El pasado 20 de diciembre, en una histórica decisión, el Tribunal Contencioso Administrativo Sección Quinta dio razón a la Asociación de Rescate de la Zona Marítimo Terrestre (Arezomate) y determinó que unas 70 hectáreas de playa Cabuyal, en Liberia, no pertenecen a la poderosa familia Román Ocampo, sino que constituyen terrenos públicos precisamente de la zona marítimo terrestre (ZMT).
De haber fallado en sentido opuesto, el Contencioso hubiera concedido por primera vez en la historia del país la ZMT de una playa a posesión privada.
“Yo diría que no existen consejos que estén escritos en un libro. Creo que el éxito de esto fue la insistencia, la necedad de un pequeño grupo de ciudadanos. Sí, somos patriotas, somos personas que nos debemos a esta tierra y creemos que las cosas tienen que darse acorde con los principios legales del país”, expresó Damaris Rodríguez, presidenta de Arezomate.
Sus palabras no son de importancia menor, sobre todo si se toma en cuenta que esa decisión del Contencioso significó para activistas como ella la culminación de casi dos décadas de una lucha tan compleja, que tras conocerse la sentencia debió escuchar la confesión de personas quienes creyeron que “estaba perdido”.
“No podemos decir que esto es un logro solamente de nuestra organización”, dijo Rodríguez, y agradeció el apoyo de la directora de UNIVERSIDAD, así como del programa Era Verde del Canal Quince y del medio local Canal 5.
Por ello, agradeció que “no puedo decir que hemos estado tan solos”, desde el inicio de la lucha, hace unos 18 años.
Casi dos décadas en que conoció problemas como que “la gente se nos desconecta”, pues “además de tiempo, usted necesita recursos económicos. Aquí nosotros ponemos la plata de nuestros bolsillos para poder agilizar las más mínimas cosas”.
De hecho, relató que “he sido una de las personas necias que sacrifiqué mucho mi familia. Estamos hablando de 2016, yo tengo tres hijos y el pequeñito fue el que sufrió la peor parte, diría yo”.
Sin embargo, sobre ese tema, concluyó que “todo esto ha sido un ganar-ganar”, pues “ya hay un despertar más profundo en zonas costeras. Me alegró montones la noticia de esta semana de que ya no habrá más concesiones en el área del manglar (del río) Lagarto. Esas son buenas noticias”.
Sin embargo, atemperó ese optimismo con una aguda inyección de realidad: “siento que las municipalidades son las únicas responsables de los desmadres que hay en todas las comunidades del país. Para prueba lo que nosotros vivimos: devolver 70 hectáreas a esta municipalidad que no se las merece”.
De inmediato rectificó: “creo que he trabajado para devolvérselas a todas las generaciones de Costa Rica”.
En ese punto intervino Jorge Araya, miembro de Arezomate, quien subrayó que “la organización ciudadana es súper importante”, pues ha sido “fundamental, si no es un grupo de ciudadanos liberianos patriotas, un poco guardianes de lo que nos pertenece a todos, no hubiese sido posible”.
El activista habló también de la importancia de la participación ciudadana, reiteró la necesidad de la perseverancia y observó la realidad estratégica de que “todas estas cosas son mediáticas”, por lo que destacó el valor de “la difusión y la socialización” para dar a conocer los problemas y luchas con que se les enfrenta, sobre todo pues, según reconoció, movilizar a la gente es “muy difícil”.
Wilma Eras, secretaria de la Arezomate, mencionó como aspecto importante que en este momento no se encuentra el Partido Liberación Nacional (PLN) en el poder.
Juicio
Sobre el resultado del juicio, la activista Rodríguez afirmó que “por supuesto que estamos satisfechos, porque el primer punto de la sentencia es exactamente lo que nosotros hemos dicho”. En esencia, que era erróneo el alegato de los poderosos terratenientes de que la ZMT estaba históricamente incluida dentro de la finca.
“Se declara que la finca 3282 no tiene zona costera, sino que más bien limita con la zona costera, o sea, con los 200 metros de ZMT”, subrayó.
“El segundo punto es la declaratoria de la nulidad total de las inscripciones, que son dos planos, uno de 10 hectáreas y el otro de 59 hectáreas, y más de 8 mil metros (cuadrados). Si sumamos las dos áreas, hablamos de 70 hectáreas”, puntualizó.
En julio del año pasado el abogado José Miguel Villalobos, en representación de la familia Ocampo, especificó que, en efecto, las pretensiones empresariales no buscaban los primeros 50 metros de playa que se consideran públicos, sino la siguiente franja de 150 metros que constituye la ZMT.
