El juez Alcevith Godínez Prado, del Tribunal Contencioso Administrativo, resolvió este viernes que la restricción vehicular sanitaria queda suspendida, después de afirmar que la misma no es una medida efectiva para contrarrestar o prevenir el contagio del COVID-19 y que no promueve el distanciamiento social porque obliga a las personas a transportarse en bus o en taxi.
El miércoles 4 de noviembre, el Tribunal Contencioso Administrativo ordenó suspender la restricción vehicular sanitaria que se aplicó desde agosto hasta noviembre, al acoger de manera parcial la medida cautelar impulsada por los alcaldes de Santa Ana, Escazú, Carrillo, Nandayure, Santa Cruz y Liberia.
Dicha resolución ordenaba suspender los decretos ejecutivos Nº 42524-MOPT-S y Nº 42525-MOPT-S.
Sin embargo, el jueves, el abogado José Pablo Badilla Quirós, quien representa a los alcaldes en el caso, y la procuradora Maureen Medrano Quirós, en representación del Estado, solicitaron al juez que aclare si esa resolución dejaba sin efecto la restricción actual.
“En razón de lo anterior solicito en forma respetuosa se aclare y delimite el panorama con el fin de evitar peligrosas interpretaciones que pretenden socavar, mediante un proceso sumario, las potestades asignadas al Poder Ejecutivo quien tiene entre manos la relevante y difícil tarea de enfrentar la emergencia nacional mediante la adopción de acciones especiales y urgentes con el fin de resguardar la salud y vida de las personas”, escribió Medrano.
La sentencia emitida esta mañana aclara que se dejan sin efecto los dos decretos, porque regían a partir del 10 de agosto pero no tenían una fecha de finalización, “por lo que es un documento que hasta tanto no haya otro que lo derogue se encuentra vigente en el tiempo”.
El abogado José Pablo Badilla Quirós dijo a UNIVERSIDAD: “el auto aclaratorio dice que en sí mismo es tan claro que no necesita aclaración y que de manera expresa deja ver que la restricción vehicular está total y completamente suspendida”.
Este medio solicitó esta tarde una reacción de parte del Gobierno para ver cómo se va a proceder y se está a la espera de una respuesta.
El Gobierno informó ayer de que apelará el fallo parcial emitido por el Tribunal Contencioso Administrativo mediante la Procuraduría General de la República.
(Noticia en desarrollo)
