Tribunal Ambiental señala a piñeras por contaminar Caño Negro

El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) señala a las fincas piñeras como las principales responsables del daño ambiental que sufre el humedal de Caño Negro,

El Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) señala a las fincas piñeras como las principales responsables del daño ambiental que sufre el humedal de Caño Negro, ubicado en el Refugio de Vida Silvestre del mismo nombre, al norte del país.

Tras una inspección a Caño Negro y los sectores aledaños en los cantones de Upala, Los Chiles y Guatuso, el Tribunal emitió un informe el pasado 10 de marzo, en el que denuncia las malas prácticas de las piñeras y cómo estas afectan a este humedal, que también está protegido por la Convención Ramsar desde el año 1991.

El informe del Tribunal Ambiental detalla que encontró diversos problemas en la zona,  tales como la inexistencia de obras de conservación de suelos que minimicen el impacto al recurso hídrico y falta de trampas para la retención de sedimentación.

También cita cambio de cursos de quebradas entre cultivos, cambios ilegales de uso de suelo, pozos perforados sin permiso, tala de árboles y desecación de lagunas y humedales.

Todos estos problemas se atribuyen a diversas actividades, aunque en el caso del cultivo de la piña, el TAA reporta invasión a las áreas de protección, tala sin autorización de la Administración Forestal del Estado (AFE) para cultivar piña, y la operación de empresas piñeras sin trámite de viabilidad ambiental, o que solo operan con la viabilidad otorgada para la planta de empaque y no para la plantación.

El TAA advierte de otros problemas como la sedimentación, la posible afectación a la salud por la presencia de agroquímicos en el agua, la invasión a áreas de protección de nacientes, quebradas y humedales, y hasta basureros de diverso tipo a cielo abierto.

 

En las conclusiones, el informe apunta que existen variadas actividades que afectan a la naturaleza en los alrededores y dentro del refugio de Caño Negro, pero que la de mayor importancia es el cultivo de la piña.

“Lejos de disminuir la actividad piñera en la zona, está en proceso de crecimiento y por ende una mayor afectación a los diferentes ecosistemas naturales, principalmente en el Humedal Caño Negro”, advierte el documento.

“Se concluye  que no se aplican buenas prácticas ambientales en las piñeras visitadas;  todo lo contrario, de acuerdo con lo visto, son malas prácticas ambientales que inciden de forma negativa contra los diferentes ecosistemas de la zona”, añade el informe.

Para el TAA, el cultivo de esta fruta en la zona está poniendo en riesgo la salud humana de las poblaciones que consumen o utilizan el agua, por la deposición de agroquímicos en los cauces y fuentes de este líquido.

Entre las recomendaciones, el TAA hace un llamado a las municipalidades de la zona para que fiscalicen las construcciones y la extensión de cultivos sin permisos, y señala que de parte del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), el seguimiento y fiscalización a la actividad piñera  es “nulo”.

Dicho tribunal “considera que de acuerdo con lo inspeccionado, los productores no ha cumplido con cada uno de los requisitos ambientales exigidos para iniciar con las plantaciones de piña y otras actividades”, indica el informe.

También se hace un llamado de atención a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), para que antes de otorgar una viabilidad ambiental se tomen todas las medidas mitigatorias y se solicite el criterio de expertos, con el fin de conocer la factibilidad del cultivo frente a la afectación ambiental.

Al TAA le preocupa la poca protección que tiene el Refugio de Vida Silvestre Caño Negro, y las diferentes incursiones de las que es víctima por parte de productores, ganaderos y otras personas de los lugares aledaños.

DESACATO

El presidente del TAA, José Lino Chaves, comentó que el peligro que corre el humedal de Caño Negro está ampliamente documentado por parte de la Universidad de Costa Rica (UCR), y podría desaparecer en los próximos 10 años.

Desde el año anterior, el TAA realizó dos barridas ambientales en las que advirtió a varias empresas piñeras por las malas prácticas encontradas, pero -de acuerdo con Chaves- en la inspección que se realizó en febrero de este año, la mayoría no hizo ningún caso.

