El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) objetó el proyecto de ley que un grupo de diputados impulsa con el objetivo de reducir de dos meses a uno el lapso entre la primera y la segunda ronda en las elecciones presidenciales, en caso de que ningún candidato alcance inicialmente el 40% de votos válidos.
Por considerar que no provocaría un ahorro al TSE ni a los partidos políticos, pero sobre todo por estimar que se vulnerarían las garantías del sistema costarricense en el escrutinio de los votos, los magistrados electorales advirtieron a la Asamblea Legislativa que lo mejor es dejar el programa como está, con la primera vuelta el primer domingo de febrero y la segunda el primer domingo de abril.
Incluso reducir ese período implicaría limitar la participación de las juntas cantonales en que se ven representados ciudadanos a nombres de los partidos políticos, e incumplir con los plazos de entrega del material electoral a los encargados de las elecciones en todo el territorio y en centros de votación fuera del país.
El criterio lo firmó esta semana la presidenta del TSE, Eugenia Zamora, en concordancia con el criterio que en ocasiones anteriores ha emitido el tribunal, incluso bajo la presidencia de Luis Antonio Sobrado, quien renunció en 2021.
El TSE también objeta que la propuesta de ley abre la posibilidad de que este órgano puede aplazar la segunda ronda un par de semanas más, cuando considere que hay razones para hacerlo, motivos que no se especifican y que abrirían el margen de cuestionamientos por parte de los partidos políticos, dado que es usual que una agrupación se considere beneficiada si el balotaje es pronto y otra prefiera que se postergue.
“La norma que se propone tiene nulas posibilidades de ser eficaz, puesto que este Tribunal se vería obligado siempre a echar mano de la excepción para que se ordene celebrar la segunda votación el tercer domingo de marzo; ese proceder desnaturaliza en sí mismo el citado carácter “excepcional” de la medida y llevaría a este Pleno a incurrir en una suerte de fraude de ley para obviar la regla del primer domingo de marzo, con tal de asegurar la votación para la tercera semana de ese mes”, argumentó la presidenta del TSE en nombre del pleno.
Esto porque “el tiempo promedio que se tarda en preparar los sacos con los enseres electorales imposibilita que, para el primer domingo de marzo, se pueda llegar a los citados lugares de difícil acceso del país con las papeletas y demás documentación electoral”. “Incluso, en una eventual reforma legal habría que prescindir del voto en el extranjero para las segundas rondas, retroceso en los alcances del derecho de participación política”, alegó el TSE.
Por eso se concluye que “la regla de celebración de la segunda ronda que se propone (primer domingo de marzo), es de imposible cumplimiento y pone en riesgo garantías del sufragio y, por su parte, el proceder excepcional de llamar al electorado el tercer domingo de ese mes afecta la seguridad jurídica y genera un riesgo de duda para con la Autoridad Electoral, elemento que mina la confianza de la ciudadanía en el sistema”.
Sobre el ahorro pretendido, el TSE indica que más bien la prisa en las tareas haría necesario el pago de horas extras, lo que elevaría los costos de la organización de la segunda ronda, mientras el gasto de los partidos políticos en ese período depende más bien de su comportamiento y no de la norma vigente.
