Trabajadores piñeros denuncian persecución sindical y malas condiciones laborales

Pagos por debajo del mínimo de ley, exposición al sol y a químicos sin protección, contratación de inmigrantes sin documentos y persecución sindical, son

Pagos por debajo del mínimo de ley, exposición al sol y a químicos sin protección, contratación de inmigrantes sin documentos y persecución sindical, son parte de la realidad que viven miles de trabajadores en las plantaciones de piña en la zona del Caribe.

La gran mayoría prefiere no reclamar nada por temor a ser despedidos, mientras que los pocos que llegan a sindicalizarse, son sometidos a presiones para tratar de que se vayan por su cuenta, o al menos, renuncien al sindicato.

Así describieron la situación a UNIVERSIDAD varios trabajadores del cantón de Pococí, que son afiliados al Sindicato de Trabajadores de Plantaciones Agrícolas (SITRAP), organización que debe sortear todo tipo de obstáculos para llegar a los empleados y ayudarles a reclamar sus derechos laborales.

 

LISTAS NEGRAS

Didier Leitón, promotor y secretario de organización del SITRAP, asegura que la libertad sindical y las buenas condiciones laborales son algo muy difícil de encontrar en las plantaciones de piña costarricenses.

En sus años como trabajador de plantaciones y ahora como sindicalista, Leitón afirma que son muchos los abusos e injusticias a los que se ven sometidas las personas que realizan diferentes labores en los campos sembrados de piña y otras frutas, como el banano.

“Aquí hay una política muy arraigada contra la libertad sindical. Las empresas no permiten que los trabajadores se organicen, y si saben de uno que está buscando hacer contacto con el sindicato, aun sin lograrlo, lo despiden de una vez”, aseguró Leitón.

El dirigente comentó que son muchos los casos de personas que no reciben ni siquiera el pago mínimo por jornada laboral agrícola diaria (definido por ley en ¢7.300), o bien, que no reciben lo justo por trabajar extenuantes jornadas de hasta 14 horas diarias.

Sin embargo, la mayoría soporta estas condiciones sin reclamar, pues el reclamo, o el acercarse a un sindicato para tramitar una denuncia, les puede costar la única fuente de ingresos para sostener a sus familias.

“Hemos visto casos en los que si un grupo de trabajadores se afilia al sindicato, la empresa despide a toda la cuadrilla, y al día siguiente los vuelve a contratar a todos, menos a los identificados como sindicalistas”, reveló.

Reprochó que también recurren a las llamadas “listas negras”, en las que se anota el nombre de la persona despedida por sindicalista, o porque intentó serlo, y se pasan a otras empresas de la zona para evitar que ahí también sea contratado.

Otra de las medidas de presión identificadas consiste en no despedir a la persona sindicalizada, pero sí a todos aquellos familiares o allegados que trabajan en la misma plantación.

“A algunos logran convencerlos con plata. Les ofrecen la liquidación si renuncian a la empresa y al sindicato, con la promesa que después les vuelven a dar el trabajo; pero,  cuando lo hacen y regresan les dicen que ya no los van a contratar”, puntualizó Leitón.

Por otra parte, criticó el hecho de que muchas firmas certificadoras dan su aval a las empresas piñeras por cumplir con estándares ambientales, pero pocas veces se fijan si las condiciones laborales son las adecuadas.

El sindicalista lamentó que reiteradamente se han presentado denuncias ante el Ministerio de Trabajo, y en ocasiones no son atendidas bajo el argumento de que esa institución no tiene los recursos necesarios para trasladarse a la zona.

Recordó además que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) ya ha señalado a Costa Rica por no hacer nada contra las actividades antisindicales, pero esto tampoco se ha traducido en un cambio de actitud por parte de las empresas o del Gobierno.

Hizo ver que actualmente el SITRAP cuenta con poco más de 400 afiliados reportados ante las distintas empresas, aunque más de 600 prefieren ser parte de la organización sin que sus patronos se enteren, para evitar problemas.

 


 

“Matándome puedo sacar ¢90.000 por quincena”

Berta Espinoza sale de su casa todos los días a las 4:30 de la mañana, para iniciar sus labores en la piñera unos 30 minutos después.

Ella hace de todo: participa en la cosecha, deshierba, saca “hijos” (semilla de piña) de los camiones, los selecciona y también ayuda a colocar la fruta cosechada en las carretas.

