Tres vetos realizados por el presidente Rodrigo Chaves en un período de tres meses a leyes aprobadas por los diputados se han acumulado en la Asamblea Legislativa, y se convierten en un desafío creciente para los equilibrios legislativos.
De hecho, el oficialismo ha realizado continuas solicitudes para votar el más antiguo de estos expedientes, el veto a los vuelos baratos a Centroamérica realizado desde el 14 de febrero, en el que calculan que la oposición no ha logrado reunir los 38 votos necesarios para resellar el proyecto y convertirlo en ley.
No tiene la misma premura con los otros dos vetos, el concretado el 21 de febrero a la reglamentación de leyes, y el más reciente, el 5 de mayo, al adelanto de las pensiones para el Organismo de Investigación Judicial (OIJ). En estos, la oposición podría tener más posibilidades de alcanzar el requisito de los 38 votos para anular el veto presidencial (ver recuadro de “Vetos pendientes”)
Sin embargo, conforme se acumulan más vetos, crece la posibilidad de negociaciones cruzadas en la oposición para obtener el respaldo para un resello, a cambio del apoyo para otro. De ahí la insistencia de Zapote en apresurar la primera votación, y por el contrario, del Partido Liberal Progresista (PLP), impulsor la reducción de impuestos a los vuelos a Centroamérica, por haber postergado en al menos tres ocasiones la votación de este veto, desde el 24 de febrero.
La administración de Rodrigo Chaves ha emitido nueve vetos para proyectos de ley que ya habían recibido segundo debate. De los seis tramitados anteriormente, la mayoría (cuatro de seis) fueron resellados: dos en octubre de 2022, uno al proyecto para excluir al 911 de la regla fiscal, y una reforma a la ley del depósito libre de Golfito; otro en febrero del 2023, para excluir a Procomer de la regla fiscal, y el cuarto en setiembre del 2023, para sacar a Costa Rica de la lista gris de la Unión Europea.
Cada resello representa un creciente desafío al presidente Chaves y mina su autoridad. Por ello ha tenido que escoger e incluso abstenerse de vetos que había anunciado, como el caso de la rebaja al marchamo, en el 2023, y más recientemente, la rebaja en el impuesto de la renta para los trabajadores independientes, proyecto del Frente Amplio que recibió el segundo debate el 24 de febrero del 2025, cuando el Ejecutivo ya arrastraba las vetos a los vuelos baratos y a la reglamentación de las leyes.
Ahora, ante los frentes abiertos con iniciativas de PLN, PUSC y el PLP sobre la mesa, resulta notorio el esfuerzo del Ejecutivo para tratar de evitar más piezas sobre este tablero y que se sigan acumulando.
Esto explica el intento de sacar del escenario los vuelos baratos, desconvocando el resto de la agenda legislativa para el inicio de las sesiones extraordinarias (cuando la definición de los proyectos que se discuten corresponde al Poder Ejecutivo), pero que deberá esperar a que finalice el análisis del discurso del Presidente.
Vetos pendientes:
24.207, “Ley para fomentar los vuelos de bajo costo a Centroamérica”, votado en segundo debate el 6 de febrero, vetado el 14 de febrero.
El proyecto del PLP establece la reducción de impuestos en los boletos hacia la región que no superen los $100, vuelo de ida y vuelta, y que no superen los $120 en los traslados a República Dominicana.
En el veto, el Poder Ejecutivo cuestiona que se pueda producir una rebaja en las tarifas de los vuelos a la región, y en cambio considera que se presentarán reducciones en los ingresos del Ministerio de Hacienda, producto de la reducción de los impuestos, y de una posible afectación a la industria turística nacional.
23.192, “Ley para garantizar la reglamentación de leyes por parte del Poder Ejecutivo”, votado en segundo debate el 13 de febrero, vetado el 21 de febrero.
Propuesta de Daniela Rojas, del PUSC, pretende que el Gobierno esté obligado a realizar la reglamentación en el plazo establecido por la ley, o en caso de que no se haga mención a un período en específico, en un plazo máximo de seis meses. Sanciona con inhabilitación de uno a cuatro años para ejercicio de cargos públicos, en caso de comprobarse.
El Presidente alegó que no se consultó el texto a las instituciones autónomas, municipalidades y la Corte Suprema de Justicia, y que esta iniciativa es desproporcionada e irracional en cuanto a la sanción propuesta.
22.817, Adición de artículo 226 a Ley Orgánica del Poder Judicial (Pensiones anticipadas de OIJ) Se aprobó en segundo debate el 22 de abril, y el Presidente lo vetó el 5 de mayo.
Iniciativa de Dragos Dolanescu (Republicano Social Cristiano), que fue retomada por Alejandra Larios, del PLN. Permite que personas de OIJ que trabajen en sección de cárceles y con permiso de portación de armas puedan pensionarse a 55 años.
El Presidente alegó que proyecto transgrede el principio de igualdad ante la ley, compromete la sostenibilidad financiera y por tienen defectos de razonabilidad técnica, ya que no tiene “estudios rigurosos” e impactaría el Fondo de Jubilaciones y Pensiones del Poder Judicial.
