Durante el 2021 y aún después de que estallara el escándalo relacionado con el caso “Cochinilla”, la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) continuó contratando a la empresa Meco. Según consta en datos del Sistema Integrado de Compras Públicas (Sicop), solo entre agosto y noviembre del 2021 la entidad ha comprado servicios por al menos ¢284.886.560 a la cuestionada empresa.
En junio pasado el OIJ realizó decenas de allanamientos en empresas constructoras e instituciones públicas vinculadas a una supuesta operación de corrupción en que las compañías facilitaban dádivas a funcionarios con el fin de garantizarse contratos de obra pública del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi). La investigación se dio a conocer como el caso “Cochinilla”.
Aunque la mayoría de las personas detenidas fueron liberadas sin medidas privativas de libertad mientras continúan las indagaciones, Mélida Solís (dueña de H Solís) y Carlos Cerdas (dueño de Meco) están en prisión preventiva desde julio. Según consta en el expediente, se investigan los delitos de peculado, malversación de fondos, cohecho y tráfico de influencias.
El mismo mes el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) consideró prudente detener los procesos que se estaban desarrollando con estas empresas. No obstante, la CNE —que en el marco de emergencias contrata con mecanismos extraordinarios y abreviados— continuó haciendo negocios con la empresa de Cerdas.
“Los señores de la CNE viven en otro planeta y no tienen idea de lo que pasa en Costa Rica, o es que tienen su sucursal de la Cochinilla y el Diamante”, José María Villalta.
Cabe destacar que todas las licitaciones que a continuación se mencionan incluyen el código “PI”, que según el “Reglamento para las Contrataciones por el Régimen de Excepción y Funcionamiento de la Proveeduría Institución de la CNE”, identifica las contrataciones por emergencias no declaradas a nivel de primer impacto, bajo el régimen de excepción, es decir, con menos requisitos y trámites que una contratación ordinaria.
Según los datos obtenidas por UNIVERSIDAD, en agosto se realizaron cinco contratos por un total de ¢94.185.500 por alquiler de maquinaria pesada para atender emergencias en Puriscal, Desamparados, Siquirres y Sarapiquí. En setiembre los pagos a Meco sumaron ¢36.555.500, ambos por el mismo concepto: emergencias en Matina y Upala; y en octubre ¢65.359.200 siempre por alquiler de maquinaria para trabajos en Talamanca, Golfito, Siquirres y Cóbano.
Otros ¢40.962.500 se contrataron en noviembre, ¢13.786.000 por alquileres para labores en Golfito, el Caribe y Desamparados; y ¢18.080.000 para rehabilitar una ruta cantonal en Puriscal. Finalmente, ¢29.178.860 se ejecutaron por alquiler y rehabilitación de vías en fechas no detalladas.
Preocupante e indignante
La diputada liberacionista Paola Valladares y el frentamplista José María Villalta, ambos integrantes de la comisión legislativa que investiga al Conavi, manifestaron su preocupación ante la situación y coincidieron en que aunque no hayan prohibiciones de ley para contratar a las empresas cuestionadas y especialmente, por que la CNE contrata por vía extraordinaria, debería primar la cautela.
“Me parece irresponsable, cuando menos, de parte de la CNE seguir haciendo esas contrataciones y que no se considere el riesgo de seguir contratando a una empresa corruptora, que ha inflado costos de contrataciones, ha corrompido funcionarios públicos y ha cometido faltas tan graves”, dijo Villalta.
El diputado consideró que “habría que investigar si no hay otra cosa detrás, si es que el caso ‘Cochinilla’ y el caso ‘Diamante’ no tienen también su sucursal ahí, que sería la otra explicación posible. Los señores de la Comisión Nacional de Emergencias viven en otro planeta y no tienen idea de lo que pasa en Costa Rica, o es que tienen su sucursal de la ‘Cochinilla’ y el ‘Diamante”.
Los procedimientos de la Comisión Nacional de Emergencias, explicó el legislador, son por naturaleza “más expeditos y tienen menos controles” por lo que considera que los estándares éticos deberían ser mucho más rigurosos.
Valladares —quien además de diputada es ingeniera civil— dijo que hasta el momento “pareciera que todo siempre estuvo confabulado para que estas empresas ganaran todos los procesos de contratación de empresas”, pero agregó que esto era “más preocupante, más indignante, terrible”, pues se trata de licitaciones otorgadas bajo la figura de Primer Impacto “que son de excepción, que ciertamente es muy fácil adjudicar a dedo”.
“Yo siempre he creído que la reina no solo debe ser reina, sino que debe aparentarlo, y si el Estado sabe que hay detrás un proceso judicial abierto con Meco, me parece que lo correcto era no buscar a estas empresas”, indicó.
La diputada también señaló que por lo general la atención de primer impacto tiene un límite de 100 o 150 contratables de horas máquina y que considerando los precios de mercado, algunos de estos contratos habrían excedido el número.
UNIVERSIDAD comparó los precios establecidos en el decreto ejecutivo de “Costos Máximos Horario de Equipo y Maquinaria” del MOPT y efectivamente, aunque se tratara de la maquinaria más costosa, como estabilizadoras de suelos o palas excavadoras de gran capacidad -—y si la CNE no pagó sobreprecios— al menos tres contratos habrían sido de más de 150 horas y muchos más, de más de 100.
Ambos diputados además criticaron que en días pasados el MOPT quitó de sus licitaciones las cláusulas contractuales que impedían participar a estas empresas. “Yo entiendo que no hay una ley sobre el tema, pero es inmoral, al final de cuentas”, dijo Valladares.
La legisladora además indicó que el proyecto de ley que prohibiría la participación en contrataciones del MOPT a empresas vinculadas en actos de corrupción (que el Ejecutivo recién convocó a sesiones extraordinarias) servirá de poco, pues solo aplica a ese ministerio y porque requiere que haya apercibimientos, “pero si los funcionarios que podrían dejar constancia están coludidos no queda mucho por hacer”.
CNE alega que Meco no se encuentra inhabilitada para ser contratada
La CNE, por su parte, dijo a UNIVERSIDAD que la empresa “no se encuentra inhabilitada para ser contratada por el Estado, y se mantiene activa en el Sistema Integrado de Compras Públicas”, por lo que a menos que medie una orden judicial “no se puede” limitar su participación.
Según afirmaron, las contrataciones que se han realizado a la empresa son solo las que figuran en Sicop. De esos casos, aseguran, en algunos hubo varias oferentes que “no cumplían con los requisitos técnicos o que su precio era mayor” y en otros “la empresa fue oferente único”, pero también en otros concursó y no le fue adjudicado el contrato.
Indicaron que “solamente existe un mecanismo de contratación extraordinario que no se tramita en la plataforma Sicop y este mecanismo no se utilizó para contratar a la empresa Meco”.
Finalmente, la entidad dijo que “mientras no exista una inhabilitación expresa ordenada por la autoridad competente para las empresas indicadas, y no sean excluidas del Sicop, debemos considerar siempre sus ofertas para valoración, como se hace con todos los proveedores de servicios” pues su asesoría legal “determinó que la inhabilitación fue para los imputados en las causas penales y no sobre las empresas”.
“Una actuación que discrimine a estas empresas sin que medie una orden judicial implicaría riesgos de acciones judiciales en contra de la CNE y el Estado”, explicaron.
