“Cementazo” cobró puestos de altos jerarcas del sistema de justicia

Tras desplome del Poder Judicial: ¿ahora qué sigue?

Una desestimación comandada por la Fiscalía y acuerpada por la Sala III derribó la credibilidad en el Poder Judicial. ¿Cómo recuperar su reputación?

En una conferencia reciente, la magistrada de la Sala Constitucional Nancy Hernández señalaba que la justicia es el portero del Estado, una muralla diseñada para bloquear los goles del autoritarismo, y agregaba que un Poder Judicial debilitado es como enfrentar al campeón del mundo sin Keylor Navas, con un guardameta cualquiera.

Siguiendo las palabras de la jueza de la Sala Constitucional, el diagnóstico del Poder Judicial muestra hoy a un portero lesionado, con los reflejos adormilados y con fracturas en varios dedos.

La imagen del Poder Judicial atraviesa sus peores horas, luego de que el caso conocido como el “cementazo” pusiera bajo la lupa a varios funcionarios de alto nivel, expulsara de la vida pública al exmagistrado Celso Gamboa y empujara las jubilaciones del exjefe de la Fiscalía, Jorge Chavarría, y el expresidente de la Corte Suprema de Justicia, Carlos Chinchilla.

El primero en caer fue el exfiscal Chavarría, suspendido por el pleno de la Corte, debido a sus omisiones en el caso del cemento chino. Luego siguió el turno a Celso Gamboa, destituido por la anterior camada de diputados tras una solicitud de la Corte, que encontró una falta gravísima del exmagistrado por dar un falso testimonio con respecto a su viaje a Panamá, el cual realizó junto al importador de cemento Juan Carlos Bolaños.

El último caso involucra a quien ahora es el expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla, suspendido de su cargo por dos meses sin goce de salario, a causa de una falta grave en conjunto con otros jueces de la Sala III.

La sanción fue provocada por su gestión sobre una investigación por tráfico de influencias contra los exdiputados Otto Guevara y Víctor Morales Zapata. Sus pares castigaron a Carlos Chinchilla por omitir una prueba relevante (nada menos que un rastreo telefónico que demostraba una fluida relación entre los legisladores y el empresario del cemento chino), por hacerlo en tiempo récord y con un procedimiento inusual, que ya venía falseado desde la Fiscalía.

Una sanción tan grave como esta a un cuerpo de magistrados no tiene precedentes en la historia nacional. Es la primera vez que se suspende a un presidente de la Corte. También es la primera ocasión que se suspende al jefe del Ministerio Público.

¿Y los otros?

La magistrada Doris Arias y la suplente María Elena Gómez, así como el juez Jesús Ramírez guardan silencio sobre la suspensión por dos meses (sin goce de salario) que la Corte les impuso, luego de repetir la votación del miércoles anterior.

Arias llegó a la Sala III en 2010 y su gestión está pactada para terminar en noviembre de este año. La magistrada manifestó a UNIVERSIDAD que enviará un comunicado de prensa al respecto y dará las declaraciones correspondientes este mismo miércoles.

En el caso de Jesús Ramírez, esta no es la primera vez que su nombre es objeto de cuestionamientos. En 1993, la Comisión de Narcotráfico de la Asamblea Legislativa le abrió un expediente por supuestamente haber dado testimonio falso. Por este caso, 37 diputados votaron por no renovar su nombramiento; sin embargo, para que se logre esto se necesita de 38 votos.

Ramírez también salió ileso el año pasado, cuando se discutió darle ocho años más en una silla que ocupa desde 1985. En esa ocasión, la exdiputada Nidia Jiménez reclamó que Ramírez, siendo presidente de la Sala III, en 1991, ordenó que se decomisaran más de 1.000 ejemplares de un libro sobre el caso Chemise, donde se mencionaba al expresidente José María Figueres Olsen en un texto sobre el asesinato de una persona.

Pese a las críticas, Ramírez, de 75 años, ha sobrevivo a cuatro periodos y apenas inicia su quinto, que, de concluir, lo terminaría a sus 82 años en el 2025.

El magistrado Jesús Ramírez (suspendido) ha sobrevivido cuatro periodos de magistratura. Ramírez es del círculo cercano del expresidente de la Corte, Carlos Chinchilla. (Foto: Katya Alvarado)

Ramírez es uno de los 11 magistrados que ya cumplen con su derecho a jubilarse; sin embargo, tras una consulta de UNIVERSIDAD en junio pasado, ninguno de ellos había comunicado su intención de hacerlo.