Al iniciar el juicio, en noviembre, fue Manrique Jiménez quien lideró el equipo legal de los Román Ocampo y explicó que el alegato “se remonta a la época de la Corona (española)”, pues durante la Colonia era posible “comprar a la Corona española lo que eran los inmuebles correspondientes, tal como sucedió, y a través del tiempo incluso se hizo una hipoteca en el desarrollo histórico”.
Un tema medular, como se apresuró a destacar Araya, es que precisamente el título de propiedad supuestamente vendido por la monarquía nunca apareció. Ese activista, además, destacó que antes de 1990 la acaudalada familia acostumbró a tramitar una concesión para disfrutar de la ZMT en playa Cabuyal.
Rodríguez, por su parte, destacó el aporte de “dos abogados que son personas adultas mayores como es don Ricardo Harbottle y doña Guiza Pinchamski. Son abogados de una sola línea, incorruptibles, personas estudiosas, el triunfo lo debemos también a esa demanda que tenía once tomos, alrededor de 7.000 páginas. Ahí están todos los antecedentes históricos”.
Pero, del mismo modo, cuestionó el papel jugado por la Procuraduría General de la República (PGR) que, por ejemplo, en algún momento archivó un órgano director conformado sobre el tema a nivel municipal.
Con indignación, recordó que en 2019, al realizarse una audiencia preliminar al juicio, Ronald Calvo, padre del actual alcalde de Liberia, presentó el alegato de que el caso correspondía a un Tribunal Agrario, lo cual terminó siendo resuelto en su contra por la Sala I, pero tomó cuatro años.
Aún más, con genuino enojo, Rodríguez recordó que, cuando finalmente se realiza la primer audiencia del juicio, en noviembre del año pasado, el abogado y docente de la UCR, Tomás Federico Arias Castro, elaboró “un estudio histórico”, que fue presentado por la familia como prueba pericial, diciendo “que la ZMT la puede tener cualquier hijo de mamá”.
Sin embargo, a los ojos del Tribunal, tuvo más peso el peritaje histórico ofrecido por el ingeniero topógrafo, Luis Guillermo Campos, quien, según explicó Araya, analizó todos los planos en juego y “los traslapó sobre la hoja cartográfica”.
Sobre el feliz resultado del juicio, Rodríguez destacó que “no solo significó rescatar 70 hectáreas, significa más allá: significa devolver soberanía a este país”.
“Todavía podemos seguir creyendo en nuestro sistema judicial, que es parte de esta democracia en la que hemos vivido por años”, acotó.
Jorge Araya, por su lado reconoció haber albergado “muchas dudas” respecto a “qué tan imparcial es la justicia”, pero celebró que en el caso de Cabuyal “los jueces se portaron a la altura, mis respetos”.
Para él, este juicio iba a ser “como un termómetro para medir qué tan profundos están los tentáculos de Liberación Nacional en el sistema de administración de justicia”, y “todo salió como tenía que salir”.
“Yo estaba muy preocupado de que hubiera tráfico de influencias, clientelismo, presión política por detrás, a pesar de que los nueve abogados que ellos tenían son del más alto nivel”; sin embargo, “se portaron a la altura los jueces, los vi muy justos, muy equitativos”.
Añadió, entonces, que la sentencia “me genera un poquito de fe y de esperanza de que las cosas no están tan mal en Costa Rica. Todavía hay futuro, todavía hay esperanza”.
“Un calvario y un laberinto”
Ante la pregunta de si en algún momento, durante los 18 años de lucha, sintió que se caería todo, Rodríguez sin pensarlo replicó que no.
Sin embargo, no dejó de recordar las muchas vicisitudes que debió enfrentar desde que fungió como regidora municipal entre 2006 y 2010.
Ella fungió como una de dos regidurías del Partido de Acción Ciudadana, había un regidor de Guanacaste Independiente y cuatro del PLN.
Explicó que fue por “insistencia” que “mantuvimos una llama por meses hasta que logramos que un regidor de Liberación se retrotrayera. Entonces ahí empezamos una nueva etapa, pero fue muy dura, no fue fácil. Hubo pleitos, hubo golpes, hubo mil cosas, de todo, de lo más bajo que usted se puede imaginar para denigrar a las personas, hasta pérdidas de trabajo”.
Pero Rodríguez persistió. En 2007 nace la organización por entonces llamada Azomate, pero “igual las personas se cansan”, entre otras razones, porque “creyeron que era muy rápida la cosa. No, eso fue un calvario y un laberinto”.
