Apenas unos años después de la fundación de la ciudad más antigua de Costa Rica, el gobernador -Perafán de Rivera- había decidido trasladarla a otro sitio. La primera ciudad española, Castillo de Garcimuñoz, sufría -para entonces- de inundaciones constantes por los ríos cercanos que hacían imposible los cultivos, las obras públicas y otras actividades urbanas.
Es casi un destino manifiesto. El primer capítulo de la historia de un país fue permanentemente rodeado de desastres, lluvias inclementes, sismos e inundaciones. Desde aquellos primeros deslizamientos, hasta el impacto de violentas tormentas como Nate, nuestros sucesos han dependido de la adaptación y vulnerabilidad a los desastres.
Nate figura en esas páginas como una de las manchas más oscuras que ha visto el país. Al cierre de esta edición la Comisión Nacional de Emergencias (CNE) reportaba diez fallecidos, casi doce mil albergados, quinientos daños reportados en carreteras y media centena de puentes dañados. Una prueba de su impacto, mucho mayor que el de Otto: el primer huracán en cruzar el suelo costarricense.
Empero, la grave crisis que vive el país se vio más potenciada por factores humanos que por las propias variables climáticas.
Aún no hay elementos científicos suficientes para determinar que Nate tuviera alguna relación con el cambio climático, pero sí existe información para respaldar la tesis de que la degradación, el mal ordenamiento ambiental y otros factores sociales construyeron un tablero perfecto para el perfil de vulnerabilidad que experimentó el país la semana pasada.
Ciclones no aumentan
Las investigaciones científicas en la región han demostrado que, a diferencia de otras zonas en el globo, la ocurrencia de ciclones tropicales en Costa Rica no ha aumentado y que el país mantiene la variabilidad histórica observada desde 1944.
Eric Alfaro es uno de los investigadores del Centro de Investigaciones Geofísicas de la Universidad de Costa Rica (CIGEFI), y junto con los científicos Adolfo Quesada y Flora Solano, desarrolló varios estudios históricos para observar el impacto de ciclones tropicales en la región desde 1944 hasta el 2007.
Uno de ellos descarta haber encontrado alguna tendencia al alza significativa en la ocurrencia de ciclones tropicales observados en el Mar Caribe desde 1968 hasta el 2007.
Otro realiza el mismo estudio desde 1944 hasta el 2007 y encuentra conclusiones similares: no hay un aumento significativo en la ocurrencia de estos fenómenos, pero sí en los impactos de la emergencia.
“En eso sí hay una tendencia positiva muy marcada”, dice Alfaro. “Los impactos, los reportes de desastres provocados por impactos de desastres a nivel cantonal, distrital e incluso centroamericanos, son cada vez más importantes”.
“Pero eso, desde el punto de vista de ciclones tropicales (al no existir un alza) no es climático, sino que se explica por un aumento en la vulnerabilidad y la exposición de la población”, señala. (Vea gráfico: No hay evidencia…)
Aunque el aumento de la temperatura en el agua del mar (científicamente demostrado y ligado al cambio climático) es un factor importante para el crecimiento de ciclones en el globo, también es importante la llamada “cortante del viento” que -especialmente en Centroamérica- podría verse potenciada por el cambio climático.
En la región, el choque de dos vientos provenientes del este y del oeste forma una especie de tijera, que “aglutina” las nubes y dificulta su formación. Eso, entre otros factores, hace aún más difícil que se pueda encontrar un aumento en los ciclones, y una relación con el cambio climático.
El estudio de Alfaro también enlista las comunidades históricamente más afectadas por ciclones desde los registros históricos. Figuran allí Pérez Zeledón, Parrita, Quepos, Nicoya, Santa Cruz, Puntarenas y Tarrazú; casi las mismas zonas afectadas por Nate. (Vea tabla: Viejos Conocidos).
“De momento todo el mundo habla del cambio climático y -aunque existe y es culpable de muchos fenómenos- esto tiene que ver más con desarrollo, con vulnerabilidad y problemas históricos”, dice Carlos Picado, jefe de Desarrollo Estratégico de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias de Costa Rica.
“A nivel político es muy importante clarificarlo, para no excluir culpas de la responsabilidad real”, concluyó Picado.
Suelos y resiliencia
Para el experto en geología ambiental, Allan Astorga, el problema en desastres como Nate está más vinculado con la planificación urbana y el uso de suelos que con un incremento en la ferocidad de los eventos del clima.
