Tras una intensa semana de sesiones diurnas y nocturnas para colocar las últimas modificaciones al plan fiscal, todo quedó listo la noche del jueves para que se apruebe en primer debate este viernes.
Están los votos. La mayoría de los diputados del Partido Liberación Nacional (PLN) y del Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), junto con el independiente Erick Rodríguez, formarían un solo bloque con la fracción del gobierno, una suma que alcanzaría más de los 29 votos necesarios para aprobar el proyecto.
También está el tiempo. La presidenta legislativa, Carolina Hidalgo, dejó programadas dos sesiones de 10:15 a.m. a 2:00 p.m. y a partir de las 3:00 p.m.; tiempo que sería suficiente para debatir por el fondo y votar el proyecto en la primera de dos ocasiones.
Así las cosas, la aprobación parece una cuestión de tiempo, en medio de un panorama marcado más bien por las dudas en torno al procedimiento y si este podrá llegar a la etapa de segundo debate.
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Todo, coinciden la mayoría de actores políticos, deberá evaluarlo la Sala Constitucional en una consulta no obligatoria que seguramente harán los diputados opositores, aunque depende de la decisión de los diputados de Restauración Nacional (RN), pues el resto de diputados no alcanzaría la suma necesaria de diez firmas.
Esas diez firmas ya se alcanzaron después de que los gobiernos de Abel Pacheco y Laura Chinchilla celebraron sus respectivos primeros debates, tras los cuales ambos se cayeron por vicios procedimentales.
De cualquier manera, la presidenta del Congreso, Carolina Hidalgo, ya reconoce que la aprobación en sí misma igualmente generará “tensión” en las calles, motivo por el que la Seguridad legislativa ya ha girado instrucciones a los diputados en los últimos días.
Entre esas instrucciones, dio a conocer Walter Muñoz de Integración Nacional, se le recomendó a los diputados llegar al Congreso desde las 7:00 a.m., antes que cualquier manifestante que pudiese obstaculizar los ingresos.
También está a la espera de lo que ocurra este viernes el jefe de fracción liberacionista Carlos Ricardo Benavides, quien no promete los 17 votos de su fracción, pero cree que por lo menos podrán ofrecer 16. La otra diputada sería Franggi Nicolás, la puntarenense que ha roto la línea de sus compañeros en una gran cantidad de temáticas relacionadas con el proyecto.
Del lado socialcristiano, el jefe Erwen Masís había comentado recientemente que en su fracción existían dudas de algunos diputados, aunque siempre añadió que esperaría salir en bloque para votar el texto favorablemente ante la urgencia que tiene para las finanzas públicas.
La oposición, por su parte, es ya clara: el Frente Amplio (FA) con José María Villalta, el Partido Integración Nacional (PIN) con sus tres congresistas, y el republicano Dragos Dolanescu se sumarían a la fracción del Partido Restauración Nacional (RN), que sostiene diferencias de fondo con el texto que parece serán irreconciliables.
Ellos, incluso, serán los responsables de enviar el proyecto a consulta constitucional, donde se han caído las propuestas de reforma pasadas, a pesar de que el restauracionista Eduardo Newton Cruickshank dice que ellos irán “por etapas” y tomarán la decisión más adelante.
Eso sí, Cruickshank adelantó su criterio y aseguró que, si la decisión fuera suya, lo mejor sería enviar el proyecto, aún a sabiendas de que podría caerse. “Si pensamos en un bien superior, que el bien superior lo cumpla la Sala, no yo”, señaló, al tiempo que reiteró que su deseo es garantizar que el procedimiento se haya hecho “a derecho” como abogado.
Dudas en el aire
Lo cierto del caso es que, tras su aprobación, el proyecto deberá enviarse a consulta de las instituciones, incluyendo el Poder Judicial, cuyo criterio será clave, pues podría condicionar todo el trámite o condicionarlo a una votación de 38 votos si pide que no se apruebe.
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Al respecto, la presidenta Hidalgo aseguró que después de aprobado el proyecto empezarán a contarse los ocho días hábiles para que las instituciones respondan; al tiempo que el texto se publicaría en el diario oficial La Gaceta e iría a su respectiva consulta constitucional para analizar a fondo los detalles procedimentales.
Sobre el documento que había enviado el Poder Judicial antes, argumentando que el proyecto de ley afectaba su “funcionamiento” y su “autonomía presupuestaria”, Hidalgo subrayó que aquel texto “se recibió de forma extemporánea y las conclusiones no establecían si estaban de acuerdo o no con el proyecto”.
Según Hidalgo, un nuevo criterio “calificaría la segunda votación sólo para el segundo debate, a menos de que el contenido señalara que tenía que calificarse desde el inicio”. Además, quedaría pendiente la evaluación que hiciera la Sala Constitucional lo avala
Por el momento, existe cautela aunque el liberacionista Benavides asegura que “el procedimiento se ha seguido tal cual el 208 Bis lo establece” y “en ese sentido no tiene ninguna duda”.
No obstante, la duda persiste y él bien lo recuerda como protagonista, diputado y ministro, durante la caída de las reformas anteriormente propuestas.
Al respecto, recordó que “los procesos legislativos son complejos siempre, inclusive los comunes, de manera que la Sala Constitucional siempre puede considerar cosas nuevas o algunas experiencias que se han presentado en otros momentos”. Eso sí, subrayó que él “no observa ningún tema específicamente complicado sobre el trámite”, por lo que espera confiado.
“Me parece que se ha respetado el derecho de enmienda, ha habido una gran amplitud en la discusión y que a este procedimiento se le llame vía rápida es un eufemismo. Siete meses no son rápidos ni aquí, ni en China, siete meses es un tiempo muy considerable para atender un asunto de la extensión política y social de este proyecto y creo que ha sido un plazo más que razonable”, concluyó.
