Tres directivos de la Junta Directiva de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS) aseguraron que el aumento salarial acordado está en firme y se ajusta al ordenamiento jurídico y los estudios financieros.
“El ajuste salarial está en firme, fue comunicado y ya generó un derecho subjetivo y a la administración ya se le comunicó. Es vigente y jurídicamente fue ejecutado” dijo Marta Rodríguez, representante de parte de los sindicatos.
Rodríguez agregó que “la Caja no está quebrada” y puede asumir el alza salarial de ¢7.500, mientras que Jose Luis Loría, representante de parte del cooperativismo, aseguró que “no solo es solvente, sino que ha asumido una gran cantidad de responsabilidades a falta de pago del Gobierno”.
El Gobierno arrastra una deuda de ¢2,7 billones con la Caja, en parte, por asumir la atención de la primera línea de atención como clínicas y EBAIS, lo cual corresponde a la cartera del Ministerio de Salud.
A pesar de esto, según los directivos, la institución cuenta con reservas que ascienden los ¢1,6 billones, entre ellas ¢900 mil millones que están invertidos en Hacienda “para sostener este Gobierno”. Estos fondos serían utilizados para proyectos en infraestructura, tecnología y recursos humanos planificados por parte de la institución.
Jose Luis Loría, representante por parte del cooperativismo, indicó que les preocupa que el Presidente de la República señale en particular a la CCSS, a pesar de que otras instituciones como la Asamblea Legislativa, el Poder Judicial, la Contraloría de la República, el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz y algunas municipalidades también han realizado el aumento.
“Lo de la Caja no es novedoso, mas bien nos preocupa y extraña la reacción del Gobierno con los de la Caja. Nos parece que es un tema que tiene que ver con la defensa de la institucionalidad de la Caja, más que del tema de salarios” dijo.
El directivo agregó que en los 12 años que ha formado parte de la Junta Directiva que “al menos hasta hoy no he visto tanta injerencia del Poder Ejecutivo” en la institución.
Y aclaró que es falso que el alza pondrá presión sobre las cuotas de los afiliados, como lo afirmó el ministro de Hacienda, Nogui Acosta:
“Desde hace 34 años la Caja tiene una cotización en el régimen de salud del 15% y a pesar de eso se aumentó la cobertura y asumió el primer nivel de atención que estaba en manos del Ministerio de Salud y que el Gobierno no ha pagado”.
Maritza Jiménez, representante del sector solidarista, insistió en que el ajuste salarial fue una decisión tomada tras una amplia asesoría técnica que incluyó a la gerencia médica, la dirección jurídica y la dirección de administración y gestión de personal, entre otros asesores.
“El trabajo que hacemos desde la Junta directiva cuando se hace una aprobación es un trabajo serio (..) no fue una decisión antojadiza” dijo Jiménez.
Los directivos finalizaron haciendo un llamado al Gobierno al diálogo.