“Hay muchos responsables puntuales detrás de todo esto”, dijo. “Hay un serio problema en la legislación sobre la administración en el uso de suelos y en cuanto a los permisos de construcción”.
Astorga estima que poco menos de un cuarto de la población costarricense vive en zonas de alto y muy alto riesgo: zonas de montaña, al lado del cauce de los ríos y zonas urbanas mal planificadas.
La falta de exigencia de la legislación costarricense a las municipalidades para que investiguen y designen qué zonas son aptas para la construcción le preocupa, más aún cuando se observa el crecimiento de la mancha urbana en el país.
A partir de los censos nacionales, el Informe del Estado de la Nación estima que los costarricenses en zonas urbanas pasaron de representar un 50,4% de la población en 1984, a un 72,8% de la población en el 2011.
El último Estado de la Región también reportaba un extenso crecimiento de la mancha urbana en el país. La cantidad de hectáreas en la ciudad capital y en áreas periféricas se había multiplicado 2,5 veces desde 1975 hasta el 2014.
“Por eso pienso que hay que hacer una línea roja y decir: “a partir de ahora vamos a cambiar el uso del suelo y los permisos de construcción en Costa Rica, que garantice que se instalarán en zonas seguras y de bajo riesgo”, comentó Astorga.
Adaptación
Las particularidades de los desastres en la región también permitirían una mejor adaptación de Costa Rica. El año pasado la investigadora del Estado de la Nación, Alice Brenes, estimó que un 61% de los desastres del país, desde 1985, se debían a inundaciones, y otro 26% a deslizamientos.
Los resultados son muy similares a los que se observan en América Latina y el Caribe, el Sistema Económico Latinoamericano y del Caribe (SELA) estima que el 72% de los desastres de la región son hidrológicos y meteorológicos.
“Estos fenómenos hidrometeorológicos tienen la ventaja de que se sabe que van a ocurrir varias horas e inclusive días antes de que ocurran. Para mí es muy importante que la gente esté informada y que cuente con protocolos antes. Entonces, si la gente está preparada, tiene que saber qué hacer”, agregó Astorga.
Para la investigadora Alice Brenes, hay cuatro aspectos relevantes en el análisis de este tipo de sucesos. La degradación ambiental, el ordenamiento territorial, los aspectos sociales y el factor de gobernanza son focos esenciales a los que el país debe de prestar atención si desea hacer una efectiva gestión de riesgo.
La alerta que lanzan Brenes, Astorga y otros científicos es extensa e histórica. Desde Agosto de 2010, el Comité Asesor Técnico e Hidrometeorológico alerta sobre la alta tasa de crecimiento urbano y la falta de políticas públicas que lo acompañe.
En esa alerta, por ejemplo, el Comité destaca la falta de políticas de desarrollo de obras hidráulicas de drenaje o conducción de las aguas pluviales.
No se trata de un tema menor. Solo durante el 2015 en la Municipalidad de San José se reportaban 1.102 toneladas métricas de residuos sólidos recolectados en el sistema pluvial.
Su tratamiento costó, para ese año, ₵11,2 millones a la municipalidad. Al primer semestre del 2016, el mismo gobierno local había recolectado otras 489 toneladas.
El caso ilustra los problemas que pueden estar enfrentando otras municipalidades que no procesan datos como estos, y que -aunque aún mejorables- no desarrollan los mismos tratamientos como los de la Municipalidad de San José.
“Cuando las municipalidades no pueden llevar un adecuado control sobre los procesos de desarrollo urbano, basados en planes reguladores o planes de ordenamiento territorial cantonales, o cuando no pueden realizar ampliaciones y mejoras al alcantarillado pluvial con la misma celeridad con la que se lleva a cabo el desarrollo urbano, la ocurrencia de inundaciones urbanas se incrementa con pérdidas sociales y económicas para toda la comunidad”, señalaban desde hace siete años.
Para esa fecha, el Comité también urgía la vinculación atinente y fiscalizada de los planes reguladores con planes de ordenamiento territorial cantonales: hoy una meta que solo algunas municipalidades cumplen.
“Pese a esto con los estudios que nosotros hemos hecho es importante recalcar que sí hay zonas seguras para construir”, dijo Astorga. “Creemos que casi la mitad del territorio nacional tiene sitios seguros de construcción, lo que sucede es que primero necesitamos tener una buena planificación”, cerró.
