La familia indígena de apellidos Sandí Morales, que había recuperado una finca en Las Juntas, en el territorio de Cabagra, fue absuelta por el Tribunal Penal de Pérez Zeledón de todos los delitos que se le imputaban, informó la organización Coordinadora de Lucha Sur Sur (CLSS).
El pasado 4 de noviembre de 2022 la familia terminó de recuperar la finca en cuestión, que ocupaba “de forma ilegal” el no indígena Luis Pérez Jiménez, por lo cual el hombre los demandó por los supuestos delitos de tentativa de homicidio, incendio, agresión con armas y detonación de armas.
Además, el abogado Luis Calderón Fernández, en representación de Luis Pérez y demás demandantes, solicitaron que se investigara la supuesta participación del defensor de derechos humanos Gustavo Oreamuno Vignet, de la CLSS, en los hechos denunciados.
Sin embargo, el pasado jueves 30 de noviembre, el Tribunal absolvió de toda pena y responsabilidad a la familia Sandí Morales, según consta en la sentencia 722 – 2023, emitida en un juicio realizado en Buenos Aires de Puntarenas.
Asimismo, la Fiscalía rechazó la solicitud de Calderón Fernández, de investigar a Oreamuno Vignet “ya que no había ningún elemento probatorio para sustentar lo denunciado”, señala el comunicado.
“Esta sentencia significa un gran logro para los derechos y luchas de los pueblos originarios y una derrota para los discursos de odio y racismo contra estos pueblos”, destacó la CLSS.
El conflicto en los territorios indígenas en la zona sur del país está siendo llevado cada vez más por la vía judicial y particularmente por materia penal, donde los principales afectados son las personas indígenas, denunció el “III Informe de Agresiones y Violaciones a los Derechos Humanos de los Pueblos Originarios de la Zona Sur”.
El informe, que sistematizó y analizó agresiones e incidentes de seguridad contra los pueblos originarios de enero a diciembre de 2022, fue preparado por la CLSS, con el apoyo de la Asociación Voces Nuestras.
La afectación que genera esta judicialización del conflicto incluye la necesidad de tener que salir varias veces a la semana del territorio para atender diligencias judiciales sin ningún apoyo económico. Además, la materia legal se ve como algo sumamente técnico y no como una herramienta o un saber de los pueblos, lo cual les obliga a buscar abogados porque la labor de la defensa pública es muy insatisfactoria, explica el informe.
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