Más de 500 personas trabajadoras de todo el país, del sector de alimentos y bebidas vinculado al turismo, aseguran que necesitan urgentemente de capacitaciones, créditos y apoyo para empezar nuevos pequeños negocios y levantar las economías de sus familias y de sus comunidades.
Van desde la persona que vende cocos afuera de un parque nacional o la dueña de una soda pequeña, hasta dueños de restaurantes y trabajadores de casinos. Yvette Jiménez, vocera del Gremio de Alimentos y Bebidas Turismo y Gastronomía, recalcó que el grupo incluye “desde la persona que cambia la cama en un hotel, hasta el señor que vende naranjas o empanadas frente a un establecimiento”.
En este sector se incluyen personas que trabajan en agencias de viajes, negocios de alquiler de vehículos, hoteles, restaurantes, guías turísticos, contratistas, concesionarios de transporte público, saloneros, dueños de tiendas, cocineros y artesanos.
Según Jiménez, solicitan a las instituciones gubernamentales apoyo para “reiventarse”, capacitándose en otras áreas para reactivar la economía de sus familias y no depender de una ayuda del Gobierno, que eventualmente se va a acabar, dijo refiriéndose al Bono Proteger. “Nosotros lo que estamos solicitando al Gobierno es que nos ayuden con propuestas, créditos y capacitaciones”, dijo.
A mediados de marzo, la Cámara Nacional de Turismo de Costa Rica (Canatur), estimó que las pérdidas del sector turismo este año serán de 2.000 millones de dólares, como consecuencia de la pandemia. Durante 2019, el sector tuvo ingresos por $4.000 millones.
Este sector fue de los primeros en sentir el impacto generado por la crisis del COVID-19, y se pronostica que será de los últimos en reactivarse. Asimismo, las zonas costeras han sido las regiones del país más golpeadas, por su dependencia de esta actividad económica y por el alto desempleo que presentan.
Según datos provistos por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), alrededor de 40.021 personas trabajadoras del sector turismo se han visto afectadas laboralmente por la crisis, ya sea por suspensión de contratos o por reducción de jornadas -esto no contabiliza a quienes trabajan en el sector informal-. Hasta el 8 de mayo, 1.301 empresas del sector turismo habían solicitado autorización del MTSS para suspender contratos por disminución de ingresos, y 939 para reducción de jornadas.
Jiménez comentó que en el grupo hay casos de personas que incluso abrieron sus bares dos meses antes de que empezara la emergencia “y la están pasando muy muy mal”; “se quedaron con las manos arriba, sin nada y con todo invertido”.
Esta semana el ICT informó que invertirá $2 millones en un plan de reactivación turística que incluye desarrollar una campaña publicitaria nacional, que apelará a la población costarricense y residente; renegociar campañas planificadas con las aerolíneas; y ejecutar estrategias de publicidad internacionales.
Según el ICT, también impulsarán un rescate para las empresas turísticas y apoyo para capital de trabajo y flujo de caja para pequeñas y medianas empresas. Esto va de la mano con el anuncio hecho el 8 de mayo por el Gobierno de que la banca estatal pondrá a disposición 900 mil millones de colones en créditos para el sector productivo, para la recuperación del país.
No obstante, para Jiménez y el grupo del cual es vocera, esta propuesta “demuestra que no tienen nada coordinado, no tienen plan de acción que sea efectivo, no saben cuánta gente está desempleada, nisiquiera saben la afectación de los empresarios, desconocen el encadenamiento social y productivo y el desarrollo que tenía el sector turismo, no saben como hacer para reactivar a este extracto de la población y hablan de hacer y no dan plazos”.
Esta semana también, el Ministerio de Seguridad anunció que las fronteras serán reabiertas el 15 de junio.
De acuerdo con el análisis que ha hecho el Gremio A y B, una vez que ocurra esto, las empresas no van a recontratar a todas las personas que han sido despedidas o suspendidas; la gente ha quedado recelosa y con miedo de ir a un restaurante o bar a consumir; y aunque los restaurantes puedan reabrir, un 25% de los pequeños negocios no podrán contratar gente, sino a sus propios familiares, para empezar de nuevo poco a poco.
Jiménez insistió que quieren que el Gobierno les de prioridad porque fueron las primeras personas afectadas y que, como gremio, tienen una propuesta para presentar al Gobierno.
