El empresario Juan Carlos Bolaños y los directivos bancarios detenidos por el caso del “Cementazo” se mantendrán en prisión preventiva por tres meses, tal y como ordenó previamente el Juzgado de Turno Extraordinario de San José.
Las apelaciones de sus abogados, así como la solicitud de medidas cautelares como el arresto domiciliar con tobillera electrónica no fueron concedidas.
La resolución fue comunicada esta mañana de viernes por el Tribunal Penal de Hacienda, tras dos días de audiencias.
De esta manera, se falló en favor de las razones que la Fiscalía alegó para mantener en prisión preventiva a Bolaños y a los funcionarios del Banco de Costa Rica, quienes fueron detenidos el pasado viernes 3 de noviembre.
En el caso de Bolaños, la Fiscalía argumentó que existe peligro de fuga, falta de arraigo laboral, y otros aspectos como la magnitud del daño causado a la institucionalidad del país, y la posible pena a imponer ante un eventual juicio, ya que el peculado tiene una sanción máxima de 12 años de prisión.
Por su parte, la prisión preventiva para los funcionarios se debe a un peligro de fuga, debido a que sus condiciones económicas facilitarían una salida del país, además del peligro de obstaculización de la investigación, al ser funcionarios de alta jerarquía dentro del banco, lo que les permitiría ejercer influencia para que personal subalterno no colabore con las autoridades o, de ser requeridos, puedan desaparecer prueba para el caso.
El grupo de directivos del Banco de Costa Rica lo encabeza el gerente general Mario Barrenechea, quien ingresó al Centro de Atención Institucional del Adulto Mayor, en La Reforma, el 6 de noviembre pasado.
El bloque restante está conformado por Gilberth Barrantes, gerente corporativo de créditos del BCR, Leonardo Acuña, exgerente a.i; Andrés Víquez, subgerente; Marvin Corrales, subgerente y Rodrigo Ramírez director del área de créditos. Este grupo, junto al empresario Bolaños, se encuentran en la cárcel de San Sebastián, en un ámbito de baja contención.
Se investigan las irregularidades en el otorgamiento de un crédito por $40 millones al empresario Bolaños para la importación de cemento chino. Al empresario se le investiga por simulación de delito, denuncia calumniosa, peculado y tráfico de influencias, mientras que la Fiscalía sospecha que los funcionarios del BCR cometieron peculado, por aparentemente, facilitar la extracción de dineros públicos.
