La solicitud de refugio que realizaron en Costa Rica dos expolíticas rumanas todavía está pendiente de resolverse, pues el Tribunal Administrativo Migratorio (TAM) anuló una primera resolución que rechazaba el asilo a estas mujeres.
La información fue confirmada a UNIVERSIDAD por la abogada Vanessa Leandro Reyes, quien representa en este proceso a la exministra de Turismo rumana, Elena Udrea, y a la exfiscal de la Dirección para la Investigación del Crimen Organizado y la Corrupción (Diicot) de Rumanía, Alina Bica.
Semanas atrás, la Comisión de Visas Restringidas y Refugio -conformada por los ministros de Trabajo, Seguridad y Relaciones Exteriores- acordó rechazar la solicitud de las dos mujeres.
No obstante, hace un par de semanas, al conocer una apelación, el Tribunal Administrativo Migratorio resolvió anular el primer fallo.
De acuerdo con Leandro, el TAM encontró “serios vicios” en el análisis del órgano de primera instancia. La abogada mencionó que hubo pruebas que no fueron “adecuadamente sopesadas” y que no se había dado audiencia a las extranjeras.
Por ello, el TAM ordenó a la Comisión volver a conocer el caso. Esto significa que ese órgano de primera instancia hará una nueva resolución en la que puede mantener el primer criterio o variarlo. Además, esta decisión puede ser eventualmente apelada y regresar a ser de conocimiento del TAM.
La abogada de las rumanas informó de que la semana pasada la Comisión de Visas Restringidas y Refugio hizo una audiencia con Udrea y Bica.
“Ya hubo una audiencia en respeto al debido proceso, en el tanto el órgano de decisión lo que está determinando es el derecho de asilo, que es lo que ellas están pidiendo, protección en el tanto son perseguidas, y este derecho ampara la vida, la libertad y la seguridad de estas personas”.
“Dice el debido proceso, los estándares más básicos, que quien determina mi derecho tiene que escucharme, y eso fue lo que se dio la semana pasada, ellas ya fueron escuchadas por parte de la Comisión de Visas Restringidas y Refugio y se está a la espera de una decisión”, explicó Leandro.
UNIVERSIDAD consultó a la Dirección de Migración sobre este proceso, pero la oficina de prensa indicó no poder dar detalles por razones de confidencialidad.
En junio, UNIVERSIDAD, junto con Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) y el colectivo de investigación rumano RISE Project, dieron a conocer una investigación sobre los movimientos de estas rumanas.
En Rumanía, Udrea es requerida por los delitos de soborno y abuso de poder, por los cuales debe cumplir seis años de cárcel. Mientras que a Bica se le vincula con cohecho y corrupción.
En prisión
Mientras el proceso migratorio se lleva a cabo, paralelamente se realiza un proceso penal pues Rumanía presentó una solicitud de extradición de Udrea y Bica.
No obstante, Costa Rica no puede extraditar a las dos mujeres hasta que se defina si se les otorga o no el refugio. Por ello, ambas rumanas se mantienen en prisión preventiva hasta que se determine su situación.
La abogada Vanessa Leandro consideró que esa medida cautelar es “arbitraria”.
“El estatus de solicitante de la condición de refugiado es totalmente incompatible con cualquier riesgo de fuga. Ellas han demostrado arraigo con el país, imposibilidad de abandonarlo. Si ellas ponen un pie en Nicaragua, Panamá o incluso en el aeropuerto, de inmediato el Estado costarricense podría interpretar que han desistido de su solicitud de protección y podría archivar su solicitud, que obviamente es lo último que ellas desean porque están argumentando que esos tres derechos humanos (vida, libertad y seguridad) se encuentran amenazados”, añadió la abogada.
Leandro indicó que, si bien Udrea podría solicitar otra condición migratoria como la residencia permanente por haber dado a luz a una hija en Costa Rica, eso no es lo que pretende.
“Ellas no están buscando una categoría migratoria, eso es relativamente fácil de obtener. Con una certificación del Registro Civil se puede iniciar un trámite migratorio para obtener una residencia permanente que es el estatus más fuerte que ofrece migración. Lo que están buscando es el derecho de asilo, ellas son perseguidas por la crisis constitucional que vive Rumanía, en donde la Unión Europea califica al sistema judicial de Rumanía con tres enormes características: es un sistema debilitado, corrupto y politizado”, afirmó la abogada.
La Defensoría de los Habitantes están participando en este proceso para vigilar la legalidad del mismo, comentó la abogada de las rumanas.
