Siete de cada 10 personas en Costa Rica se apartan de afirmar que el gobierno actual tiene o impulsa políticas ambientales claras.
Este es uno de los hallazgos de la encuesta “Percepción de la población sobre temas ambientales en Costa Rica, 2022”, publicada este jueves por el Instituto de Estudios Sociales en Población (Idespo) de la Universidad Nacional (UNA).
Solo 32% de los entrevistados señala que hay “una política clara de compromiso con el ambiente por parte del gobierno”, frente a 68% que cuantifica con “poco o nada” la existencia de propuestas certeras de parte de la administración de Rodrigo Chaves.
Al consultarse sobre las tareas que debería llevar adelante el Gobierno, las que más aprobación recibieron fueron impulsar la agricultura orgánica, promover la actualización de la Ley de Recurso Hídrico, regular la contaminación por agroquímicos y habilitar el tren urbano en forma continua, además de reactivar el tren de carga y crear una ley de ordenamiento territorial. Todos esos proyectos recibieron una aprobación superior a 90%.
La encuesta se realizó por teléfono entre el 13 y 23 de junio, con 702 entrevistas y un margen de error de 3,7 puntos.
Un tema que ha sido objeto de cuestionamientos es la ratificación del pacto internacional Acuerdo de Escazú, ya descartada por el gobierno de Chaves por considerar que redunda normas ambientales que ya tiene el país, ante la presión de grupos empresariales para rechazarlo.
Pese a la discusión en medios políticos y ambientales en los últimos años, menos de 9% de la gente dice haber escuchado del Acuerdo de Escazú.
Sin embargo, Idespo-UNA preguntó por el apoyo o no a elementos específicos contenidos en el Acuerdo de Escazú y el resultado fue un alto respaldo: todos los enunciados presentan un nivel de acuerdo igual o mayor al 96%.
Son los siguientes enunciados: “realizar acciones para garantizar los derechos de las personas a un medio ambiente sano y al desarrollo sostenible”, “establecer una relación entre el Estado, el mercado y la sociedad sin perjudicar el ambiente”, “generación de información relevante, de fácil acceso y comprensión” e “implementación de una participación abierta e inclusiva en los procesos de tomas de decisiones ambientales”.
Organizaciones ambientalistas han denunciado recientemente las intenciones del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae) de centralizar funciones y reducir los espacios de participación de organizaciones ciudadanas.
Pese a algunos cuestionamientos, seis de cada 10 personas consideran que es coincidente con la realidad el prestigio internacional del país en términos ambientales.
Cuando se consulta si las aguas jabonosas y negras que se generan en casa podrían llegar a contaminar el agua utilizada para consumo humano, dos tercios de la muestra consideraron que sí.
Y ante la pregunta de si estarían dispuestos a pagar para que se traten correctamente las aguas grises y negras de su vivienda, 78% afirmó que sí, aunque un 71% estima que eso corresponde casi por partes iguales a las municipalidades y a Acueductos y Alcantarillados (AyA), aunque la indica que esto es responsabilidad de los operadores de agua.
Por tanto hay un alto apoyo a posibles inversiones públicas para tratamiento de aguas residuales, pues un 97% las considera relevantes en el corto plazo.
