Proyecto de Educación Dual apunta a su recta final, pese a dudas y oposición de los sindicatos

El Gobierno pidió la detención del trámite legislativo por lo que resta del mes para afinar los últimos detalles; sin embargo, el ministro Piza afirmó que “es necesario aprobar el proyecto”.

El proyecto de Ley de Educación Dual se encuentra en su etapa final en la Asamblea Legislativa, donde apunta hacia una pronta aprobación, a pesar de la oposición de los sindicatos del sector educativo y de una última pausa que pidió el Poder Ejecutivo para afinar algunos detalles con los sectores involucrados.

El objetivo del proyecto es sencillo: que los estudiantes, las instituciones educativas y las empresas (públicas y privadas) puedan llegar a acuerdos de educación, de modo que los estudiantes puedan desarrollar sus procesos de aprendizaje de forma conjunta entre las aulas y los centros de trabajo.

Este proyecto —tal y como está redactado actualmente— tiene el visto bueno de los sectores empresariales, los cuales han impulsado esta iniciativa desde hace ya más de seis años sin éxito.

Recientemente el presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), Enrique Egloff, aseguró que el proyecto “ya no debería seguirse demorando”, pues se trata de una iniciativa que ya lleva años estancada en la corriente legislativa y cuya ausencia es el único obstáculo que sigue vigente para “emplear a jóvenes” en el sector privado desde su formación.

Según Egloff, este proyecto de ley no sólo permitiría aportar en materia de aprendizaje sino que además ayudaría a atender el desempleo nacional, que es impulsado al menos en una cuarta parte por jóvenes de entre 15 y 24 años que no consiguen “insertarse en la economía nacional”.

“Se habla de una pausa para mejorar el proyecto actual, pero yo les digo que ya llevamos casi seis años de pausa y ahora lo que corresponde es aprobar el proyecto sin más dilación”, subrayó el empresario, en un reciente foro que se desarrolló en la propia Asamblea Legislativa.

No obstante, no todos los sectores ven con buenos ojos el texto.

La oposición se encuentra principalmente del lado de los sindicatos de educadores, los cuales aseguran que se trata de un proyecto de ley que va en detrimento de los estudiantes y que más bien propicia la precarización laboral.

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) —que reúne a profesores colegiales— calificó el texto como una iniciativa que “desprotege al estudiantado, resta competencias al cuerpo docente, pretende beneficiar al sector empresarial con personal humano no pagado y no asegurado”.

Algo similar manifestó la Asociación Nacional de Educadores (ANDE), la cual señaló la propuesta como “un retroceso en nuestro nivel educativo y de trabajo digno”.

En pausa

A pesar de las críticas, el proyecto de ley de Educación Dual —que se tramita bajo el expediente 20.786— ha logrado caminar con paso firme por el Congreso.

El proyecto ya fue dictaminado afirmativamente por la Comisión  de Ciencia, Tecnología y Educación, el 15 de noviembre pasado, y ya concluyó con la primera de dos fases para la recepción y votación de posibles modificaciones.

Ahora, sólo queda una oportunidad para la presentación de posibles cambios, hecho que motivó al Gobierno a solicitar al Congreso que se detengan de los trámites por el mes de febrero para “consensuar” posibles correcciones que terminen de mejorar el proyecto.

Sin embargo, el ministro de la Presidencia, Rodolfo Piza, aseguró a UNIVERSIDAD que la pausa concluirá el próximo 28 de febrero y que no esperaría tener que solicitar una prórroga, pues las propuestas están avanzadas.

“El Gobierno  cree que es necesario aprobar el proyecto, pero efectivamente queremos oír a los sectores que habían manifestado algunas preocupaciones, tanto empresarios como sindicatos”, puntualizó Piza.

Además, el ministro confirmó que se mantienen en negociaciones con los actores involucrados, incluidos los técnicos, los ministros y los jerarcas de todos ellos, para definir mejor cuáles son “los papeles” de cada parte en el proceso y cómo incluir esos detalles a través de un nuevo texto o mociones.

Según Piza, existen varias propuestas de textos, de las que se intentarán rescatar las mejores ideas, de modo que puedan ser incluidas si así lo tienen a bien los diputados en el Congreso.

¿Salarios y cargas sociales?

Actualmente, el proyecto de ley establece que los estudiantes que acudan a este tipo de formación podrán laborar en las empresas o instituciones respectivas entre uno y dos tercios de su tiempo educativo.

