La crisis en los centros educativos del país parece no llegar a su fin. Las transferencias de dinero del Gobierno a las Juntas de Educación y Administrativas del Ministerio de Educación Pública (MEP) disminuyeron en un 57% desde el 2019.
Todo esto ha provocado, según escuelas y colegios consultados, el deterioro de estos centros educativos, cuyas infraestructuras se “caen a pedazos”, así como —en muchas ocasiones— la imposibilidad de pagar recibos de servicios básicos como agua, luz y teléfono.
De acuerdo con datos suministrados por el Departamento de Gestión de Juntas del MEP a la Sala Constitucional, mediante el oficio DVM-PICR-DGDR-0250-2024, para el 2019 el monto anual asignado por Hacienda en la Ley de Presupuesto Nacional para distribuir entre las Juntas de Educación y Juntas Administrativas según la Ley 6.746, fue de ₡99.266.372.020 el cual disminuyó en un 15% para 2020, llegando así a unos ₡84.266.372.020.
Un año después, ese monto cayó en un 27%, distribuyéndose a las Juntas un total de ₡61.254.841.717. Para 2022, por su parte, el decrecimiento fue de un 21%; lo que significa que las escuelas y colegios solo recibieron ₡48.654.841.717.
Esta disminución en los montos destinados a las Juntas de Educación y Administrativas se siguió presentando en 2023, cuando el monto fue de ₡42.754.841.717, una reducción del 12%. Esta misma cifra fue distribuida a estas dependencias para el período 2024.
“Se nos están cayendo las escuelas. Definitivamente no hay, hoy, una disposición política de proteger la educación pública, empezando por la no mejoría de la infraestructura. Todo va camino a la privatización de la educación”, externó el presidente del Sindicato de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Costarricense (SEC), Gilberth Díaz.
“Las escuelas hoy no cuentan con el presupuesto para dar la atención necesaria a los estudiantes, aún con los servicios mínimos. Ya hay colegios que hoy cierran porque no hay presupuesto ni siquiera para pagar la electricidad o el agua. Estamos realmente en una situación de emergencia en la educación”, agregó.
¿A qué se debe esta disminución?
De acuerdo con el viceministro de Planificación del MEP, Leonardo Sánchez, desde la entrada en vigor de la Ley 9.635 “Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, el MEP ha asumido las responsabilidades financieras estipuladas en la Ley 6.746 “Ley Fondo Juntas Educación y Administrativas Oficiales” dentro de su propio presupuesto.
“Esta ley, que fue modificada tras la derogación de ciertas rentas específicas, se financiaba originalmente con el 5,25% del total recaudado anualmente por el impuesto sobre la renta, complementado por un aumento del 0,36% distribuido entre los porcentajes de la tarifa progresiva del impuesto a la propiedad inmueble”, externó Sánchez
Estos cambios, según el viceministro, se efectuaron a partir de 2019 y se debió ajustar al techo presupuestario del MEP.
La asignación de estos recursos está contemplado como un gasto ordinario dentro del presupuesto del MEP, el cual debe distribuirse mediante la formulación del presupuesto en la Ley de Presupuesto Nacional, en mayor cantidad para aquellos centros educativos que tienen más matrícula y en menor cantidad para aquellos que tienen menos matrícula.
Otro de los elementos, que para el viceministro también tiene repercusiones en esta disminución, fue la pandemia por COVID-19, la cual mantuvo cerrados los centros educativos totalmente en 2020 y de forma híbrida para 2021. Estos hechos disminuyeron los gastos operativos.
No obstante, pese a esta disminución, Sánchez indicó que “los análisis al cierre de cada año indican una adecuada distribución y suficiencia de los fondos asignados. Por ejemplo, al finalizar 2023, el 27% de las juntas lograron cubrir todas sus necesidades operativas, mientras que el 71% reportó un superávit de ₡1.832 millones”.
Críticas
La disminución del 57% en las transacciones del Gobierno a las Juntas de Educación y Administrativas preocupa a la presidenta de la Asociación Nacional de Educadores y Educadoras (ANDE), Gilda Montero, quien considera que los recortes durante la pandemia no “eran una excusa válida”.
