Un boleto de autobús y poco menos de 20 dólares en el bolsillo. Eso era todo con lo que contaba “Adrián” cuando pisó, por primera vez, territorio costarricense. No tuvo mucho tiempo para planear las cosas: la suya fue una salida de emergencia. En una Honduras marcada por la homofobia y los crímenes de odio, quedarse no era una opción.
La historia de Adrián, cuya identidad está protegida, puede sumarse a las de 1.797 personas que han llegado a Costa Rica en busca de refugio a mayo de este año, provenientes de El Salvador, Honduras y Guatemala, según datos del Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur).
Sin embargo, se trata de un caso más complejo: Adrián forma parte de la comunidad LGBT (Lesbianas, Gays, Bisexuales, Transgénero y Transexuales) de los países del Triángulo Norte de Centroamérica que han solicitado refugio por motivos de persecución por su orientación sexual.
“Un nuevo tipo de refugiado”, le llaman algunos. Tan novedoso que en la mayoría de los países, al menos en Latinoamérica, este tipo de persecución no es reconocida como tal. En los formularios no existe esa opción para elegir y los solicitantes que llegan a las oficinas de migración muchas veces prefieren no mencionarlo.
“Quizá el reto más grande que estamos enfrentando es el ocultamiento: los tenemos en la calle (población LGBT) y no se identifican, no es fácil que lleguen a migración a pedir el mecanismo de protección y realmente estamos a riesgo de una indigencia por razones humanitarias”, comenta Zoilamérica Ortega, socióloga y una de las coordinadoras de la Comunidad Casabierta, organización que atiende a personas pertenecientes al movimiento de diversidad sexual en Centroamérica.
En el caso de las personas transexuales este proceso es más delicado. Muchas de ellas llegan al país y continúan ocultando su identidad o detienen el cambio de esta “por el acoso, las amenazas que continúan viviendo o por los niveles de traumatización que evidentemente son mucho mayores que los de las otras poblaciones”, señala Ortega.
Hablar de estos casos particulares conduce a cifras muy pequeñas. “Nosotros no nos dejamos llevar por los números”, advierte Ana Belén Anguita, oficial de Protección Senior del Acnur. “Lo que hacemos es poner servicios a disposición de estas personas para asegurarnos de que podemos seguir las tendencias. Esto nos ha llevado a ciertos beneficios, por ejemplo en Costa Rica recientemente los tribunales han reconocido la protección internacional a personas por estos motivos”, agrega.
En efecto, durante el 2015 la unidad del subproceso de refugio de la Dirección General de Migración y Extranjería (DGME) atendió seis solicitudes por temas de género, de las cuales se reconocieron cuatro. Un hecho que marca todo un precedente en la región, según Allan Rodríguez, jefe de dicha unidad.
Así mismo, para lo que llevamos del 2016, ya se tiene conocimiento de al menos cinco solicitudes donde se señala la persecución a grupos diversos como el principal motivo por el que se solicita protección.
Lo cierto es que, a pesar de ser pequeñas, las cifras están ahí y dan cuenta de lo que Adrián se empeña tanto en aclarar: “Ya no estamos buscando una migración económica, como fue por durante muchos años. Ahora estamos migrando por una situación de inseguridad en el país y la inseguridad individual que vivimos las personas de la comunidad LGBT en este momento”.
Su preocupación no es para menos. Entre el 2010 y el 2015 se registraron 166 crímenes de odio en Honduras en contra de personas de la población LGBT, de acuerdo con un informe realizado por la Asociación para una Vida Mejor de Personas Infectadas y Afectadas por el VIH-SIDA (Apuvimeh) en ese país.
“En este contexto de escapar, de salvar la vida, decidimos salir del país no con un proyecto establecido ni con un plan a seguir, salimos del país y ya. Vienes acá en busca de tu protección y de rehacer tu vida, de salvarte, continuar”, comenta el hondureño.
Adrián llegó a Costa Rica con una hoja en blanco por delante. En su país él tenía un negocio propio, una familia y una pareja. La presión de las maras para que pagara el impuesto de guerra y las constantes amenazas contra su familia lo hicieron decidirse.
