminar con el FMI transmitió a los mercados.

“Lograr una colocación de ¢280 mil millones en un lapso de una semana denota la confianza de los inversionistas locales en la ruta de consolidación fiscal que ha establecido el Ministerio de Hacienda, en procura de la estabilización de las finanzas públicas. El logro de los objetivos definidos en el acuerdo con el FMI, permitirá establecer la sostenibilidad de la deuda pública costarricense y alcanzar las metas del plan semestral de colocación, el cual será anunciado en las próximas semanas”, aseguró.

El mismo viernes, Villegas informó que todos los proyectos de ley implicados en el acuerdo ya se encuentran en el parlamento costarricense (ver el recuadro).

Así, ahora los tambores retumban en la Asamblea Legislativa, pues ya comenzaron las presiones de los distintos sectores.

Varias organizaciones sindicales del sector público, como el Bloque Unitario Sindical y Social Costarricense (Bussco), la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), la Confederación Rerum Novarum y el grupo Rescate Nacional, liderado por el exdiputado Célimo Guido, ya anunciaron que llamarán a sus bases a manifestarse ante la Asamblea Legislativa contra el proyecto de reforma del empleo público.

Por el lado del sector empresarial, la Cámara Costarricense de la Industria Alimentaria (Cacia), en un comunicado emitido al día siguiente de anunciarse el acuerdo preliminar, reaccionó diciendo que “con FMI o sin FMI, Costa Rica no puede renunciar a reformas estructurales de reducción del gasto público. Esa es la única vía para que no estemos hablando de lo mismo dentro de muy pocos meses”.

Su presidente, Maurizio Musmanni, profundizó en la postura de su gremio, la cual aborda temas sensibles como los límites entre la autonomía de las universidades públicas y las disposiciones fiscales que buscan preservar de la crisis a los ingresos públicos que las financian.

“Si no se aprueba una reforma real en materia de empleo público, si no se realiza una reforma que elimine toda la estructura duplicada e innecesaria del Estado, si no se revisan temas de fondo como las transferencias corrientes a instancias que no tienen rendición de cuentas ni análisis de rentabilidad social como lo es el Fondo Especial para la Educación Superior (FEES), si no se revisa a profundidad el modelo de pensiones cargado al presupuesto nacional, sencillamente, además de terminar más endeudados, terminaremos con los mismos problemas, pero más grandes en un futuro cercano”, dijo.

“Los industriales de alimentos manifestamos nuestra preocupación, puesto que no sabemos de experiencias de países que hayan salido de sus crisis económicas planteando más o nuevos impuestos. Nos parece que esa es una ruta equivocada”, agregó.

Y el lunes, también la Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) demandó con carácter de urgencia la intervención del gobierno en seis temáticas para lograr que el 2021 sea el año de la reactivación económica y de la generación de empleos.

Una de esas demandas plantea “atender urgentemente el problema de la eficiencia del gasto público y el déficit fiscal” por medio de “impulsar una verdadera reforma del empleo público, y asegurar el cumplimiento de la regla fiscal sin excepciones”.

“Es necesario eliminar la duplicidad de funciones entre instituciones y adelgazar la estructura del Estado. El país no tiene la capacidad para soportar la carga que representa que la remuneración de los empleados del gobierno sea la mitad de los ingresos totales”, dijo la CCC en un comunicado.

“Si se quiere reactivar al país, tanto el poder ejecutivo y el legislativo, así como los bancos estatales, deben liderar el impulso de proyectos de construcción, quitando trabas y obstáculos, y más bien propiciar incentivos al desarrollo de proyectos de toda índole, desde una pequeña remodelación de una vivienda hasta los más complejos edificios. La construcción propicia empleo y prosperidad”, agregó Esteban Acón, presidente de la CCC.

Por su parte, el economista Eduardo Lizano, varias veces presidente del Banco Central de Costa Rica y quien estuvo al frente de la negociación con el FMI durante la crisis económica de los años 80 del siglo XX, consideró, en un artículo de opinión, que lo esencial es evitar una crisis macroeconómica, comenzando, en el 2021, un programa de cuatro años, en el cual el acuerdo con el Fondo “sería un apoyo significativo” y “las perspectivas de la economía nacional mejorarían de manera significativa.”

Pero, si las pujas electorales impidieran llegar a un acuerdo político para iniciar el programa de evitar la crisis y sanear las finanzas públicas en el 2021, y se optara por postergarlo para la siguiente administración, “el paciente llegaría con vida al 2022, pero con mayores quebrantos de salud”, agrega.

Consultado por UNIVERSIDAD, Lizano, consideró que el contexto actual difiere de lo ocurrido durante la crisis de los 80, sobre todo porque, entonces, la aprobación definitiva de un acuerdo con el FMI correspondía al Banco Central, mientras que hoy compete al gobierno y es, por tanto, políticamente más complicada.

Además, en aquellos tiempos, todos los sectores del país, casi por parejo, recibieron los golpes demoledores de la crisis, mientras que hoy podría decirse que hay sectores que todavía no han tocado fondo, como para cooperar en vez de obstaculizar un programa que prevenga la crisis macroeconómica (ver el recuadro).

De modo que todo indica que el recientemente estrenado edificio de la Asamblea Legislativa conocerá en los próximos meses sus primeras manifestaciones contemporáneas contra el FMI -como han anunciado sindicatos-, lo cual, a su vez, podría volver a poner nerviosos a los mercados financieros con respecto a la deuda costarricense.

Economista Eduardo Lizano:

“Esta vez es políticamente más difícil”

El exfuncionario estuvo a cargo de la negociación con el FMI durante la crisis económica de los años 80 del siglo XX.

En comparación con las crisis de los años 80 ¿el enfoque actual del FMI es un factor favorecedor?

El enfoque del FMI fue un factor favorecedor en la década de los 80. En ese entonces, el problema principal era renegociar la deuda externa. En la actualidad un acuerdo con el FMI también es favorable para resolver el problema principal, que es la situación muy difícil de las finanzas públicas.

En términos del contexto social y político actual, comparado con aquella crisis ¿las dificultades actuales son similares, menores, más agudas?

En la década de los 80, la negociación con el FMI se llevaba a cabo, básicamente, con el Banco Central, pues se trataba de un problema de balanza de pagos. Hoy la negociación con el FMI es fundamentalmente con el gobierno (Ministerio de Hacienda). Esto, por cuanto se trata de un problema de las finanzas públicas. Por consiguiente, el trámite para aprobar el convenio con el FMI es políticamente más difícil.

También es importante tomar en cuenta que en la década de los 80 los acuerdos políticos se facilitaban más que actualmente por la existencia del bipartidismo.

Además, es importante recordar que, en la década de los 80, los acuerdos que se hicieron con el FMI fueron posteriores a la crisis macroeconómica 1981-1982. Como todos los grupos sociales y económicos habían sido seriamente golpeados por la crisis, la reacción frente a los acuerdos con el FMI no fue muy significativa.