“Si trabajamos las 8 horas normales, nos ganamos los ¢7.300 por día, pero a veces nos quedamos hasta las 5 de la tarde, y lo que nos suben el pago es a ¢9.000, que es menos de lo que deberían pagar”, comentó.

Para Espinoza, las condiciones de trabajo no son las mejores, pues en ocasiones no se les da ocasión ni siquiera de hacer una pausa para comer. “Si trabajamos por contrato nos dan la hora del café a las 2 de la tarde, pero si estamos por hora, pasamos hasta las 5 o 6 de la tarde con sed, con hambre, cansadas y no nos llevan ni un vaso de agua”, se quejó.

El pago tampoco es el mejor, pues asegura que tiene que “matarse” en una quincena, si desea redondearse un pago quincenal de ¢90.000: “Para mí es muy poco, porque  los contratos nunca suben (en pago)”.

Espinoza es una de las pocas sindicalizadas en la empresa en que trabaja, y afirma que es víctima de discriminación por parte de sus patronos, que en ocasiones prefieren no llamarla a trabajar.

“En Semana Santa todos los de mi cuadrilla trabajaron menos yo, porque la empresa prefiere no tenerme ahí. Esa semana hubo gente que sacó hasta ¢160.000; pero a otros les pagaron menos y prefieren no reclamar nada”.

Esta madre de 10 hijos, si bien dijo no temer por su trabajo, trata de mantenerse alejada siempre de sus compañeras, pues ya en otras ocasiones han despedido a quienes vean que hacen amistad con ella.

“Mis compañeras me dicen que por qué estoy tan aparte, pero yo le digo que si las ven conmigo las echan, y yo no quiero afectarlas”.

Ella también ha sido testigo de cómo se contrata a inmigrantes nicaragüenses sin documentos, a quienes en ocasiones se les pagan salarios mucho menores al mínimo y  los mantienen con la amenaza de llamar a Migración, para que los devuelva a su país.


 

“Ya ni el agua nos quieren dar”

Roy Tinoco es un joven trabajador en una piñera de Pococí, donde trabaja en la siembra desde las 4 a las 11 de la mañana, si se cumple su horario normal.

Tinoco asevera que en la empresa en que él trabaja el pago sí se ajusta al mínimo de ley, aunque las condiciones de trabajo no siempre son las mejores.

A pesar de ser muy moreno por naturaleza, los brazos de Roy evidencian fácilmente las quemaduras que le producen las largas jornadas expuesto bajo el sol intenso del Caribe costarricense.

“Se supone que tenemos que usar unas camisas, unas mangas para protegernos. Pero cuando las pedimos, nos dicen que están ahí en la bodega y los encargados no las sacan”, relató Tinoco.

Este trabajador señala que también son frecuentes las infecciones en la piel y la irritación que causa el contacto con las hojas puntiagudas de la piña, a lo que se suma el hecho de que ya la empresa no les da agua para hidratarse mientras están en el campo.

“Antes nos jalaban el agua; ahora no. Tenemos que ver cómo hacemos y es pesado andar jalando el agua, porque muchos andamos a pie o en bicicleta”, reclamó.

Por formar parte de un sindicato, Tinoco también vive la persecución de la empresa, pues asegura que siempre tratan de afectarlo en su salario metiendo más personas a la cuadrilla, para que el monto del contrato se tenga que dividir entre más personas.

“Eso lo hacen para que nos cansemos y nos vayamos, pero no nos echan porque les conviene decir que aquí hay libertad sindical. Pero al que se trata de meter al sindicato, lo echan o le despiden a los familiares”, censuró.

En esta empresa (de la cual se nos solicitó reservar el nombre para evitar problemas estos trabajadores), el SITRAP tenía cerca de 80 sindicalizados, y ahora solo son 8.

“A mi tío no le quisieron dar trabajo, solo porque es familiar mío. Y los otros compañeros que estaban en el sindicato los echaron, pues uno no los vuelve a ver por estos lados, porque tienen que irse a pedir trabajo bien largo”, aseguró Tinoco.


 

Foro en UCR sobre piña

Comunidades de Siquirres reclaman acción de Gobierno por contaminación

JAVIER CÓRDOBA MORALES

Javier.cordoba@ucr.ac.cr

AyA reporta haber gastado más de ¢390 millones en trasporte de agua por cisterna para estas poblaciones desde el año 2007.