“Llegas a un límite donde ves que la situación está fuera de control, no podés hacer nada más”. Ahora él tiene cuatro años de estar en suelo tico y todavía se encuentra en el proceso para que le otorguen el refugio, pues su solicitud, en primera instancia, fue denegada.
Desorientación y miedo
“Josué” tiene 24 años y por fin comprará un clóset. Pudo haberlo hecho durante los últimos cuatro años, desde que llegó a Costa Rica; sin embargo, la incertidumbre sobre su condición migratoria y el miedo de ser devuelto a su país ni siquiera le permitían sacar la ropa de sus maletas.
Todo cambió hace un par de semanas, cuando le confirmaron que su solicitud de refugio había sido aprobada. El clóset es su regalo de celebración.
Al igual que Adrián, Josué pertenece a la comunidad LGBT. Su identidad también está protegida, por lo que ambos nombres son ficticios. Sin embargo, sus historias se repiten día a día en el territorio centroamericano, un éxodo de personas que huyen en busca de protección ante las crecientes olas de violencia en sus países de origen.
Si dejar todo atrás no es una decisión fácil, llegar a una frontera y toparse de frente con todos los trámites para realizar una solicitud de refugio tampoco lo es, particularmente cuando no se sabe por dónde empezar y los recursos con los que la persona cuenta son escasos.
“El mayor dilema para estas personas es a quién pueden contar sus historias, en quién pueden confiar y a quién pueden pedir ayuda”, apunta Ana Belén Anguita, protectora Senior de Acnur.
Para Josué, el proceso de adquirir la condición de refugiado significó una constante abertura de viejas heridas.
“Yo el primer año hice todo solo, fui a migración solo. Ya después conocí Casabierta. Fue tan estresante, es un proceso que da mucho miedo. Además, las entrevistas, dependiendo de la persona, son terribles porque te hacen como victimizarte, prácticamente te piden una foto para creerte”.
Es precisamente el marco probatorio que se les pide a las personas solicitantes de refugio uno de los aspectos a los que tanto Casabierta como el Acnur buscan una propuesta más integral y viable.
“Los muchachos requieren llevar un conjunto de pruebas que establecen las leyes y que para un perseguido por orientación sexual es muy difícil sostener”, comenta Zoilamérica Ortega.
En este sentido, Allan Rodríguez, de la DGME explica que la situación es bastante complicada, porque la discriminación y la violación de derechos fundamentales no siempre están documentadas como tales.
En estos casos específicos, la historia tal cual como la cuentan las personas, lo consistentes que puedan ser y la obligación de la administración de conocer el contexto de donde viene el o la solicitante son elementos tomados en cuenta para denegar o aprobar una solicitud.
“Ellos esperan (los de Migración) que sea una situación donde pasa algo y sales disparado. Yo creo que en mi caso era una situación más de violencia en mi hogar, en mi universidad, una violencia en mi pueblo donde ya no podía reconocer los diferentes lugares donde vivía y estudiaba como seguros”, apunta Josué.
Cuando llegó al país, su mayor deseo era dejar atrás el pasado y terminar sus estudios universitarios, por lo que debió buscar trabajo para pagar su carrera. Sin embargo, su condición como solicitante de refugio le cerró muchas puertas, principalmente por el desconocimiento de la misma institucionalidad costarricense respecto a los documentos emitidos por la DGME para refugiados.
Difícil integración
En buena teoría, el documento provisional extendido por las Oficinas de Migración mientras una persona resuelve su estatus como refugiado es un documento oficial con el que la persona puede solicitar empleo y acceder a servicios básicos.
“Nosotros como administración cumplimos en la parte que nos corresponde que es emitir el documento y decir ‘este es un documento válido, es su identificación para todos los efectos en Costa Rica’, sin embargo hay cierta resistencia (…) no está teniendo el impacto que quisiéramos”, señala Allan Rodríguez de la Unidad de Refugio de la DGME.
En la práctica, muchas empresas (públicas y privadas), los bancos y servicios de salud desconocen dicha documentación, ya que piensan que es emitida por los gobiernos de otros países o les genera desconfianza.
