El tribunal contencioso administrativo anuló decreto del gobierno Figueres Olsen que hace 19 años eliminó del reglamento de la Ley de Hidrocarburos requisitos ambientales que debían cumplir las empresas petroleras ante de que puedan suscribir un contrato de exploración y explotación petrolera con el Estado.
“Se declara la nulidad absoluta del Decreto 26750-MINAE de 27 de febrero de 1998…” decidió el tribunal sobre el decreto que modificaba el Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, firmado por el entonces presidente José María Figueres el ministro de Ambiente René Castro.
El Tribunal Contencioso Administrativo, determinó que “el artículo segundo y todo el Título X del Reglamento a la Ley de Hidrocarburos, artículos 266 al 283… recobran su vigencia original”
Considera el Tribunal que “el decreto cuestionado implica un debilitamiento de la prevención necesaria de eventuales consecuencias negativas necesarias con motivo de la prospección y exploración petrolera, al dividir el Estudio de Impacto Ambiental en dos fases y establecer la firmeza de la concesión con solo la primera…”, reza la Resolución 128-2017-V del 4 de diciembre del 2017.
El decreto fue impugnado hace siete años por el biólogo ambientalista Freddy Pacheco, que ganó el juicio pero la Procuraduría General de la República apeló y tuvo que hacerse otro juicio que nuevamente fue ganado ahora por Pacheco.
Tras el mencionado fallo, la empresa petrolera que desee firmar con el Estado costarricense un contrato de exploración y explotación de hidrocarburos, tendría que cumplir con el requisito de presentar ante la Setena un Estudio de Impacto Ambiental, a fin de obtener antes la correspondiente viabilidad ambiental.
El decreto ahora eliminado permitió a Harken la firma de un contrato con el gobierno del entonces Presidente Miguel Ángel Rodríguez, para explotar petróleo en 2633 km2 en la vertiente Caribe de Costa Rica, sin haber obtenido la viabilidad ambiental de parte de la Secretaria Nacional Técnica Ambiental (Setena), aunque el contrato luego fue impugnado y fue motivo de una reclamación judicial por parte de la empresa contra el Estado costarricense.