Los habitantes de comunidades afectadas por la contaminación del agua por parte de fincas piñeras en la zona de Siquirres –provincia de Limón-, pidieron una vez más la intervención real del Gobierno para poner fin a cuatro años de recibir agua potable por medio de cisternas.

Así lo expresó la presidenta del acueducto rural de Milano, Xinia Briceño, durante el foro “La contaminación del agua por la actividad piñera en Siquirres”, organizado por el programa Kioscos Ambientales de la Universidad de Costa Rica (UCR).

Briceño recordó que su comunidad no puede tomar agua de la tubería desde el 2007, cuando se detectó la contaminación del líquido con el agroquímico bromacil, que es utilizado en las plantaciones de piña.

La dirigente comunal reclamó que hace varios meses la Sala Constitucional ordenó al Estado reparar el daño a las nacientes de agua y restablecer el servicio de líquido potable a la población, pero eso hasta el momento no ha ocurrido.

Erlinda Quesada, del Frente Nacional de Afectados por la Expansión Piñera, (FRENASAP), recordó que con la explosión del cultivo de la piña a partir del año 2000, el Caribe ha sufrido problemas por los agroquímicos, la desaparición de grandes extensiones de bosque y afectación directa a las poblaciones cercanas.

“Se irrespetó la distancia entre las plantaciones y los centros de población, las zonas protectoras de aguas, la fauna y la flora que había que proteger. No hubo planificación”, criticó Quesada.

La  exregidora del cantón de Guácimo aseguró que el objetivo del frente no es que las piñeras se vayan de la zona, pues dejarían a miles sin empleo, aunque sí reclaman una  producción mejor planificada y menos intensiva en el uso de contaminantes.

María Suárez, de la Red de Mujeres Rurales, comentó que en las zonas cercanas a las piñeras, las mujeres campesinas han notado un incremento importante en la cantidad de deformaciones en los animales recién nacidos.

“Los animales tienen que tomar de esa agua con químicos, porque no queda de otra. Entonces lo que nacen son lo que llamamos “momias”, animalitos que nacen muertos, sin ojos, sin patas, o deformados. Son animales que no nos sirven a nosotras”, afirmó Suárez.

¢390 MILLONES EN AGUA

En el mencionado foro, Clemens Ruepert, investigador del Instituto Regional de Estudio de Sustancias Tóxicas (IRET), de la Universidad Nacional (UNA), mostró los resultados de estudios que se hicieron mucho antes de que se detectara la contaminación en las comunidades de Siquirres en 2007.

Ruepert había advertido desde el año 2003 de la vulnerabilidad de la zona si se instalaban allí plantaciones de piña, advertencia que también hizo poco tiempo después Acueductos y Alcantarillados (AyA), pero sin que hubiese reacción del gobierno de entonces.

El investigador explicó que químicos como el bromacil son muy persistentes, por lo que  se les puede encontrar en el agua y el suelo aún muchos meses o años después de haber sido aplicado.

Por su parte, el subdirector del Laboratorio Nacional de Aguas de AyA, Marco Antonio Sequeira, fue el único representante de las entidades estatales invitadas (Ministerio de Salud y Defensoría de los Habitantes) que se hizo presente en el foro.

Sequeira aseguró que el Laboratorio Nacional de Aguas siempre ha utilizado los estándares de naciones como las europeas, que son más altos que los que se aplican en el país, para considerar el nivel de riesgo de un agroquímico en el agua.

El representante estatal aseguró que en AyA no se entiende por qué se definió un “nivel aceptable” de bromacil en el agua que es superior al establecido en Europa, y recalcó que ese agroquímico está prohibido en muchas naciones.

Sequeira dijo que el suministro de agua potable por medio se cisternas, no se suspenderá hasta tanto las pruebas de laboratorio demuestren que el uso del agua que pasa por las tuberías es seguro para el consumo humano.

El expositor reveló que hasta el momento el AyA ha gastado más de ¢390 millones en abastecer con cisternas el agua potable en estas zonas, situación que indignó a los pobladores del lugar, pues consideran que con ese dinero se pudo haber construido el nuevo acueducto que reclaman desde hace meses.

 


 

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