Tres artículos de la Ley Marco de Empleo Público (21.336) podrían ser usados para facilitar situaciones de acoso laboral y despidos políticos en la función pública, según advirtió en entrevista el legislador José María Villalta (Frente Amplio). Villalta prevé una eventual violación del artículo 192 de la Constitución Política donde se afirma que los servidores públicos “serán nombrados a base de idoneidad comprobada y sólo podrán ser removidos por las causales de despido justificado”.
De acuerdo con Villalta el proyecto de ley transforma en una falta grave la calificación del desempeño que efectúan los jerarcas de las instituciones públicas (artículo 30), para aquellas personas trabajadoras que obtengan dos calificaciones menores al 70%, de acuerdo a criterios de trabajo que establezca el jerarca de la institución (ministro o ministra, presidencia ejecutiva, persona rectora en el caso de las universidades públicas y la dirección de centros de educación, en el caso de escuelas y colegios).
También, convierten en una falta grave que los funcionarios públicos olviden rellenar diariamente un formulario electrónico con “los procesos, proyectos, productos y servicios asignados particularmente, sus plazos de entrega y tiempos estimados para su elaboración” (artículo 22).
Estos dos despidos quedarán tipificados para darse sin prestaciones a los trabajadores y el diputado Villalta afirma que son “sanciones desproporcionadas”.
Tras aprobarse una moción de Restauración Nacional en la Comisión de Gobierno y Administración, estas dos faltas graves también provocan que los funcionarios públicos queden inhabilitados de todo el aparato público “por un plazo que va de seis meses a dos años”.
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Moción de Restauración Nacional incluyó sanción prohibitiva para ocupar cargos públicos si el funcionario es despedido, esta será una sanción aparte de las inhabilitaciones que pueden declarar jueces y la Contraloría
“Me parece que algunos sindicatos ni lo han visto. Si usted ve con cuidado, lo que están haciendo es convertir en falta grave cualquier crítica que se haga al desempeño de los funcionarios”, afirma Villalta. La semana pasada, al diputado se le rechazaron mociones para influir en una mejor redacción de los artículos 22 y 30.
“Obviamente habría una mayor politización porque los jerarcas políticos usarían el instrumento para quitarse de encima a funcionarios independientes, incómodos y que denuncian, que son de otros partidos. Multiplicaría la politización de la función pública pero, también, el acoso laboral”, afirma Villalta.
“Esos mandos medios con posiciones de poder, esos pequeños déspotas que uno se encuentra en oficinas públicas, van a poder usar esos dos mecanismos para todo tipo de persecución contra los que no se conviertan en sus esclavos, esbirros, lacayos (…)E sto es lo que ocurre en el sector privado: que les dan una carta de despido y nunca he visto que le pongan que al jefe le cae mal el empleado y por eso lo despido. Usualmente ponen que han perdido la confianza, que es por reestructuración de personal o no se ajusta a los objetivos de la organización. ”, dijo también el diputado a UNIVERSIDAD.
El diputado dice que “el tema legal y constitucional, es que, en mi opinión, están burlando la garantía constitucional de estabilidad en el empleo”
“El Gobierno del PAC está intentando introducir el régimen de despido de empleo público, de forma subrepticia, disimulada. La ministra Pilar Garrido está intentando introducir el régimen de despido de las maquilas en el sector público, con la excusa de hacer evaluaciones y mejorar la calidad del desempeño”, dijo Villalta.
“De acuerdo con la Constitución Política, el artículo 192, los funcionarios públicos, salvo algunas excepciones de puestos de confianza y policías, los casos excepcionales, los funcionarios públicos tienen estabilidad en el empleo: significa que solo se les puede despedir por una falta grave, con justa causa, una falta grave demostrada en un debido proceso, o por procesos de reestructuración, que se cierra una institución, ese tipo de cosas”, explicó Villalta.
El diputado defiende que la definición del régimen de Servicio Civil en la Constitución de 1949 creó una diferenciación importante para el sector público, de forma que los jerarcas no puedan despedir “a dedo” a los funcionarios que incomodan su gestión.
“Antes de esa reforma, los empleados públicos podían quitarse y removerse, por el Gobierno de turno, a dedo. Lo que pasaba es que ni los trabajadores tenían estabilidad ni se podía formar una carrera administrativa, experiencia en la función pública, porque llegaba cada Gobierno y quitaba a dedo los funcionarios que no eran de su partido”, aseguró Villalta en la entrevista.
El resumen del trámite en Asamblea Legislativa
Este lunes, los diputados terminarán un trámite de votaciones de mociones 137 desde las cuales se votaron cambios sustanciales para el proyecto de Empleo Público; entre ellos una reforma completa de la rectoría del empleo público que quedará en manos del Ministerio de Planificación como un superministerio.
Posterior a este trámite, los diputados podrán presentar mociones de revisión para rescatar mociones que se desecharon. Al terminar, los diputados avanzarán hasta darle primer debate al proyecto de ley y, después, se presentará una consulta constitucional para evaluar temas específicos.
Entre otros, existen advertencias de una eventual inconstitucionalidad por la presunta violación del principio de división de poderes; y de la aplicación de una cláusula de objeción de conciencia que podría crear discriminación en la prestación de servicios públicos y, además, violentaría la aplicación de recursos de amparo y habeas corpus frente a la Sala Constitucional.
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