El hecho de que el trabajo sexual no esté regulado incide en una desprotección de los derechos de las mujeres trabajadoras del sexo en el país.
Así lo confirmó un estudio titulado “Informe Nacional de Vulneración de Derechos Humanos de las Trabajadoras del Sexo”, difundido esta semana por la Asociación para el Mejoramiento de de la Calidad de Vida de las Trabajadoras Sexuales (LA SALA) y la Red de Trabajadoras Sexuales de América Latina y El Caribe (RedTraSex).
Entre las conclusiones a las que llega el estudio, destaca que la falta de regulación del trabajo sexual en Costa Rica “tiene como una de sus principales consecuencias la violación prácticamente de todos los derechos laborales” de las mujeres trabajadoras del sexo.
Nubia Ordóñez, de La SALA y coordinadora para Costa Rica de la RedTraSex, enfatizó que “el primero que nos violenta es el Estado, porque no quieren que el trabajo sexual sea regulado, estamos en ese vacío legal y es muy difícil” y añadió que por ello hay policías que creen que “no valemos nada, primero por ser mujeres y peor por ser trabajadoras sexuales”.
El estudio consistió en la realización entre junio y setiembre de 362 encuestas a mujeres dedicadas a ese oficio de las provincias de San José, Heredia, Cartago, Limón y Puntarenas, entre las edades de 19 y 61 años.
La investigación enfatiza el hecho de que al no reconocer formalmente a las trabajadoras del sexo, el Estado “provoca que no tengan acceso a la seguridad social vinculada con el empleo, garantías sociales ni respeto por la labor que realizan” y añade que tanto la Fuerza Pública como las policías municipales hacen “un uso discrecional del marco legal, lo que les permite asumir una posición de poder, control y abuso”.
“Lo peor -continuó Ordóñez- es que cuando ponemos una denuncia se defienden entre ellos, diciendo que somos vagas, drogadictas o que vendemos droga”. Insistió además en que “defendemos el trabajo sexual autónomo, que podamos trabajar en condiciones dignas como cualquier otra persona”.
La activista además denunció que la policía “para peores se agarran de la ignorancia para simplemente pedirles servicios sexuales gratuitos”. En efecto, el estudio reveló que a 307 de las mujeres encuestadas -un 84,8%- dijo que funcionarios de las fuerzas de seguridad les solicitaron “servicio sexual gratuito”.
Además, un 43,6% sufrió agresiones físicas como golpes, y un 38,2% manoseos, entre otras formas de violencia.
Ordóñez informó que ya se elaboró un borrador de proyecto de ley para regularizar la situación de las mujeres trabajadoras del sexo, pero que desde Casa Presidencial se les recomendó no presentarlo todavía, a la espera de la próxima conformación de la Asamblea Legislativa.
Al respecto consideró que “si la iglesia y los cristianos se meten, no abalarían que el trabajo sexual se regule. Ahorita en este momento vienen muchos fundamentalistas”.
