Ante la posibilidad de violaciones a la Constitución Política en el proyecto de ley del Gobierno para llamar a un referendo sobre las potestades de la Contraloría, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) formalizó este miércoles una consulta a la Sala Constitucional al margen de las peticiones planteadas por diputados opositores.
El TSE entiende que el proyecto de ley 24.364, llamado por el Ejecutivo “Ley jaguar para impulsar el desarrollo de Costa Rica”, podría contradecir reglas constitucionales al menoscabar competencias de la Contraloría General de la República (CGR) como parte de las reformas propuestas por el presidente Rodrigo Chaves.
El TSE indica que el artículo 4 del proyecto plantea impedir que la CGR dicte prevenciones o instrucciones y en otro numeral menciona que también se pretende proscribir el control y fiscalización previos que rigen en la actualidad. Además, el artículo 5 impediría que la CGR pueda suspender la ejecución de actos y contratos del Estado.
“Esos pretendidos cambios podrían entenderse como una reducción de las competencias actuales de la Contraloría General de la República, aspecto que, de ser así, contrariaría la jurisprudencia constitucional”, dice la resolución 4653-E9-2024 de este 26 de junio.
“En efecto, la Sala Constitucional ha precisado que no es legítimo que, vía reforma legal, se pretenda diezmar las competencias de fiscalización de la CGR”, añade el TSE basándose en una sentencia de 1998.
“En suma, la posibilidad de que los artículos 2 a 5 de la iniciativa supongan un menoscabo a las facultades de control de la CGR generan la duda de si, a la luz de los precedentes constitucionales, la propuesta pudiera tener vicios de constitucionalidad”, por lo que conviene enviar una opinión consultiva a la Sala, una posibilidad prevista por el artículo 6 de la Ley de Regulación de Referéndum para este momento del proyecto.
El TSE argumenta que este es el momento, habiendo revisado que cumplieron los requisitos las dos personas que pidieron autorización para recolección de firmas para activar la “iniciativa ciudadana”, un mecanismo paralelo al legislativo. Esas dos personas son el abogado Alberto Cabezas y Édgar Espinoza, esposo de la diputada Pilar Cisneros, pero el TSE señala que antes de emitir un eventual permiso para recolectar firmas ciudadanas debe estar seguro de que el proyecto respete la Constitución.
La Sala Constitucional ya recibió una consulta de un grupo de diputados opositores, la semana pasada, pero por mayoría los magistrados decidieron no atenderla porque consideraron que no es el momento para tal solicitud por parte de la Asamblea Legislativa.
Mientras tanto, la discusión avanza en la Asamblea Legislativa y la presidenta en funciones, Rosalía Brown, dijo que pretende someter el proyecto a votación este mismo jueves. En caso de aprobarse (por mayoría simple) significaría un paso adelante en el proyecto de Chaves, aunque igualmente deberá pasar por el tamiz de la Sala Constitucional antes de una eventual convocatoria al segundo referendo en la historia del país.
