El Ministerio Público informó que el Tribunal Penal de Goicoechea confirmó una orden de un juzgado penal, en el sentido de que una “sociedad de usuarios” debe detener de forma inmediata “la captación ilegal de agua en la Quebrada Derrumbe”, en Vásquez de Coronado.
La información divulgada destaca que la decisión incide en que “más de 30.000 personas de las comunidades de Tornillal, San Jerónimo, La Palma, Platanares, Manantial y barrio Calle Méndez, en Coronado, tendrán un efectivo derecho de acceso al agua”.
De acuerdo con la Fiscalía, desde 2015 esas comunidades sufrieron la disminución en la cantidad de agua potable suministrada por el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AyA), debido a que, si bien la sociedad de usuarios cuenta con una concesión para brindar el servicio de agua, “habría estado tomando más líquido del que se le había permitido”.
La solicitud de la Fiscalía avalada por el Juzgado y el Tribunal forma parte de una investigación en curso por el presunto delito de usurpación de agua, dentro del expediente 20-000020-0611-PE.
El Juzgado además ordenó a la Sociedad que debe realizar una nueva obra calibradora para asegurar que capté únicamente la cantidad de agua autorizada, de manera que el AyA acceda al recurso en la magnitud necesaria para distribuirlo a las comunidades.
No acatar esa orden, significaría para la sociedad investigada que, bajo orden del Juzgado, la Dirección de Aguas del Ministerio de Ambiente y Energía (MINAE) ejecute el cese de captación de agua.
Se trata de un caso que continúa en investigación, en la fase preparatoria de recolección y análisis de pruebas.