Entonces, tras concluir su paso por el Concejo Municipal participó de la conformación del mencionado órgano director, que terminó siendo archivado tanto por las autoridades municipales como por la PGR.
“Aquí tiene mucha culpa la Procuraduría, que es el abogado del Estado, precisamente por la amistad entre ciertos procuradores con la familia. Eso hizo que ellos mantuvieran un perfil muy bajo en la Procuraduría. Entonces, no hubo forma”, rememoró.
“No sabíamos cómo abordar la situación, empezamos a reesculcar los papeles para devolvernos a la organización”, pero, como había que empezar todo el proceso de nuevo, se dio una reencarnación en la forma de Arezomate.
“Así la organizamos, como en el 2014, porque ya necesitábamos una figura para poder hacer la demanda”, detalló.
Luchar por el país
Al ofrecer un balance de todo el periplo, Rodríguez quiso enfocarse en “lo que tenemos que seguir fortaleciendo” y, por ello, fue enfática en “decirle a la gente que de veras luche por el país”.
“En las zonas costeras nuestra gente está siendo desplazada”, lo cual afecta “el arraigo y la cultura donde han nacido, o sea, es demasiado profundo a nivel social”, indicó.
Al mismo tiempo, lamentó que “la biodiversidad sigue siendo alterada y uno no entiende las políticas de los Gobiernos locales, eso es parte de nosotros como ciudadanos, pero del Gobierno central también”.
Apuntó, además, al problema más puntual que subyace en todo el conflicto por playa Cabuyal: “Si hablamos de que el turismo es uno de los soportes de este país a nivel económico y de la dinámica económica, no sé si se han puesto a analizar si al país le viene bien tener por tres meses una bandada y que para poder lograr tener esta ciudad significa grandes esfuerzos de todo tipo”.
La activista llamó la atención, además, al acelerado crecimiento de desarrollos inmobiliarios en Puntarenas y Guanacaste para lanzar la alerta de que “nos están echando de nuestra propia casa”.
Amenazas aún se ciernen sobre playa Cabuyal
La posibilidad de que la familia Román Ocampo apele la decisión del Contencioso se mantiene latente, así como el peligro de una propuesta de plan regulador.
Vinicio Chacón Soto
Si bien la decisión a la que llegó en diciembre el Tribunal Contencioso Administrativo es motivo sobrado de celebración, aún sobre la paradisíaca playa Cabuyal sobrevuela el fantasma de su privatización.
Por un lado, según explicó la presidenta de la Asociación por el Rescate de la Zona Marítimo Terrestre (Azomate), Damaris Rodríguez, hasta el 21 de febrero la familia Román Ocampo tiene la posibilidad de presentar una apelación.
Pero de no menor relevancia es que la playa Cabuyal se encuentra en un sector que, de acuerdo a la “zonificación preliminar propuesta” en la iniciativa de plan regulador, queda dentro de lo que se denomina “Costa Dorada”.
Jorge Araya, integrante de Arezomate, explicó que se trata de una suerte de sector especial en el que “se pueden hacer torres de hasta cinco pisos, que se pueden hacer canchas de golf, centros comerciales, canchas de fútbol. Es decir, se puede despedazar todo ese ecosistema, que es un corredor biológico rodeado de áreas protegidas que son, parques nacionales, reservas biológicas y refugios nacionales de vida silvestre. Tienen toda una legislación ambiental que las protege”.
Indicó que hace años un estudio realizado con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), denominado BID-Catastro, el cual determinó que “esa zona tiene que ser para conservación, protección y preservación”.
Además, cuestionó el actuar de la empresa contratada para la elaboración del plan regulador, denominada Ecoplan que, según dijo, se le paga ₡200 millones y es la misma que elabora el polémico plan regulador de Montes de Oca.
Damaris Rodríguez, por su parte, observó que la propuesta de plan regulador configuró ese distrito especial de Costa Dorada asumiendo que las 70 hectáreas de ZMT de playa Cabuyal estaban en poder de los Ocampo.
Además, destacó la particular ubicación de esta playa, que al sur limita con el Polo Turístico Papagayo y al norte con áreas protegidas según la Ley Orgánica del Ambiente, pues “hay relictos de bosques siempre verde”.
Añadió que “detrás de esas 70 hectáreas, inclusive, ya habían vendido y se anuncia en redes sociales megadesarrollos”. Mencionó como ejemplo el desarrollo habitacional del Hacienda Santo Tomás, perteneciente, según informó, al empresario André Garnier, quien fungió como ministro en el Gobierno de Carlos Alvarado. “Ahí inclusive hay cancha de polo”, acotó.