“Debimos de haber aprovechado ese tiempo para poder invertir de una o de otra manera en algunas mejoras o haber guardado esos dineros para que cuando los estudiantes regresaran tuvieran más recursos económicos. Cuando los estudiantes regresaron en la forma bimodal en el 2021, las escuelas tenían que estar preparadas para ofrecer una limpieza adicional que no estaba contemplada”, externó Montero.
“Después de eso el Gobierno o los gobiernos que han estado en esta transición pensaron que esos recursos habían sido subutilizados, y que por eso, como no se habían utilizado, entonces las Juntas de Educación no requerían tanto dinero, lo cual fue una pésima planificación. Lo que nosotros le hemos reprochado a esa ministra es que no ha sido capaz de defender el presupuesto en la educación”, agregó.
Montero agregó también que, según registros de la ANDE, en lo que va del año al menos cinco centros educativos han tenido que cerrar sus puertas porque no han tenido recurso económico para pagar los gastos fijos como la luz o el agua.
“¿Por qué no han podido hacer frente a sus gastos? Porque lo que se les deposita la Junta no es suficiente para pagar estos servicios tan básicos. Entonces, ¿afecta al sistema educativo? Por supuesto que lo afecta a todas luces (…) ¿Quiénes son los culpables? Casualmente los recortes que hay en presupuesto”, acotó.
Consultada sobre este tema, la diputada del Partido Liberación Nacional (PLN), Kattia Rivera, indicó que le inquieta la poca inversión en educación que ha tenido este Gobierno.
“Cuando hace giras por diferentes centros educativos, en mi caso de la provincia de Heredia, uno ve ese deterioro en el mantenimiento de los centros educativos”, externó la legisladora, quien agregó que si este se diera, se generaría un alargamiento en la vida útil de las edificaciones.
Rivera presentó a la corriente legislativa el proyecto de ley 23.638, el cual busca ordenar lo referente al tema de Juntas de Educación y Administrativas para que tenga rango de ley.
Escuelas y colegios afectados
Los recortes en el presupuesto mantienen con “las manos atadas” Juntas de Educación y Administrativas como la del Liceo del Sur, ubicado en San José, la cual presenta problemas graves, especialmente, en su sistema eléctrico.
Por esta situación, incluso, el centro educativo tiene una orden sanitaria girada por Salud desde el 2018.
“A veces hay que esperar hasta años para que un tema como este sea solucionado. (…) A nivel de Junta es muy difícil porque el presupuesto no nos da para hacer remiendos”, mencionó el director de este centro educativo, Jeison Campos, quien agregó que de hecho el sistema no cumple con la normativa actual del país.
Campos agregó también que este centro educativo recibe cerca de ₡1.680.000 mensuales, monto que es destinado en su mayoría en gastos operativos de la institución.
“Nos queda algo mínimo. No es como que uno pueda decir, vamos a reparar una pared que se está cayendo. Eso no alcanza para absolutamente nada”, externó.
Situación similar sucede en la Escuela Santa Marta Y Griega, ubicada en San Francisco de Dos Ríos. Este centro educativo, según indicó la Junta de Educación, presenta grietas en paredes de algunas aulas, comején en las cerchas, deterioro en techos de zinc debido a la antigüedad y falta de mantenimiento, así como problemas en los desagües, entre otros.
El comedor estudiantil de este centro educativo presenta también ausencia de al menos siete cuadros de cielorraso, así como falta de algunas celosías de las ventanas laterales y frontales, mientras que el gimnasio presenta un deterioro en baños y vestidores.
Actualmente, esta Junta recibe mensualmente un promedio de ₡1.600.000, los cuales en su mayoría son invertidos en el pago de servicios públicos, contadora, así como artículos de limpieza.
MEP sufrirá recorte de ₡65.000 millones el próximo año
Estos recortes sacrifican la inversión social del país a cambio del pago de la deuda pública. Nuevamente el país incumpliría la norma constitucional de invertir un 8% del PIB en educación.
