Transparencia es el punto débil en manejo de la pandemia

¿Es posible saber cuántas personas se benefician con el bono Proteger o a cuántas de ellas, hombres y mujeres, les suspendieron el contrato temporalmente? Las posibilidades de obtener respuesta a esas y otras preguntas son 3 por cada 10 cuestionamientos hechos.

Una investigación concluyó dos hechos fundamentales: hay dificultad para tener información relacionada con el manejo de la pandemia por COVID-19 y la ciudadanía no puede fiscalizar la acción pública.

Una primera medición del Índice de Transparencia de la Información sobre el Bono Proteger calificó con 29 de 100 puntos la disponibilidad de información sobre este programa. Para elaborar el análisis, se tomaron en cuenta cinco tipos de datos: presupuestarios, personas beneficiarias, información laboral del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, normativa y administrativa, y rendición de cuentas.

A cada uno de los rubros se le asignó 20 puntos, los cuales se otorgaron midiendo si la información estaba o no disponible en los sitios del IMAS, MTSS, CNE y en covid19.go.cr. Sólo en lo correspondiente a información normativa y administrativa, el Gobierno puntuó por encima de 10 (11.25), mientras en rendición de cuentas obtuvo un cero.

Lo anterior indica que, de los 61 datos públicos relevantes que se evaluaron sobre el bono, sólo 15 estaban disponibles y 12 parcialmente disponibles, mientras que 34 no lo estaban del todo. Preocupa especialmente que no se había hecho público ningún dato sobre rendición de cuentas.

El informe fue elaborado por el Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal con el apoyo de la Escuela de Administración Pública de la Universidad de Costa Rica (EAP), Territorios Seguros y la Red de Evaluación y Seguimiento de Costa Rica (RedEVAL).

Por otra parte, activistas e investigadores también señalan que la poca transparencia se nota en otros sitios institucionales y oficiales, donde no se encuentran todos los datos de interés. Por ejemplo, no se divulga la cantidad de insumos o pruebas disponibles, y en el sitio de la Caja Costarricense del Seguro Social no hay acceso a datos sobre equipo de protección personal o camas disponibles, medicamentos en existencia, detalles presupuestarios, compras ejecutadas, contrataciones recientes, etc. Lo mismo se repite en otros ministerios e instituciones.

Además, indicó Amanda Ugalde, integrante del Observatorio Ciudadano de Transparencia Fiscal, si la información se solicita por los canales oficiales es probable que la respuesta sea que el personal está ocupado en la atención de la pandemia.

En efecto, semanas atrás y antes de que se divulgara diariamente la cantidad de pruebas realizadas, UNIVERSIDAD solicitó ese dato a la oficina de prensa del Ministerio de Salud. La respuesta fue que la información no estaba disponible, que esperaban tenerla eventualmente y que de momento “el trabajo de las áreas está concentrado en la atención de la emergencia”.

“Emergencia y transparencia no son contrarias”

Ugalde indicó que es preocupante que la justificación para no entregar información sea la atención de la pandemia, pues no todas las personas funcionarias trabajan en salud y, principalmente, porque son procesos que deben ir de la mano.

“Debemos recordar el viejo refrán ‘en río revuelto, ganancia de pescadores’. Sin transparencia todo está revuelto y podría haber movimientos extraños. No puede ser que digamos que porque estamos en una emergencia no puede haber transparencia, con mucha más razón tiene que haber, estamos hablando de dineros que son de la ciudadanía, que vienen de nuestros impuestos”, exigió.

Coincidió Ignacio Alfaro, de Abriendo Datos, quien opinó que hay una “enorme desatención del derecho de acceso a la información bajo la premisa de que están ocupados salvando vidas”. El activista afirmó que no es admisible que profesionales de disciplinas ajenas a la atención primaria en salud no cumplan con sus funciones y garanticen los derechos de la ciudadanía, amparados en esta excusa.

Susana Soto, también de Abriendo Datos, opinó que esto pudo haberse prevenido si el Gobierno hubiera impulsado la política de datos abiertos, contrario a la obtención irregular y centralización de información que quedó en evidencia con la creación (y desaparición) de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD). “Si hubiéramos tenido a las instituciones construyendo y entregando datos y el portal de datos abiertos funcionando, habría sido mucho más fácil adaptar el proceso para dar información relativa a la pandemia”, indicó.

Los tres reiteraron que la primera razón por la que toda la información debe entregarse es porque es un deber de la administración y un derecho de la ciudadanía, es decir, las autoridades no necesitan saber con qué fin se solicita información, porque esta es de carácter público.

Leonardo Castellón, director de la EAP, explicó que en una situación como la actual es normal que haya fallos, pero que espera que la administración pueda superarlos para garantizar el derecho a la información de la ciudadanía.

Castellón también consideró que, a pesar de que la calificación que arroja el índice es problemática, las cosas están mejorando. Tras la presentación del estudio al Gobierno, aseveró, se han tomado decisiones y ya hay más datos disponibles en algunas páginas.

El investigador recordó que la medición del índice no pretende dañar la imagen o función gubernamental, sino cumplir con el deber ciudadano de fiscalizar a las autoridades y ayudarles a mejorar. “Lo que nos interesa es que eventualmente el Gobierno se saque un 100”, dijo.

Soto afirmó que el problema es que ante el COVID-19 las autoridades han asumido  actitudes paternalistas, como si la ciudadanía no fuera capaz de manejar la información. Según expuso, esta es la razón de que Salud no divulgara –o lo hiciera parcialmente– las proyecciones del avance de la enfermedad, pues las mismas autoridades admitieron que no querían darlas a conocer para que la población “no se confiara”.

Según dijo, esto puede ser contraproducente, ya que menoscaba el empoderamiento ciudadano y perjudica el accionar social ante la pandemia. Ante la falta de información reina el miedo, mientras que en los países donde más información se brinda, la ciudadanía se empodera y se une para combatir esta crisis, comentó.