“Los informes que nos traen es que las empresas a las que se les giraron las cautelares, en un 80% están haciendo  caso omiso; entonces el tribunal va a tomar la decisión de proceder al cierre de empresas piñeras por falta de cumplimento”, expresó Chaves.

“No  lo hacemos solo por el beneficio de Caño Negro y el recurso natural que hay ahí, sino también por un aspecto fundamental del Estado de Derecho, porque lo peor que puede suceder a una sociedad es que los administrados no cumplan con lo que ordena una autoridad competente”, comentó.

Para Chaves, la situación actual es tan grave, que el TAA no tiene más opción que tomar medidas drásticas y proceder a los cierres por medio de las barridas ambientales.

Chaves informó que ese órgano realizará “barridas ambientales” en distintos puntos del país, para determinar la situación del cultivo de la piña, la destrucción de manglares y la mala operación de plantas de tratamiento de aguas, entre otros problemas que enfrenta el país.

 


Andrei Bourrouet: “Hay que tratar de poner a la gente al día”

UNIVERSIDAD consultó al  viceministro del Ambiente, Energía y Telecomunicaciones, Andrei Bourrouet,  por los señalamientos que hizo el Tribunal Ambiental Administrativo (TAA) tanto a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA), como a otras instancias del Ministerio de Ambiente por la falta de fiscalización a las piñeras en la zona norte.

En criterio de Bourrouet, muchos de los proyectos que causan problemas o están sin permisos en estas zonas, son “reciclajes” de cultivos anteriores, como papaya, melón, banano y otros, que se deben poner al día con el tema ambiental.

El viceministro, quien tiene como recargo el puesto de secretario general de la SETENA, aseguró que la institución no ha estado aplicando bien un instrumento conocido como EDA, que es una especie de evaluación ambiental a posteriori, con el que se podría poner al día a proyectos que en muchos casos no tienen ni expediente en la SETENA.

Bourrouet considera que debe haber un balance y dar la oportunidad a los proyectos de ponerse al día, pero también determinar el cobro de daños ambientales y solicitar a los infractores la recuperación del daño ambiental.

El funcionario aseguró que en el MINAET se está trabajando muy estrechamente con la Cámara de Productores de Piña (CANAPEP), para que mejoren su gestión ambiental, su productividad y la imagen de la actividad.

“Ellos tienen el reto de presionar a sus asociados, pero también muchos de los problemas se dan en empresas y fincas pequeñas porque las empresas grandes son más estrictas en el cumplimiento de la normativa. ¡Imagínese como estaríamos si los grandes no cumplieran, con las extensiones tan grandes que manejan!”, afirmó.

Reconoció que hay una falta de capacidad de la Administración en general para fiscalizar los proyectos, aunque aseguró que se hacen esfuerzos de coordinación entre las diferentes entidades para hacer un mejor trabajo.


Otros Artículos

Desde el Medioevo sintieron como una necesidad la diversión de la sociedad y crearon el carnaval como un derecho del pueblo. Una vez al

Un análisis sobre el uso de la ideología del miedo por parte del Estado costarricense y las posibilidades de la ciudadanía de construir un

La situación hídrica en Costa Rica adquiere características alarmantes, concluyó el foro sobre conflictos hídricos relacionados con la gestión y consumo de agua y

El Banco Central de Costa Rica (BCCR) reconoció que el aumento de los precios internacionales del petróleo podría impedir que el país registre una

¿Es usted una persona firme o dura? Si es dura, tiene entonces la opción o alternativa de volverse firme. Si ya es una persona

Si alguna vez ha vivido o visitado una casa de adobe, habrá comprobado que la sensación de bienestar es mucho mayor que en cualquier

Las empresas de cable del país quedaron obligadas a transmitir la señal de televisión abierta (canales nacionales), debido a una resolución de la Sala

La Contraloría General de la República ordenó a los distintos cuerpos de policía e instituciones relacionadas con la seguridad ciudadana, crear instrumentos de coordinación