José Daniel Rodríguez, académico e investigador de las Escuela de Ciencias Políticas de la Universidad de Costa Rica, explica que incluso si una persona solicitante de refugio tuviera dinero en su país o familia que se lo enviara, no serviría de mucho, pues en muchos bancos no reconocen el documento.
“Tanto el documento provisional como el oficial cuando una persona ya es refugiada son razones de exclusión, porque al ser diferentes de una cédula de identidad le generan al cajero del banco o a la persona que recibe pacientes desconfianza”, agrega.
En el caso de acceso a la salud de la población LGBT en particular el panorama se agrava cuando se tienen personas portadoras de VIH, por ejemplo, que no logran recibir un tratamiento y una medicación adecuada.
Fue el caso de una de las solicitudes presentadas el año pasado ante la DGME, cuando estaba a punto de aprobarse dicha solicitud, la persona que acudió en busca de protección había fallecido.
Es aquí donde la desinformación y el tiempo excesivo para dar una resolución son dos factores de revictimización, primero, y de discriminación después, según el académico.
Aprobar o denegar una solicitud de refugio implica un período donde pueden transcurrir desde tres meses hasta tres años, dependiendo de los casos.
Para la socióloga Ortega, este tiempo se convierte en una ventana de riesgo en la que el crimen organizado o las redes de trata pueden reclutar a las personas migrantes, además de incidir en aspectos psicológicos de estas.
“El tiempo prolongado puede conducir a la persona a tener efectos en su personalidad: no tienes trabajo, no tienes estatus migratorio, no tienes familia, no tienes casa. Eso llega a ser una especie de castración a tus fuerzas elementales”, comentó.
Dados el constante rechazo y estigmatización hacia las personas refugiadas y migrantes fue hasta diciembre del año pasado que Josué pudo firmar un contrato de renta, “porque a otra gente no les gusta, dicen que no aceptan extranjeros al escucharte el acento”, dice el joven hondureño.
A pesar de situaciones como esas, obtener el estatus de refugiado le ha permitido a Josué caminar tranquilo por la calle y reconocer su propia orientación sexual sin temor a que su vida corra peligro.
“Fue en Costa Rica la primera vez que yo agarré a alguien de la mano como pareja”, comentó el joven hondureño. Ahora estudia en la Universidad de Costa Rica, donde si bien no está a salvo de comentarios xenófobos y homófobos, al menos se siente más seguro de lo que podría sentirse en su país natal.
Migración masiva desde el norte
La violencia generalizada en la parte norte de Centroamérica ha provocado el aumento de personas solicitantes de refugio en el país. Según datos del Acnur, en el año 2015 se recibieron 889 solicitudes de refugio, de las cuales 801 pertenecían a salvadoreños, 82 a hondureños y seis a personas guatemaltecas.
En los primeros meses de este año se percibió un aumento significativo, cuando no alarmante, de solicitudes de asilo en el país de personas provenientes del triángulo norte. Para el lapso entre enero a mayo del 2016 ya se registraba un total de 784 solicitudes de asilo, en su mayoría (728 solicitudes) de personas salvadoreñas, seguido por 53 hondureñas y tres guatemaltecas.
En cuanto a las tasas de reconocimiento, el año anterior se aprobaron un total de 79 solicitudes de asilo de personas originarias de El Salvador, Honduras y Guatemala -67, 10 y dos respectivamente-. Para lo que va de este año se han otorgado 61 condiciones de refugio, 59 para personas de El Salvador y dos de Honduras.
En el 2015, el 41% del total de solicitudes que recibió la Dirección General de Migración y Extranjería pertenecían a migrantes del triángulo norte, para los primeros meses del 2016 ese porcentaje subía a 44%.
La población LGBTI que llega a las fronteras en busca de asilo cuenta con una triple vulnerabilidad, ya que por lo general han sido acosadas en su país, incluso en sus propios hogares, como lo demuestran los antecedentes de violencia intrafamiliar con los que, según Zoilamérica Ortega, han llegado muchos jóvenes a la organización Casabierta.
