Ni la mayoría conservadora ni la minoría progresista de la Asamblea Legislativa quedaron satisfechas con el fallo de la Sala Constitucional de este miércoles, que dejó en pausa la legalización del matrimonio igualitario por al menos los próximos 18 meses.
Las bancadas que no apoyan la figura del matrimonio igualitario recriminaron el fallo por declarar inconstitucional el pasaje del Código de Familia que prohíbe esta figura civil; mientras que los defensores de la misma lamentaron que la Sala haya dejado el plazo de año y medio para que el Congreso intente legislarlo primero por su cuenta.
Precisamente por ese segundo motivo, la diputada oficialista del Partido Acción Ciudadana (PAC), Laura Guido, calificó la resolución como “decepcionante”, aunque opositores como Eduardo Newton Cruickshank, del Partido Restauración Nacional (PRN), incluso mostraron una mayor molestia pues calificaron el movimiento como “una inyección letal” que abrirá la puerta para el matrimonio igualitario tarde o temprano.
Por una parte, Guido comentó que “el tema va a avanzar (en la Asamblea) según la correlación de fuerzas que logre aglutinar”, aunque finalmente solo habrán dos escenarios posibles. “Puede que no se mueva nada y a los 18 meses y esto suceda de forma natural, o que esto se mueva y logremos consensuar un artículo claro en el Código de Familia donde esto quede en todas sus letras. En todo caso, los derechos de las parejas del mismo sexo están en stand by, algo que no se justifica y es una injusticia, pero están para cumplirse”.
Por otra parte Cruickshank, desde el lado más conservador del espectro político, apuntó que “la Sala simplemente metió una inyección letal a la prohibición del matrimonio entre personas del mismo género, pero que esa inyección surte sus efectos en 18 meses, por lo que el paciente se morirá en 18 meses y entrará en vigencia el matrimonio igualitario”.
Para el restauracionista “cualquier regulación que se impulse tratando de dar una regulación distinta será obstruida por las partes interesadas y simplemente el matrimonio igualitario entre en vigencia en igualdad de condiciones que el matrimonio heterosexual”.
En el caso del Partido Liberación Nacional (PLN), la insatisfacción la expresó su jefe de bancada, Carlos Ricardo Benavides, quien apuntó que —desde su punto de vista— “la Sala debió y pudo haber resuelto esto de una vez en lugar de volver a enviarlo a la Asamblea”, pues “si la mayoría de la Sala pensaba que los artículos son inconstitucionales los debió haber declarado de esa forma y anularlos de una sola vez”.
Así mismo, indicó que el por tanto de la resolución “no es claro” y que será necesario esperar a que se publique el razonamiento completo de los magistrados para asumir una postura más clara, pues ya de por sí “hay criterios diversos” dentro de su bancada y a él le corresponderá buscar “el mayor consenso posible alrededor de la orden de la Sala Constitucional”.
Según Benavides, es necesario esperar a analizar los considerandos de la resolución completa, pues es posible que la redacción final no hable de matrimonio igualitario o, más bien, así lo exija textualmente. De eso dependerá gran parte de las acciones que tomen en los próximos meses.
Por último, la cuarta mayor fuerza del Congreso, el Partido Unidad Social Cristiana, fue la primera agrupación en manifestarse sobre el tema desde la madrugada de este jueves, cuando su jefe de bancada, Erwen Masís, indicó que buscarán promover su proyecto de uniones civiles, pues consideran que el matrimonio debe ser únicamente entre un hombre y una mujer.
No obstante, esta mañana el diputado socialcristiano Pablo Heriberto Abarca agregó que “era previsible que la Sala resolviera a favor” y que a él y sus compañeros les parece “positivo que se le dé un plazo a la Asamblea Legislativa”, aunque los detalles dependerán de lo que diga la sentencia completa”.
Consultada sobre cómo enfrentará la Presidencia legislativa estos 18 meses de discusión sobre el tema, la jerarca del primer poder de la República, Carolina Hidalgo, indicó que —desde su punto de vista— “la figura debe ser el matrimonio igualitario y no otra porque eso sería sería generar una desigualdad y una diferenciación que no tiene lugar”.
No obstante, reconoció que si bien “le encantaría que esta Asamblea Legislativa pueda dar esa herencia en la figura que corresponde, va a ser el tiempo y la voluntad de las fracciones la que va a decir si eso es posible o no” que se logre antes del plazo fatal que propone la Sala. De no ser así, se aplicaría automáticamente.
Preocupaciones de fondo
Contrariados por la resolución, diputados de Restauración Nacional, el partido confesional evangélico y segunda mayor fuerza del Congreso, manifestaron diferenciasde fondo con el fallo que, según la legisladora Ivonne Acuña, “no le quedó ni bien ni mal” a ninguno de los sectores.
Al respecto, señaló que si bien lo dicho por la Sala “da lugar para que se abra un debate serio”, quizás su mayor preocupación “es que ellos (los magistrados) hayan acogido la opinión consultiva (que instó al país a aprobar el matrimonio igualitario)”, algo que dejaría nuevos portillos abiertos para acoger opiniones otros temas.
“Costa Rica es un país soberano y la tarea de legislar es de esta Asamblea, no de la Corte Interamericana. Qué pasaría si el día de mañana el Ejecutivo pretende ir a hacer una consulta en el tema de aborto, tendríamos que acogernos al aborto”, señaló.
En esa línea, su compañero Jonathan Prendas también reclamó sobre la presunta violación de la soberanía costarricense, a pesar de que el país se adhirió soberanamente a la Convención Americana de Derechos Humanos y sus mecanismos de vigilancia, incluida la Corte Interamericana, que mantiene su sede en el país.
Además, indicó que “el que se les dé 18 meses y una amenaza de que la norma quede abierta si no se legisla en ese periodo les deja un sinsabor porque la Sala Constitucional estaría amenazando y obligando a legislar”, algo que calificó como “extralimitar la voluntad popular” a pesar de que su partido “nunca ha puesto en discusión los derechos patrimoniales” de la población homosexual.
Desde la contraposición, el frenteamplista José María Villalta más bien lamentó que atrasar la aprobación por 18 meses más bien sólo servirá para “extender el uso politiquero del tema”, aunque “pudo haber sido peor” si el criterio de los magistrados que declararon sin lugar las acciones se hubiese terminado imponiendo.
Así mismo, criticó que los magistrados hayan dicho en su por tanto que el plazo era para “dimensionar los efectos”, pero “ellos no dimensionaron los efectos reales de su fallo porque esto lo único que hace es mantener aquí una tribuna amplificada para el discurso homofóbico y estéril porque igual, haga lo que haga la Asamblea, está la sentencia, que está por encima de las leyes que se aprueben”.
“Aquí lo que debemos hacer es resistir los intentos de hacer interpretaciones contrarias a la resolución de la Corte IDH y seguir llamando a la ciudadanía porque los derechos no se negocian y hay que seguir luchando por ellos”, puntualizó.
Una posición similar externó el primer diputado abiertamente gay en ser elegido en el país y presidente de la comisión de Derechos Humanos, Enrique Sánchez, quien apenas anunciada la resolución al borde de la medianoche de este miércoles lamentó que “(los magistrados) no estuvieron a la altura de la tradición costarricense en materia de derechos humanos” al dejar en pausa el procedimiento.
Para Sánchez, esta pausa deja en indefensión a miles de personas que no podrán gozar de derechos elementales, por ejemplo el reconocimiento de su paternidad o su maternidad en casos de adopciones que hoy se realizan pero sólo registran a uno de los integrantes de la pareja.
