País Jerarca ordenó cierre de cuatro plantas del MOPT al mismo tiempo

Tres plantas de asfalto de Meco entraron a funcionar apenas asumió como ministro Méndez Mata

Expediente judicial del caso “cochinilla” muestra que las autoridades investigaron varios hechos relacionados con sobornos para mantener funcionando las plantas de asfalto de las empresas constructoras y conseguir permisos de operación de forma rápida.

Apenas asumió como nuevo ministro de Obras Públicas y Transportes de esta administración Rodolfo Méndez Mata se aprobaron los permisos de funcionamiento para tres plantas de asfalto de la empresa Meco S.A., al tiempo que el jerarca ordenaba el cierre de cuatro plantas de asfalto del MOPT.

En el 2018 la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena) le otorgó la viabilidad ambiental a tres plantas de asfalto portátiles de la empresa Meco S.A. en Las Vegas de Sixaola, Mansión de Nicoya y Aguas Zarcas de San Carlos, según una revisión de expedientes realizada por UNIVERSIDAD.

Además de las plantas anteriores, la empresa cuenta con plantas de asfalto fijas en Guápiles, La Uruca, Río Claro de Golfito y Bagaces; y plantas portátiles en Buenos Aires de Puntarenas, Quebrada Honda de Nicoya, San Antonio de Alajuela y Aguirre de Quepos, de acuerdo con los expedientes en la Setena.

En las plantas de asfalto se producen las mezclas asfálticas usadas para pavimentación y los agregados (compuestos de materiales como piedra, arena y grava) provienen de tajos cercanos.

La planta portátil de Meco, ubicada en Las Vegas de Sixaola, por ejemplo, se requería para construir el nuevo puente binacional Sixaola, de acuerdo con el proyecto presentado ante Setena.

Las plantas portátiles ya vienen armadas y se instalan sobre una losa que se debe construir en el terreno. Se usan contenedores para las oficinas y laboratorio y normalmente la vida útil del proyecto son cinco años, según los documentos. Pueden desarmarse fácilmente, trasladarse por carretera y reamarse sin invertir mucho tiempo, energía ni recursos.

¿Coincidencia?

Los permisos para operar estas plantas de la empresa Meco fueron aprobados con relativa rapidez, ya que normalmente pueden durar alrededor de un año. Antes de presentar el proyecto ante la Setena, las empresas requieren los permisos municipales y estudios. Una vez que se abre expediente en la Setena, el trámite para obtener la viabilidad ambiental puede durar entre dos y seis meses, según consultas realizadas por UNIVERSIDAD.

De acuerdo con la revisión de los expedientes, la planta portátil de Sixaola inició el trámite ante la Setena en noviembre de 2017 y recibió la viabilidad ambiental en setiembre de 2018 (11 meses); la planta portátil de Nicoya empezó el trámite el 1 de diciembre de 2017 y recibió la viabilidad en abril de 2018 (5 meses); y la de San Carlos inició trámite en febrero de 2018 y obtuvo la viabilidad en julio (6 meses) (ver línea de tiempo).

El ministro Rodolfo Méndez Mata asumió el puesto el 8 de mayo de 2018 y ese mismo mes ordenó suspender las operaciones en cuatro plantas del MOPT. Estas son la de El Chopo en Cañas Guanacaste; la de Colima en Santo Domingo de Heredia; la de Paso Real en Buenos Aires de Puntarenas; y la de Siquirres en Limón. El 14 de julio trascendió que el jerarca ordenó clausurarlas, alegando criterios técnicos, falta de demanda, incumplimientos ante el Ministerio de Ambiente y de Salud, personal no capacitado y que salía más barato comprar el asfalto a empresas privadas.

Ese mismo mes se creó una comisión legislativa especial, para que investigara el caso, a raíz de una moción del diputado liberacionista Gustavo Viales. (Ver Asfalto: el “súper negocio” que MOPT soltó para caer en manos de Meco y H Solís).

Sobornos para mantener plantas operando

En el expediente judicial judicial del caso “cochinilla” están registrados varios eventos que demuestran el valor estratégico de las plantas de asfalto para las empresas constructoras y la importancia de que sus permisos de operación se tramitaran de forma ágil. Asimismo, las autoridades investigaron varios hechos relacionados con sobornos para mantener operando plantas de asfalto, conseguir permisos de forma rápida y burlar los análisis de calidad de la mezcla asfáltica.

Por ejemplo, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) documentó que el gerente de operaciones de la empresa constructora Also Frutales S.A. Juan Carlos Abarca Quesada y Luis Adolfo Ureña Saenz, empleado de la misma, buscaron al topógrafo del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) Luis Alberto Ureña Villalobos, y al geólogo Giorgo Murillo Tsijli para que les confeccionaran los documentos de trámite y les otorgaran los permisos de forma rápida para instalar una planta de asfalto en la Zona Sur.

En las intervenciones de llamadas telefónicas que se transcriben en el documento —ocurridas en 2020— Abarca Quesada le explica a Luis Ureña Saenz que querían montar una planta de asfalto en la Zona Sur, porque en ese momento todo el material lo estaban trayendo de Paso Canoas, pasando por Ciudad Neily. Le explica que eso les permitiría abarcar Buenos Aires de Puntarenas, Paso Real y San Vito, y que los colocaba en un punto estratégico.

Los dueños de Also Frutales S.A. son Alejandro Acosta Mora y Sonia Solís Vargas, quienes son hermanos de Roberto Acosta Mora y Mélida Solís Vargas respectivamente, propietarios de la constructora H Solís.
Según relata el expediente, “Juan Carlos le consultó a Luis Ureña por qué a Meco le daban los permisos tan rápido, y Luis le aclaró a Juan Carlos que eso significaba que estos no sacaban los permisos y lo hacían todo camuflado, pero si se llegaba a identificar algo así se les cerraba la concesión y de seguido le brindó una breve explicación de los problemas que acarrearía algo como eso”.

Como se destaca en el expediente, refiriéndose a Meco, “la colocación de mezcla asfáltica es indudablemente, uno de los objetivos principales de la organización, debido a que esta labor de colocación es el trabajo más rentable y cuantioso para la economía de la empresa”.

Por ejemplo, el documento cita la “confabulación” entre el gerente de operaciones de Meco, Abel González, y el gerente comercial Alejandro Bolaños y los funcionarios públicos Erick Rodríguez Araya, del MOPT, y Christian Fallas, alias “Chucho”, del Conavi, para favorecer a la empresa justificando la aplicación de asfalto en la zona de Guápiles “a cambio de retribuciones económicas” en el 2020.

“Abel continuó diciendo que el hombre estaba molesto (haciendo referencia a Carlos Cerdas Araya) porque no se estaba trabajando en Guápiles, que la planta de asfalto estaba parada”, se lee.

De acuerdo con el OIJ, Christian Fallas estaba recibiendo dinero del gerente de operaciones de Meco “para que los favorezca en la necesidad de estar generándoles trabajo en la zona atlántica de Guápiles, para tener la planta de asfalto en funcionamiento constante, para lo cual acuden a artimañas” para justificar la necesidad de tirar “asfalto parejo”.



 

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