Además, la persecución pública y la marginación sistemática de sus derechos por parte del Estado de sus países respectivos, aunado al bajo nivel educativo consecuencia del limitado acceso a oportunidades, constituye otra de las vulnerabilidades que presenta la población, lo que los pone en desventaja frente a otras poblaciones migrantes.
Allan Rodríguez, Jefe de la Unidad de Refugio: “Estamos recibiendo entre 300 y 400 solicitudes de refugio por mes”
La principal dificultad en los procesos de otorgar el estatus de refugio a una persona es contar con la prueba que sustente esta condición migratoria.
La falta de personal para atender la creciente ola de solicitudes de refugio que recibe el país, por un lado, y el desconocimiento y rechazo hacia la condición de refugiado o solicitante de refugio, por otro, son algunos de los retos que se presentan tanto para la institucionalidad costarricense como para la población que huye de sus países de origen para encontrar ayuda en el nuestro. El jefe de la Unidad del Subproceso de Refugio de Migración y Extranjería, Allan Rodríguez, conversó con UNIVERSIDAD acerca de estas problemáticas; a continuación un extracto de la entrevista.
¿Cuál es el proceso que sigue una persona cuando solicita refugio, desde que llega a la frontera?
La Unidad de Refugio es la encargada de recibir y tramitar cada una de las solicitudes que se presenten a nivel nacional, sea en un puerto, un aeropuerto o frontera terrestre. Una persona puede presentarse en la frontera y manifestar que desea solicitar refugio, incluso si no trae ni siquiera su documento de identificación. Ya desde ahí, como Estado tenemos la obligación de recibir esa solicitud y tramitarla. En ese momento, se abre una sombrilla de protección que le permite el ingreso al territorio nacional e iniciar el proceso de solicitud.
En la frontera se le hace una intervención para ver cuáles son sus motivos. De ahí remiten la información a la Unidad de Refugio. La persona va a ser citada a Migración, va a llenar un formulario con información muy básica: sus datos de identificación, por qué solicita refugio y algunas preguntas que para nosotros resultan de interés en ese momento. Después se le programa una entrevista para la cual debe traer ciertos requisitos. Por ejemplo, tiene que ir e inscribirse para la toma de huellas, una certificación de nacimiento, antecedentes penales, su estado civil. Si la persona no trae eso –como en la gran mayoría de los casos– pueden presentar una declaración jurada. Para eso hay algunas ONG que trabajan con refugiados y solicitantes que de forma gratuita les facilitan el tema.
La entrevista es un momento crucial en el procedimiento, porque es donde tienen la oportunidad de narrar a viva voz por qué solicitan refugio. Va a estar frente a un oficial de elegibilidad que evalúa la entrevista y hace una recomendación que es elevada a la Comisión de Visas Restringidas y Refugio. Esa comisión está compuesta por tres ministros: el de Seguridad, Trabajo y el Canciller de la República.
De haber una denegatoria de la solicitud se va al Tribunal Administrativo Migratorio que es el que agota la vía administrativa.
Usted había mencionado antes que estaban tardando entre seis y siete meses para una primera respuesta. ¿Por qué el proceso para resolver una solicitud de refugio toma tanto tiempo?
En el 2012 nosotros recibíamos entre 80 y 100 solicitudes por mes con un personal de cinco funcionarios de la dirección (General de Migración y Extranjería). En este momento, continuamos siendo las mismas cinco personas, pero estamos recibiendo entre 300 o 400 solicitudes (por mes), lo que ha sobrepasado la capacidad institucional para la atención de las mismas. Hay que tener claro que el análisis de cada uno de los casos requiere un tiempo considerable. Se trata de un análisis exhaustivo de la narración de estas personas, que de no ser reconocidas tienen la opción de optar por cualquier otra condición migratoria, si cumplen con los requisitos, o hacer abandono voluntario del país en un tiempo prudencial.
Ahora estamos en un proyecto durante estos últimos siete meses del año, desde junio hasta diciembre, en el que el Acnur viendo esa necesidad y esa mora en la primera etapa de la resolución, contrató a 15 personas que están resolviendo las solicitudes. Para diciembre esperamos estar al día.
