Propuesta original resultó inviable

Trabas en el Congreso obligaron a Gobierno a lanzar su “plan b” fiscal

Hacienda hace ajustes con la esperanza de evitar una situación crítica que considera inminente sino se aprueban reformas.

Las pintas legislativas del 2017 resultaron ser tan claras como negativas para los proyectos de reforma fiscal y obligaron al Gobierno de Luis Guillermo Solís a sacar del sombrero una nueva propuesta más conservadora, con la esperanza de que sí la acepte la mayoría de los diputados en este año electoral.

Condicionados por el polémico proyecto de reforma a las leyes de empleo público (fuente de críticas de parte de organizaciones sindicales y de dudas por parte del propio Gobierno), tres expedientes claves en la reforma fiscal fueron retirados la semana pasada y sustituidos por planteamientos que, de aprobarse, darían a Hacienda menos dinero del que se pretendía en principio.

El Ejecutivo no pierde la esperanza de lograr que se aprueben incrementos en los tributos suficientes para estabilizar, al menos de manera parcial, las finanzas del Estado y reducir el déficit, o al menos frenar el endeudamiento interno con el cual se le ha hecho frente en esta Administración para mantenerlo en 5,2% del PIB.

El presidente Solís persiste en sus apocalípticas advertencias sobre las consecuencias si no se aprueba un incremento en los impuestos. Las repitió  el martes 30 de enero, mientras corre la semana de tiempo que dieron a las fracciones legislativas para pronunciarse.

“Si no se aprueban, lamentablemente se queda el país en una situación muy precaria y la nueva administración tendrá que padecerlo. Para la nueva administración será sumamente complicada la economía y el manejo de la estabilidad de las finanzas públicas”, dijo en conferencia de prensa.

Mientras tanto, el viceministro de Hacienda, Fernando Rodríguez, comparecía ante la comisión legislativa de Asuntos Hacendarios, cuya presidenta, la legisladora Rosibel Ramos, ya expresó su rechazo con el argumento de que el Gobierno ha evadido el compromiso de recortar el gasto.

“¿Viabilidad política a esta nueva propuesta? Absolutamente ninguna por el retiro de (proyecto) empleo público. No hay posibilidades de negociación, al menos en buena parte de mi partido (Unidad Social Cristiana (PUSC)”, contestó Ramos a UNIVERSIDAD.

El nuevo planteamiento mantiene la intención de convertir el impuesto de ventas (13%) en impuesto al valor agregado (IVA), conservando la tasa impositiva en el mismo porcentaje. Esto permitiría ampliar la base de personas o empresas sujetas a pagar ese tributo.

Sin embargo, en el caso de servicios de salud y educación privadas, la tasa quedaría en 4% si la propuesta se aprobara, aunque los críticos señalan que eso provocaría un encarecimiento de las consultas y procedimientos médicos así como de las matrículas y mensualidades en escuelas, colegios o universidades.

También se modificó la tasa al impuesto de renta sobre ganancias capital. El plan inicial era 15% y se redujo a 12%. Además, en el caso de salarios se eliminó la última tarifa de 25%, de manera que el mayor gravamen sería de 20%.

El viceministro Rodríguez reconoció que la intención es buscar márgenes mayores de aceptación entre los diputados, aunque todo está sujeto a negociación.

Rodríguez negó que la pretensión recaudatoria se redujera ahora a la tercera parte de lo inicial (2,1 puntos del PIB). Dijo que en Hacienda aún están haciendo los cálculos, pero cree que con estas iniciativas se podrían aumentar 1,5 puntos del PIB. Es decir, el 75% de lo planeado a mediados de 2015, cuando el Gobierno presentó sus proyectos de reforma fiscal.

Esos proyectos se centraban en la reforma de ventas, renta y uno llamado “regla fiscal”, que pone límites al crecimiento de los gastos públicos; que ya no están en la corriente legislativa. También formaban parte de la reforma proyectos que ya se han aprobado, como el del impuesto a sociedades anónimas, un plan contra el fraude fiscal, contra el contrabando y una ley de Caja Única.

Ahora se incorpora también un proyecto de ley que pone tope a los salarios de los jerarcas públicos, el cual no estaba convocado porque se supeditó al proyecto de “empleo público”, promovido por la liberacionista Sandra Piszk. Este, sin embargo, acabó generando una fuerte polarización en el Congreso y ya quedó fuera del juego.

Un grupo de 22 diputados pidieron a Solís dejarlo fuera de la corriente legislativa por considerar que atenta contra la “paz social” del país, mientras otros creen que se impuso la presión de organizaciones sindicales, pues el Gobierno en ningún momento presionó por él y solo abogó por “ponerlo en discusión”.

Solís rechazó haberse “arrodillado” ante los sindicatos y en rueda de prensa se cuestionó por qué Piszk no se enfrentó a los sindicatos cuando fue ministra de Trabajo (Gobierno de Laura Chinchilla) mediante la renegociación de convenciones colectivas, como sí lo ha hecho esta administración para limitar los beneficios de ciertos funcionarios públicos.

“Estamos planteando esto porque la situación es delicada, con calificaciones de riesgo más bajas, con un entorno internacional incierto. ¿Queremos entrar a una situación crítica? Por eso estamos buscando más viabilidad política y esperando que (los diputados) nos den su posición. Y si quieren volver a la anterior volvemos. Lo que queremos es una señal de la Asamblea para saber si esto es viable porque si no la situación va a empeorar”, dijo Rodríguez, quien hizo alusión sobre todo a los diputados con aspiraciones presidenciales, como Antonio Álvarez Desanti (PLN) y Rafael Ortiz (PUSC).

 

 

 

 

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