El desfase es cada vez mayor entre los incrementos que los empresarios y el Gobierno están haciendo a los salarios de los trabajadores, tanto en el sector público como privado, y el aumento vertiginoso de la inflación o el costo de la vida. En los salarios del sector público ya se acumula un deterioro por ajustes no reconocidos de un 9,93%, particularmente en el Gobierno Central, dijo el economista, exviceministro de Hacienda y docente de la Universidad Nacional (UNA) Fernando Rodríguez.
Al congelamiento de salarios en el sector público se suman reajustes salariales insuficientes en el sector privado, que han generado una pérdida de poder adquisitivo entre las personas trabajadoras, destacaron personas entrevistadas por UNIVERSIDAD.
Mientras esto sucede, el sector patronal propuso un aumento de solo un 1% al salario mínimo en el sector privado, aunque la inflación sigue su tendencia al alza —se reportó en 8,71% a principios de junio, según el Índice de Precios al Consumidor (IPC)—.
“Ningún reajuste salarial para el sector público en el Gobierno de Carlos Alvarado superó el 1%” (Rafael Mora Solano, ANEP)
Fernando Rodríguez destacó que definitivamente hay un ajuste pendiente a nivel de salarios del sector público, ya que el deterioro en los ingresos en los últimos años es palpable.
“Considerando que los salarios han estado congelados durante todo el año 2020, y durante todo el año 2021, a mayo de 2022 hay acumulado un ajuste sin reconocer del 9,93%, que ya cuando salga la inflación de junio es muy probable que supere, y con creces, el 10%. Estamos hablando de la inflación de 2020, de 2021 y de los cinco meses que van de 2022”, afirmó Rodríguez.
En el sector privado ha habido otros problemas relacionados con reducción de jornadas y congelamiento de contratos, mencionó Rodríguez.
“Puede ser que haya gente que en este tiempo se les redujo el salario porque les cortaron la jornada, o que estuvo un tiempo sin trabajar porque tenían el contrato suspendido, o gente que del todo perdió el empleo”, destacó Rodríguez.
Reajustes salariales no corresponden
El asesor político de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP), Rafael Mora Solano, coincidió en que hay un estancamiento en los aumentos salariales en relación con la inflación.
En primer lugar, explicó que durante 2020 y 2021 se congeló el reconocimiento de anualidades en el sector público, argumentando el factor pandemia, y también se congelaron los reajustes salariales por costo de vida (por inflación).
En segundo lugar, explicó que, en la etapa prepandemia, de 2015 al 2019, las tasas promedio de inflación reportadas por Costa Rica ante el Fondo Monetario Internacional (FMI), al Banco Mundial (BM) y a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) oscilaron entre un 0.80% y un 2.10% de promedio anual. Sin embargo, “ningún reajuste salarial para el sector público en el Gobierno de Carlos Alvarado superó el 1%. Ninguno lo superó cuando se dieron, porque hubo semestres en los que no se dio reajuste por costo de vida”, resaltó Mora.
“Ya solo ahí, en esos cinco años, tenemos una pérdida de un 3% por costo de vida anualizado. Es decir, en los últimos seis años no se ha recuperado ni el 50% de la inflación en cuanto a los reajustes salariales que se han dado, y esto no solo para el sector público, sino también para el sector privado”, denunció Mora.
Según el asesor, en el sector privado están tomando como referencia una inflación promedio muy baja, “cosa que no es cierta porque las inflaciones promedio han estado entre el 0.80% y el 2.22%”. Asimismo, criticó que a partir de 2019 eliminaron los reajustes salariales por costo de vida semestrales, y estos pasaron a ser anuales.
Por su parte, Juan Carlos Durán, del Sindicato de Funcionarios Públicos de Costa Rica (Sifupcr), afiliado a la Central del Movimiento de Trabajadores de Costa Rica (CMTC), reiteró que se viene arrastrando un desfase profundo de los salarios que afecta el poder adquisitivo de la gente.
Según Durán es urgente aumentar los salarios para que sean salarios dignos, y realizar una reforma integral y en la dirección correcta, para salvar la institucionalidad y reactivar la economía, que arregle la Regla Fiscal inserta en la Ley 9635 (Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas).
Pérdida acelerada del poder adquisitivo
Para Fernando Rodríguez esta situación tiene como consecuencias una pérdida acelerada del poder adquisitivo, “que, por supuesto, puede empezar a traducirse en una reducción significativa del consumo, problemas para hacerle frente a deudas en el sector financiero y la consecuente morosidad que eso traería”.
Rafael Mora resaltó que la situación afectará la economía porque ya hay “un debilitamiento en el poder adquisitivo de todos los trabajadores, afectando el consumo” y dejando a la población trabajadora indefensa desde el punto de vista del derecho a la alimentación, al reducirse su acceso a los productos de la canasta básica.
Esto lo confirma un documento elaborado por el economista Greivin Salazar Álvarez, del Programa Observatorio Económico y Social de la Universidad Nacional (UNA).
En 2021, la Comisión Nacional de Salarios (CNS) fijó un incremento promedio en el salario mínimo del 0,43% “como reflejo de las complicaciones enfrentadas por el aparato productor en 2020, debido a la crisis por la COVID-19 y, probablemente, bajo la premisa de una cierta estabilidad en el crecimiento de los precios”, según Salazar.
Sin embargo, el incremento en el salario mínimo establecido por la CNS para 2022 fue de 2,20% en promedio, “insuficiente para cubrir el deterioro experimentado en 2021, situación que se ha acentuado con el reciente incremento de precios producto de las complicaciones en el entorno internacional”, resaltó Salazar.
Al cierre del I trimestre de 2022, el poder adquisitivo de los salarios se ha reducido entre un 3,7 y 8% con relación a enero de 2020, afirmó el documento.
Precisamente esta semana la CNS discute el porcentaje de aumento que se hará al salario mínimo del sector privado.
El lunes 27 de junio los empresarios representados en la CNS propusieron un aumento de un 1%. Es decir, por cada ¢100.000 el trabajador recibiría ¢1.000 más. El miércoles el Gobierno presentará su propuesta y se tomará una decisión.
En el sector privado el salario mínimo está en ¢214.230,78 al mes para una trabajadora de servicio doméstico, detalló la CNS.
Mientras que, en el sector público, el salario mínimo está en ¢287.000, que es el salario base para un trabajador misceláneo, según la tabla de la Dirección General del Servicio Civil.