¿El criterio que emiten estos oficiales por cuáles otros filtros pasa?
Ellos como especialistas analizan el caso y emiten un criterio; eso yo lo filtro como jefatura. En algunas cuestiones podemos tener discusiones sobre los casos, pero si va de forma positiva o negativa la recomendación, es un criterio del oficial. Ese criterio es expuesto a la Comisión, que tiene la competencia para decir si acepta o no ese criterio.
¿En el caso de personas que solicitan refugio debido a la persecución por su orientación sexual, qué tipo de pruebas solicitarían ustedes?
El tema de la prueba es todo un reto porque generalmente no se cuenta con ninguna. Ellos pueden aportar cualquier elemento que nos pueda ayudar. Yo no podría –muy difícilmente– llegar a acreditar las agresiones que una persona haya sufrido, aquí es un tema de probabilidades. Si la persona me dice que era activista, parte de una organización, que al menos me acredite que en efecto era parte de la organización. A partir de ahí, que es la base de la historia que tomo como ejemplo, nosotros podemos ir construyendo esta pirámide de probabilidades para determinar “bueno, es razonable que esta persona hubiese sido objeto de ciertas agresiones”, si fuera el caso.
De igual forma, nosotros en algunos casos nos apoyamos en especialistas. Si vemos que la situación es bastante complicada y no es solo un tema jurídico, puede ser que la ayuda de un psicólogo nos pueda servir. Remitimos esa persona a las ONG que nos colaboran para que lleve algún tipo de seguimiento ahí y un especialista nos pueda rendir algún informe, que nos pueda decir: “Sí, efectivamente esta persona muestra signos de que tiene algunos traumas por situaciones pasadas”.
¿El documento emitido por Migración, tanto el transitorio cuando una persona solicita refugio, como el que se otorga a las personas a las que ya se les reconoce la condición de refugiada qué alcance tiene?
Cuando una persona plantea una solicitud y a los tres meses la administración no ha resuelto de forma definitiva, nosotros emitimos un carné con un permiso laboral y manifestamos todos los alcances del documento, como que puede realizar cualquier actividad remunerada por cuenta propia o en razón de una relación laboral. A ese documento se le incluyó una numeración Dimex, aunque no es un Dimex como tal (Documento de Identidad Migratoria para Extranjeros, que se les daría si se les reconoce como refugiados), pero tiene la numeración para que cualquier entidad financiera pueda aceptar y tomar esa identificación como válida.
Nosotros como administración cumplimos en la parte que nos corresponde que es emitir el documento y decir “este es un documento válido, es su identificación para todos los efectos en Costa Rica”; sin embargo, hay cierta resistencia. Es muy lamentable, porque en ningún otro estatus que usted esté solicitando como extranjero en el país, mientras se le resuelve, usted tiene un documento que lo autorice a trabajar, a contratar o hacer cualquier tipo de diligencia. Los solicitantes de refugio sí, pero no está teniendo el impacto que quisiéramos. Muchas veces el desconocimiento y hasta la propia figura del refugio provoca cierto recelo.
Con esfuerzos de la misma sociedad civil, incluso con la ACAI nosotros hemos ido a tocar las puertas de empleadores, algunos tal vez ven con sorpresa el documento porque no lo conocen. Con entidades financieras también lo hemos hecho. Estas últimas entienden que el documento es válido, pero ellos por criterios propios consideran que esas situaciones son temporales y transitorias, entonces en un análisis de riesgo elaborado por ellos no consideran conveniente la apertura de una cuenta, por ejemplo, con ese documento.
Cuando ya las personas son refugiadas tienen un Dimex que no indica que sean refugiados, precisamente por situaciones como estas. Nos encontrábamos con que iban por un crédito y el carné decía “refugiados” y de una les decían no. Entonces ahora lo que dice es “categoría especial”, “libre condición”. Hay varias categorías especiales, es algo que nos reservamos en la administración, pero en principio no deberían tener ningún problema.