“Hay un tema en quienes ostentamos la judicatura o magistratura y tiene que ver con la legitimidad social de la función social que hacemos. El daño que se le hace a la institucionalidad con su permanencia (la de los magistrados sancionados) es muy fuerte”, comentó la jueza Rosaura Chinchilla, una de las lideresas de los jueces en el Poder Judicial.

Corte dividida

Desde los pormenores de la salida de la exmagistrada Zarela Villanueva hasta la sanción de Chinchilla, nunca ha sido más evidente que la Corte está dividida en varios bandos: el núcleo duro de Carlos Chinchilla y quienes le adversan. En medio de ellos, un grupo de magistrados que en ocasiones le dieron su apoyo, pero que no son fieles a Chinchilla y otros independientes, se mueven de un lado a otro.

“Desde hace unos diez años se buscó la meta de controlar la Corte, o la gestación de nombramientos ad hoc de llegar a esa meta. Lo lograron hace un año y pocos meses para los resultados que estamos teniendo. Este es un ‘grupúsculo’ que se enquistó dentro de la Corte y cuyo propósito era llevar a Carlos Chinchilla a la presidencia”, comentó José Manuel Arroyo, exmagistrado de la Sala III, quien apresuró su salida de la Corte por el ambiente que vivía.

De acuerdo con Arroyo, entre los magistrados pertenecientes al núcleo del ahora expresidente de la Corte se encuentra Luis Fernando Salazar, de la Sala Constitucional, Porfirio Sánchez, de la Sala II y Jesús Ramírez, de la Sala III.

En el otro lado de la acera están los magistrados Nancy Hernández, de la Sala IV, así como Luis Guillermo Rivas, presidente de la Sala I. Rivas fue candidato en la última elección para presidente de la Corte, en donde Chinchilla se impuso con 17 votos a favor, mientras que Rivas logró solamente tres.

“El acuerdo adoptado por la Corte Plena podría ser una señal de que esta crisis, que golpeó los cimientos del Poder Judicial, este terremoto, haga que los compañeros piensen que todos somos mortales”, dijo el magistrado Román Solís, de la Sala I, en el programa de radio Hablando Claro.

Vacantes

La crisis del Poder Judicial se agudiza con la presa de nombramientos que se apilan en la Asamblea Legislativa. Por ejemplo, el concurso para elegir al reemplazo del exmagistrado Gilbert Armijo espera su respectiva discusión en el Plenario, luego de que la anterior comisión de nombramientos recomendara a Román Navarro, Rosa Abdelnour y Lena White para suplirlo. Armijo se pensionó en diciembre de 2015 y desde entonces no se ha elegido a un sustituto.

Otro caso con un notable rezago es el de la elección de un magistrado que ocupe la silla que dejó el exmagistrado José Manuel Arroyo en diciembre de 2016. La comisión recomendó a los abogados Gary Amador, Alex Rodríguez y Patricia Solano y la decisión también está varada en el Plenario.

En el Plenario también hacen fila los nombramientos para sustituir a las exmagistradas Eva Camacho y Zarela Villanueva, ambos en Sala II.

A esto se le debe sumar que la Asamblea Legislativa deberá abrir nuevos concursos para dos puestos más en Sala III, para sustituir a Celso Gamboa y Carlos Chinchilla; así como la plaza que recién dejó el expresidente de la Sala IV, Ernesto Jinesta.

Como si fuera poco, la Sala I tiene pendiente el nombramiento de cinco suplentes, mientras que la Sala III, de uno.

Con respecto a la Sala I, el proceso se vio interrumpido, luego de que la Corte envió una lista de cinco candidatos, cuando debió enviar diez. El magistrado Luis Guillermo Rivas afirmó ante los diputados de esa comisión que los jueces de la Corte no justifican ni argumentan los nombres que envían a la Asamblea Legislativa.


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Nuevo mandato

La elección de una persona para reemplazar a Carlos Chinchilla al frente de la Corte es vista desde distintos sectores como una oportunidad para recuperar la credibilidad perdida y poner en marcha las reformas que necesita el Poder Judicial.

“Sería una oportunidad de la magistratura para dar muestras de apertura, transparencia, democratización y escucha. Ha habido un divorcio entre el gran Poder Judicial y una cúpula que administra la institución de espaldas al sentimiento de los demás”, agregó Rosaura Chinchilla.

Para el magistrado de la Sala IV, Paul Rueda, quien sustituya a Chinchilla deberá estar consciente de que asume una Corte en medio de una crisis y necesitará de legitimidad para impulsar los cambios necesarios.

“Se trata de una persona que tiene que tener una gran legitimidad por sí misma, tiene que ser alguien con capacidades de conjuntar voluntades y ejecutar proyectos que urgen, y dirigir los procesos de las reformas que tanto necesita el Poder Judicial”, comentó.

