Los funcionarios públicos que sean despedidos sin responsabilidad patronal quedarán vedados de concursar a nuevos cargos en el sector público hasta por dos años, según un cambio aprobado por los diputados el pasado 25 de febrero. La moción fue firmada por los diputados de Restauración Nacional, Xiomara Rodríguez (jefa de la fracción) y Carlos Avendaño.
La modificación introducida crea una sanción en el cuarto artículo del proyecto de Ley Marco de Empleo Público (21.366), que está dedicado a proponer principios rectores para la aplicación de la ley.
Dentro del “Principio de Estado como patrono único”, los diputados de la Comisión de Gobierno y Administración aprobaron que en el caso de “sanciones que generen el despido sin responsabilidad patronal del funcionario en una institución (…) impedirán a cualquier otra entidad u órgano que forme parte del Estado contratarlo por un plazo que va de seis meses a dos años”.
Actualmente, funcionarios públicos que hayan cometido faltas que se tramiten por la vía penal pueden recibir una sanción de juez para ser inhabilitados de cargos públicos. También existe un procedimiento administrativo, que puede aplicarlo la Contraloría General de la República, específicamente “por la infracción de la ley con consecuencias en el ámbito de la Hacienda Pública”. Ahora, estos dos años de prohibición para cargos públicos serán de aplicación general para cualquier caso de despido justificado.
Durante la discusión, el único diputado que objetó el cambio fue el diputado José María Villalta del Frente Amplio quien acusó la reforma de ser una “desproporción, un abuso”.
“Aquí van más allá en un procedimiento administrativo de despido, por cualquier motivo, quieren establecer que esa persona que fue despedida no pueda buscar trabajo en ninguna otra institución; aunque sea en otra actividad distinta por la cual fue despedida (…) poner por ley, que está prohibido contratar a una persona, aunque sean otro trabajo totalmente distinto, es un exceso una desproporción, un abuso”, afirmó Villalta ese día.
UNIVERSIDAD consultó con el laboralista Esteban Calvo sobre la incorporación de una sanción en el articulado de los principio de la ley. Este mismo especialista advirtió con antelación que existen otros portillos de la ley que son grisis a la aplicación de inhabilitaciones (la ley propone que existe una plataforma en donde se lleva “registro de las personas inelegibles para ser nombradas nuevamente en puestos públicos, por motivo de sanción de inhabilitación”).
Calvo describió que la prohibición propuesta por Restauración Nacional “no guarda principios de razonabilidad, desproporcionalidad, es genérica para todo tipo de sanción y conduce a una limitación muy drástica del derecho fundamental al trabajo”
“Es un absurdo que se ponga en los principios, porque eso es una disposición normativa. Hay un problema de técnica legislativa muy evidente. No se entiende, pero como ese proyecto lo han redactado manga por hombro… Esa es una norma prohibitiva y planteando así, podría tener vicios de constitucionalidad por violaciones al derecho al trabajo”, afirmó Calvo.
De acuerdo con diputados de la Comisión de Gobierno y Administración, el plan del trámite de ley será elevar a consulta con los magistrados de la Sala Constitucional el plan de Empleo Público. Esta etapa ocurrirá después de su primer debate.
Para este artículo se enviaron solicitudes de preguntas a los diputados Rodríguez y Avendaño. A la jefa de Restauración también se le llamó a su celular, sin respuesta.
Después de publicada el artículo, una asesora del diputado Avendaño envió un video y un párrafo de declaraciones. En el video, el diputado Avendaño dice que la propuesta es “sana”.
“Restauración impulsó la moción 57, aprobada por los miembros de la Comisión de Gobierno y Administración para que los funcionarios que sean despedidos sin responsabilidad patronal en una entidad, no puedan ser recontratados por otra, en virtud del principio de Estado como patrono único. En los últimos años funcionarios que violentan la ley y que son removidos de un cargo, sin responsabilidad patronal, luego son premiados colocándolos en otro. Estamos buscando evitar que salten de un puesto a otro para burlar la potestad disciplinaria”, dicen las declaraciones de Avendaño.
La moción aprobada se puede leer a continuación: