El Tribunal de Juicio del Segundo Circuito Judicial de la Zona Atlántica rechazó la solicitud de prescripción del caso que presentó la defensa del dirigente social Orlando Barrantes Cartín, por lo que el juicio continúa hoy jueves 22 de setiembre.
El juicio inició ayer miércoles 21 de setiembre. Según informó el Comité de Apoyo a Orlando Barrantes, el abogado de Barrantes, Gonzalo Carrillo Delgado, argumentó que a lo largo de 22 años ha habido decenas de omisiones y errores en el proceso, el cual calificó como “inconstitucional, injusto e indigno”.
La defensa solicitó la prescripción del supuesto delito porque en dos ocasiones diferentes se cumplió el plazo para que prescribiera la causa. Carrillo Delgado pidió que se anulara el proceso y se absolviera a Barrantes.
Sin embargo, los jueces determinaron que el conteo de los tiempos entre uno y otro movimiento del expediente estuvieron correctos, por lo que rechazaron la solicitud de prescripción.
Por otra parte, la Fiscalía señaló que nunca antes habían presentado como testigos u otra figura a las supuestas víctimas del caso, por lo que solicitó a los jueces que los citaran para que se apersonaran al juicio. Los jueces ordenaron que las supuestas víctimas u ofendidos fueran citados al juicio.
Hoy jueves el Fiscal comenzará leyendo la acusación y posteriormente se empezará a recibir a los testigos. Las audiencias se extenderán hasta el 4 de octubre.
Desde el inicio del juicio se hicieron presentes afuera del edificio de los Tribunales de Guápiles, integrantes de colectivos, organizaciones sociales y políticas y activistas, como parte del Comité de Apoyo a Orlando Barrantes, impulsando una campaña de solidaridad por la absolutoria definitiva del dirigente.
Barrantes es un reconocido luchador social, fue secretario del Consejo Nacional de Trabajadores Bananeros (Conatrab), es dirigente comunal del Bloque de Vivienda y fundador del Movimiento de Trabajadores y Campesinos (MTC).
En un comunicado, el Observatorio de Derechos Humanos de los Pueblos señaló que Barrantes ha sido víctima durante 22 años “de un proceso de criminalización y judicialización, valorado como el juicio político más largo en la historia del país, plagado de arbitrariedad”. También afirmó que solidarizarse con esta lucha “es garantizar nuestro legítimo derecho a la protesta social y a la organización desde nuestras comunidades”.
Barrantes, de 70 años, ha sido absuelto dos veces por los tribunales de este país y asegura que el Ministerio Público no ha podido demostrar su participación en los hechos que se le acusan. Éstos se remontan al 12 de diciembre del año 2000, día en que hubo manifestaciones en Limón, Siquirres y Guápiles, en las que participaron ex trabajadores del ferrocarril, de los muelles, transportistas individuales, campesinos que habían tenido pérdidas muy grandes en las cosechas por los temporales y ex trabajadores bananeros afectados por el Nemagón.
Una de las manifestaciones fue reprimida por la policía antimotines y varios agentes fueron retenidos por los manifestantes. Como comentó Barrantes en una reciente entrevista con UNIVERSIDAD, la Fiscalía lo acusó en ese momento de organizar a los campesinos de la bajura; de dar la orden de amarrar a los policías; y de negociar con el Gobierno el intercambio de los prisioneros campesinos que tenía supuestamente la policía, con los policías que tenían los campesinos.