Rueda considera que los 22 magistrados no pueden estar inmersos en temas de índole administrativo, y que esto más bien debe reformarse para que sea un grupo más reducido, con los presidentes de cada sala.

Para la elección del nuevo presidente o presidenta, la Corte deberá enviar a la Asamblea Legislativa la comunicación para que inicie el trámite de reposición de magistrado.

Posteriormente, la Corte Plena convocará a elecciones; para esto habrá un periodo de inscripción de candidaturas que tomará 15 días, donde se fijará un debate público en los 15 días siguientes, a menos que haya un acuerdo “sustentado en razones fundadas” de la Corte para adelantar la elección, según una modificación hecha a las reglas para suceder presidentes o vicepresidentes de la Corte, en mayo del año anterior.

El debate será dirigido por Carmenmaría Escoto, actual presidenta interina de la Corte, a menos de que se postule para el cargo. En ese caso, la sesión sería presidida por el magistrado o magistrada que no sea candidato o candidata, con mayor tiempo de servicio titular en la Corte.

Una vez concluido el debate, se procederá inmediatamente a la votación, la cual será secreta. En la sesión se realizarán cinco rondas de votación. En caso de no llegar a un acuerdo, se convocaría a una segunda ronda, una semana después, bajo el mismo procedimiento.

Se estima que el proceso de elección de un nuevo jerarca de la Corte tomaría entre dos y tres meses.

El presidente de la Corte es el cargo de más alta investidura del Poder Judicial.

La Sala Constitucional tiene dos vacantes, tras la jubilación de Ernesto Jinesta y Gilbert Armijo. No ha podido ver el tema de la opinión consultiva de la Corte IDH, con respecto al matrimonio igualitario, debido a la ausencia de dos propietarios.

Iniciativas

En medio de la crisis, las propuestas con reformas al Poder Judicial y al régimen disciplinario de la Corte toman fuerza.

Ese es el caso del proyecto de ley que propone la Asociación Costarricense de la Judicatura (Acojud), que busca la creación de una judicatura independiente que evalúe las causas disciplinarias de todos los jueces.

Actualmente, esa potestad recae en el departamento de Inspección Judicial, a excepción de los casos de los magistrados, que son discutidos, investigados y juzgados por sus compañeros.

El proyecto está listo para ser presentado a los jefes de fracción de los partidos políticos. La presidenta de Acojud, Adriana Orocú, afirmó que este es uno de los cambios que se vienen impulsando en los últimos ocho años, pero que ha tomado mayor fuerza e interés luego del escándalo del “cementazo”, que expuso una serie de irregularidades de funcionarios del Poder Judicial.

“A mí me encantaría solo tener que ver con la Sala Constitucional y no administrar”, dijo el magistrado Fernando Cruz. El juez afirmó que se deben revisar todas las reglas para las desestimaciones en todos los supremos poderes, entre otras reformas.

Otra de las iniciativas que tuvo mayor eco en los últimos meses es la propuesta por el Foro de Justicia, un grupo de distintos sectores de la sociedad que diseñó una metodología para la elección de magistrados.

El grupo estudió los procesos de la comisión anterior en los concursos para llenar las vacantes de Gilbert Armijo y José Manuel Arroyo, y encontró errores en la elaboración de preguntas, justificación de argumentos y carencia de mediciones objetivas en la selección de candidatos.

“Una serie de cambios reales van a darle al ciudadano la impresión de que es un Poder Judicial que pudo reaccionar a tiempo, que tiene capacidad de autocrítica”, comentó Evelyn Villarreal, coordinadora del Informe del Estado de la Justicia e integrante del Foro de Justicia.

También existen iniciativas que surgen al ritmo de los últimos acontecimientos, como la petición de un grupo de diez magistrados para que las votaciones en los casos disciplinarios de miembros de la Corte sean públicas y no privadas, como fue en el último caso.

Otra reforma coyuntural vino desde el seno de la Asamblea Legislativa. Los diputados del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) presentaron un proyecto de ley que reduce los periodos de los magistrados de ocho a cinco años.

La iniciativa también adhiere la imposibilidad de que se elija a un juez como magistrado, en caso de estar vinculado por parentesco de consanguinidad o afinidad —hasta el tercer grado— con miembros de la Asamblea Legislativa o del Poder Ejecutivo, una prohibición que actualmente está suscrita solo para la propia Corte Suprema de Justicia.

Algunas propuestas llevan años en el congelador; sin embargo, las recientes actuaciones de algunos magistrados, a la luz del “Cementazo”, podrían darles una nueva vida, de cara a la renovación de un desgastado y golpeado Poder Judicial.



 


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