En medio del conflicto entre autoridades de salud y los especialistas médicos, existen en la corriente legislativa tres proyectos de ley que pretenden mitigar el problema, una del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) para crear una comisión interinstitucional que genere soluciones en temas como la formación y un examen único; otro del Frente Amplio (FA) para autorizar una inopia temporal, y un tercero del Partido Liberación Nacional (PLN), que permitiría un cambio en la modalidad de pago para los funcionarios.
Dos de esas iniciativas, el expediente 23.312 del FA, firmado por el entonces diputado José María Villalta, y el expediente 24.239, suscrito por las diputadas Kattia Rivera y Monserrat Ruiz, son de un solo artículo. El expediente 23.611, firmado por la diputada Melina Ajoy y sus compañeros del PUSC, es de cuatro artículos, pero además tiene la intención de servir como base para que la Asamblea Legislativa analice el tema y procure soluciones para varios de los aspectos que generan el conflicto.
El primero en ser presentado fue el proyecto 23.312, presentado en marzo del 2019 por Villalta, y que se tramita en la comisión de Jurídicos. Propone una reforma a la ley del Ministerio de Salud, para autorizar la declaración de una inopia temporal (hasta un año) y la autorización para que profesionales no incorporados al Colegio Profesional de Médicos puedan ejercer, como medida de emergencia ante una crisis que ponga en peligro la salud de los ciudadanos.
La última de las iniciativas fue el proyecto 24.239, el pasado 1 de abril, y todavía no tiene asignada comisión. Consiste en una autorización para que los especialistas de la CCSS que devengan un salario compuesto en su jornada ordinaria, menor al que correspondería en la modalidad de salario global, puedan trasladarse.
La iniciativa 23.611 fue presentada en marzo del 2023 en la comisión de Asuntos Sociales, y lleva terreno avanzando: el despacho de la diputada Ajoy indicó que ha recibido criterios del Sindicato Nacional de Médicos Especialistas (SINAME) y de la presidenta de la CCSS, Marta Esquivel, aunque todavía está pendiente la posibilidad de una reunión con autoridades del Ministerio de Salud.
El proyecto propone la creación de una Comisión interinstitucional para el desarrollo formativo de los especialistas de salud, integrada por representantes de la CCSS, el INS, el Poder Judicial, universidades públicas y privadas, y colegios profesionales de salud, que permita revisar el equilibrio económico de los contratos de retribución social, así como crear un examen único, que aplicarían las universidades públicas y privadas, así como para la acreditación de especialistas internacionales.
En ese sentido, se considera que parte de los incentivos para el avance de las especialidades médicas en el país, que ya de por si son insuficientes ante el crecimiento demográfico, se requiere de un análisis que permita replantear estas condiciones. “El proyecto procura la inclusión del tema de especialidades médicas como parte de los ejes de la Política Nacional de Recursos Humanos en Salud, con el propósito de normar, unificar y estandarizar los procesos nacionales de formación de especialistas”, dice el expediente.
Sin embargo, desde el despacho de la diputada Ajoy se enfatizó que se pretende propiciar en la Asamblea Legislativa espacios para la discusión y búsqueda de alternativas para estos temas.
