El Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) presentará ante la Asamblea Legislativa una serie de reformas al Código Electoral urgentes relacionadas con el financiamiento de los partidos políticos, la ciberpolítica, las redes sociales y otras.
“(..) nuestra legislación electoral urge de reformas de calado, que recojan las profundas insatisfacciones de los costarricenses, no con la democracia, sino con los medios de que disponen para practicarla”, anunció la presidenta del órgano electoral Eugenia Zamora, en su informe de labores.
La institución ha insistido en la necesidad de hacer reformas en la legislación electoral desde el 2013 y desde entonces envió al plenario proyectos de reforma.
Estas propuestas pretendían evitar que las encuestas crearan desigualdad en el acceso al financiamiento de los partidos, un mayor adelantamiento de financiamiento y la creación de financiamiento indirecto por medio de franjas electorales.
“Es necesario mejorar el sistema de financiamiento político partidario sobre todo el estatal, creando mecanismos de financiamiento indirecto para que los partidos tengan un adelanto más sustancioso para la campaña electoral y no después”, dijo Zamora durante su rendición de cuentas ante la Corte Plena.
Las reformas, sin embargo, no encontraron apoyo entre las personas legisladoras y -en el caso de franjas electorales- tampoco de parte de los medios de comunicación comerciales, recordó Zamora.
Repetidos señalamientos
En la pasadas elecciones -por cuarta ocasión- la Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó al país romper con la alta dependencia de los partidos políticos con la banca y la implementación de medidas como las franjas electorales.
Según la OEA, el sistema de financiamiento costarricenses, “está basado en una relación de dependencia poco saludable entre los partidos, el sistema bancario y las empresas encuestadoras” por profundizar la desigualdad entre propuestas o partidos políticos al favorecer a las agrupaciones con mejor desempeño en las encuestas.
La banca privada financió por medio de crédito a seis partidos políticos en los últimos comicios y finalmente cuatro de los seis partidos que lograron representación en el próximo congreso fueron financiados por BCT y Promerica, por medio de fideicomisos intermediados por COFIN S.A., y en todos los casos fue su principal fuente de financiamiento.
Esta forma de financiamiento, que pone como garantía los bonos de deuda política o certificados de cesión, ha sido ampliamente criticada por el TSE, el Programa Estado de la Nación (PEN) y el Observatorio de la Política Nacional (OPNA) de la Universidad de Costa Rica (UCR).
El PEN identificó que más de la mitad de los ingresos de los partidos políticos vienen por préstamos y lo aduce al poco acceso al financiamiento anticipado.
Una forma de combatir esta dependencia es liberando a los partidos políticos del pago de la publicidad, el gasto más grande de las campañas políticas, por medio de franjas electorales.
Las franjas son espacios de publicidad gratuito o pagados por la autoridad electoral que además asegura la exposición equitativa de todas las propuestas de la contienda.
En América Latina solo Costa Rica y Honduras no aplican las franjas electorales por el rechazo de los medios de comunicación comerciales y la desidia política en valorar las reformas.