El hecho de que la empresa concesionaria de la frecuencia del Canal 9 haya sido vendida en su totalidad, “es una manera de burlar el trámite que se requiere para una cesión de frecuencias, porque se brincan la autorización del Poder Ejecutivo, incluso la entrega al Ejecutivo de esa frecuencia”.
Así lo expuso el jefe de fracción del Frente Amplio, Edgardo Araya, al detallar el fundamento de la denuncia que esa bancada presentó ante el Ministerio Público contra Emilio Arias, quien al momento que se tramitó esa venta y traspaso de acciones, fungía como viceministro de Telecomunicaciones y actualmente es ministro de Desarrollo Humano e Inclusión y presidente ejecutivo del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS).
Ese documento apunta que tras una consulta formal, Arias en un oficio del 2015 reconoció que no tenía conocimiento de que se tramitara la cesión de la concesión de la frecuencia, pero sí de la venta de las acciones de esa empresa, denominada Celestrón S.A.
La denuncia añade que “esas manifestaciones del señor viceministro nos deja (sic) boquiabiertos. De manera pasmosa, no sólo admite que conoce, -sino que da como bueno-, un acto absolutamente ilícito realizado en fraude de ley”.
En declaraciones a UNIVERSIDAD, Araya recordó que incluso se le envió una nota al Presidente de la República en la que expusieron que se trata de un acto ilícito.
Según explicó, el delito de fraude de ley consiste en que, mediante un acto lícito -en este caso la cesión de acciones de una sociedad-, se busca como objetivo un resultado contrario a la ley: “el traspaso de una frecuencia sin contar con las autorizaciones correspondientes ni el procedimiento respectivo”.
La denuncia fue firmada por todos los diputados y diputadas de esa agrupación, con las excepciones de Carlos Hernández y Ligia Fallas. Además, le enviaron copia a la Contraloría General de la República, la Procuraduría de la Ética y el Ministerio de Hacienda, “para que cada uno analice lo que le corresponde”, dijo el diputado.
“DESCONOCIMIENTO JURÍDICO”
Por su parte, el exviceministro Arias ante consultas de UNIVERSIDAD indicó que aún no ha sido notificado, pero que al enterarse por los medios de comunicación de la denuncia la buscó personalmente en el Ministerio Público.
Sobre la denuncia en concreto, Arias en primer lugar subrayó que a la fecha no existe ninguna “venta eficaz de las acciones” de Celestrón S.A., sino “una escritura de venta de acciones condicionada al aval del Estado y se encuentra presentada una solicitud en esa dirección ante la Superintendencia de Telecomunicaciones (Sutel), quien entiendo aún no ha resuelto en materia de concentración, por lo tanto no existe venta y tampoco tiene nada que ver el Viceministerio en este escenario”.
El funcionario también criticó la denuncia pues dijo que le “sorprendió” el “desconocimiento jurídico y la fundamentación, pero más aun que la prueba que se presenta son tres notas de prensa, una carta donde yo mismo aclaro al diputado las dudas y un oficio del diputado al Presidente de la República”.
Dos de esas tres notas de prensa son de UNIVERSIDAD.
Mientras tanto, tras conocer la denuncia desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones (Micitt) se emitió un comunicado en el que enfatizó que “no se ha registrado ninguna solicitud de cesión del derecho de uso de la concesión de frecuencia de Canal 9 de televisión”, y que “tampoco existe ni existió un acto administrativo que autorizara un traspaso de acciones de la empresa Celestrón S.A, concesionaria de Canal 9, a la empresa Multivisión S.A; por lo tanto, no se presentan violaciones éticas, penales o tributarias en las que haya incurrido el Micitt o su jerarca de turno”.
UNIVERSIDAD informó sobre la venta de las acciones de Celestrón S.A. sin que se tramitara la cesión de frecuencias en noviembre del año pasado. Esa sociedad era propiedad de AS Media S.A., que la vendió en su totalidad a Multivisión TV S.A., la cual -al menos al momento de la transacción- pertenecía en un 100% al empresario David Vargas McCallum.
LIBERTAD DE EXPRESIÓN Y PLURALIDAD
En el ordenamiento jurídico costarricense, el artículo 17 de la Ley de Radio establece la prohibición de “traspasar o enajenar el derecho a una frecuencia sin la previa autorización del Departamento de Control Nacional de Radio”. Ese Departamento pertenece al Micitt.
Por otra parte, el artículo 20 de la Ley General de Telecomunicaciones establece que la cesión de una concesión debe contar con autorización precia del Poder Ejecutivo.
En lo respectivo a la cesión de acciones de una empresa concesionaria, el artículo 56 de esa misma ley se refiere a los casos en que tal transacción implique concentración por fusión o adquisición de operadores de redes o proveedores de servicios de telecomunicaciones que hayan sido independientes entre sí. Establece que ello requiere la autorización de la Sutel.
Arias subrayó que en vista de que no se ha tramitado el traspaso de la concesión, “cualquier conocedor del derecho entiende que no puede existir un fraude de ley si no existe un acto administrativo que lo respalde”.
El funcionario además lamentó que “diputados provechen su inmunidad parlamentaria para presentar una denuncia sobre un hecho que no ha existido, pero sobre todo que lesionen la honorabilidad de un servidor público mediante una denuncia que presenta tres impresiones de periódico como prueba”.
El legislador Araya por su cuenta expresó que la frecuencia debería ser devuelta al Poder Ejecutivo por “haberse violentado la normativa” que establece la Ley de Radio y “la normativa de Sutel para el traspaso de frecuencias”.
“Es como si vendiera una playa o parque, pagan millones por eso, no se puede vender ni comprar, es un bien demanial del Estado, propiedad de todos los costarricenses, se requiere una autorización del Poder Ejecutivo, y obviamente no es automática, tiene que verificar que cumpla con el fin público de la frecuencia”, añadió.
Desde la Red de Medios e Iniciativas de Comunicación Alternativa (Red MICA), Catalina Montenegro llamó la atención a que lo grave “no es necesariamente en manos de quién queda la frecuencia, sino los procedimientos para la venta de acciones de una concesionaria”.
En ese sentido, llamó la atención a que “se cede la concesión al margen de la acción de las autoridades competentes”.
Tras subrayar que el hecho de que se mantenga el nombre de una empresa concesionaria no quiere decir que se trate de los mismo dueños o la misma programación, apuntó que se trata de un mecanismo legal para “tapar la venta ilegal de frecuencias que no se pueden vender ni subastar, esto atenta contra los estándares de libertad de expresión y pluralidad en la radiofusión”.
Al respecto citó la prohibición expresa tanto en la Ley de Radio como en la Ley General de Telecomunicaciones para traspasar los derechos de uso de una frecuencia sin la autorización de las autoridades competentes.
Afirmó que esta forma de actuar provoca que nunca haya frecuencias disponibles para otros actores, instituciones o empresas que no paguen lo que el concesionario establezca.
“No hay criterios de asignación de frecuencias, el concesionario vende al precio que le dé la gana, las frecuencias nunca se devuelven al Estado y se violenta la legalidad”, apuntó.