Para ello, el proyecto de ley establece que las empresas y los centros educativos deberán acordar un convenio de educación, incluida una beca que cubrirá “las necesidades básicas de las personas estudiantes vinculadas con el proceso de formación”, tales como “el transporte, la alimentación, la vestimenta y el equipo mínimo de protección especial”.

Además, se abre la puerta para que se ofrezcan “subsidios y beneficios adicionales” o bien, que se establezca una beca monetaria no menor al 30% del salario base para un trabajador semicalificado “sin carácter laboral o salarial”.

Estas condiciones han sido especialmente criticadas por dos motivos: primero, porque se trata de compensaciones mínimas para un trabajo no remunerado por parte de las empresas y, segundo, porque no se le brindarían las garantías sociales de un trabajar regular a los estudiantes.

Al respecto, el presidente de la Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación del Congreso, el liberacionista Wagner Jiménez, indicó que las preocupaciones ocurren por una malinterpretación del vínculo entre el estudiante y la empresa, el cual no sería laboral sino educativo.

Se ha utilizado el discurso contra la educación dual para decir que existiría una precarización de los salarios de los jóvenes en el momento que realizan sus procesos de aprendizaje en las empresas, pero eso es totalmente falso. Lo que nosotros pretendemos con la educación dual es que el joven aprenda en el centro educativo y también en las empresas formadoras, por lo que no se trata de un contrato laboral sino civil”, apuntó.

Las críticas las manifestó, Mélida Cedeño de APSE, quien señaló al Congreso la “absoluta indefensión” de los estudiantes por no contar con seguro social, pólizas, seguros de riesgo, licencias, incapacidades, cesantía, preaviso, permisos especiales y otras figura de protección.

Sobre todas estas indicaciones, Enrique Egloff de la CICR comentó que el proyecto establece compensaciones, pero lo cierto es que se trata de un proceso de aprendizaje, el cual más bien implicaría gastos para las empresas. Cualquier otra formalización, dijo, sería impagable.

“Las empresas están asumiendo costos y además, voluntariamente, pueden otorgar algunas partidas o algún tipo de compensación, pero la formalización sería de mucha complicación e imposible de ser asumida, entendiendo que nuestra industria y nuestras actividades empresariales ya tienen dificultades suficientes para incurrir en otros costos como las contingencias”, subrayó.

Algo similar había opinado Gonzalo Delgado, presidente de la Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones de la Empresa Privada (Uccaep), quien había señalado que “el tema no es de pagar o no pagar, sino buscar la forma de hacerlo transparente y que se clarifique como una relación de capacitación”.

Otros detalles

El proyecto de ley incluye a instituciones técnicas del Ministerio de Educación Pública (MEP), del Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), de universidades (públicas y privadas), de institutos parauniversitarios y de otras instituciones.

Además comprende la creación de la Promotora de Educación y Formación Técnica Dual (Proedual), la cual contará con un presupuesto del 0,005% del PIB y estará conformada por los jerarcas del MEP, del Ministerio de Trabajo, del INA, del Consejo Nacional de Rectores (Conare) y del Consejo Nacional de Enseñanza Superior Universitaria Privada (Conesup); así como por dos representantes de Uccaep y otros dos representantes del sector estudiantil.

Ninguno de ellos recibirá dietas por su trabajo y sostendrán reuniones bimensuales o extraordinarias (en caso de ser convocadas).

Sus funciones serán promover el desarrollo de este tipo de educación y, más detalladamente, les corresponderá también aprobar los programas de aprendizaje propuestos.

No obstante, estos programas ya estarían avanzados con algunos mecanismos que plantea la ley, como la posibilidad de que los centros educativos y los profesores tengan presencia directa en las empresas cuando así lo requieran o la obligación de que la empresa cuente con un tutor por cada tres estudiantes.

También, se abre la puerta a que las empresas formalicen sus vínculos laborales concluidos los procesos educativos, una posibilidad que ya incluiría responsabilidades contractuales.

Las empresas, además, en caso de que se apruebe la ley, no podrán superar el 10% de su planilla con la recepción de estudiantes.

El resto de la ley, dice el mismo proyecto, tendría que ser reglamentada en los tres meses posteriores a su firma y publicación.

Además de las críticas de forma, los sindicatos rechazan el texto por temas de fondo como el posible impulso que tendrían los estudiantes para abandonar el sistema educativo por trabajos de bajo perfil y la disminución de las implicaciones de los profesores, titulares de la materia, en los procesos educativos.

El proyecto completo

Esta es la última versión del proyecto de ley 20.786:

 


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