Pese al descontento con el desempeño de las instituciones democráticas, la ciudadanía costarricense prefiere reformas en vez de medidas abruptas que rompan con los valores del sistema político actual.
A esa conclusión conduce el nuevo estudio de opinión del Centro de Investigación y Estudios Políticos (CIEP) de la Universidad de Costa Rica (marzo 2017), que a la vez confirma el predominio de posiciones conservadoras de la población ante temas del debate cultural en la sociedad.
La encuesta –cuya primera parte adelantó UNIVERSIDAD la semana anterior– fue realizada del 27 de febrero al 18 de marzo 2016, con un total de 729 entrevistas telefónicas a personas mayores de 18 años (y el margen de error del estudio es +- 3,5 puntos porcentuales).
En este estudio de opinión los investigadores del CIEP incluyeron tres grupos de preguntas enfiladas a dilucidar si existe el riesgo de que valores anti-democráticos irrumpan en el sistema político costarricense en las condiciones actuales.
Esto tomando en cuenta que el descontento ciudadano con el funcionamiento de las instituciones se extiende en los diversos sectores de la sociedad costarricense, como lo documentan diferentes estudios socio-políticos, y el peligro de que en esa atmósfera se asienten valores antidemocráticos que lesionen la convivencia, como la xenofobia y la intolerancia política.
Dada la complejidad de medir el respaldo de la ciudadanía a valores democráticos o antidemocráticos, ya que estos constituyen ideas abstractas e indefinidas en la mente de las personas, los encuestadores del CIEP optaron por preguntar primero si las personas consideraban que la democracia costarricense necesita cambios.
Enseguida, indagaron acerca de qué tipo de cambios las personas están dispuestas a apoyar, clasificándolos en tres categorías: cambios reformistas (cambios de la democracia en democracia), cambios rupturistas (medidas políticas radicales y abruptas que rompen con los valores tradicionales), y cambios para mejorar la eficiencia estatal (reformas orientadas a mejorar la eficiencia de las instituciones públicas).
A las personas entrevistadas se les formularon las siguientes preguntas:
¿Usted cree que la democracia costarricense necesita grandes cambios?
¿Está de acuerdo usted con la siguiente frase?: a pesar de los problemas, la democracia costarricense funciona bastante bien.
En una escala 1-10 en la que 1 significa muy en desacuerdo y 10 significa muy de acuerdo, ¿qué tan de acuerdo estaría usted con los siguientes cambios…?
Y a continuación se incluyeron los tres grupos de preguntas catalogadas como reformistas, rupturistas y de eficiencia estatal.
Se formularon cuatro preguntas en cada una de las categorías solicitándoles a las personas indicar el grado de apoyo a las medidas, en una escala 1-10 en la que 1 significa muy en desacuerdo y 10 significa muy de acuerdo.
En relación con las reformas se preguntó el grado de apoyo a: que el Presidente pueda convocar a nuevas elecciones de diputados; que la Asamblea Legislativa pueda destituir al Presidente; que los diputados puedan reelegirse cuantas veces puedan; y que el pueblo pueda destituir diputados.
Respecto de medidas rupturistas: que el Presidente pueda destituir diputados; que el Gobierno pueda sancionar a los medios de comunicación que transmitan noticias falsas; que el Presidente escoja a los jueces de la República; que el Gobierno expulse a extranjeros que hablan mal del país.
En relación con medidas para mejorar la eficiencia estatal: que el Presidente pueda cerrar instituciones que no cumplen con sus objetivos; que se pueda despedir a los médicos que no cumplan con sus jornadas por atender sus consultorios privados; que se despida a los empleados públicos con mal desempeño sin responsabilidad patronal; que el Gobierno pueda evaluar a los maestros y los despida si salen mal.
En cuanto al primer tema examinado, es decir, la necesidad de introducir cambios a la democracia costarricense, siete de cada diez personas (71%) opinaron que sí son necesarias las reformas.
El objetivo era saber no solo si los ciudadanos consideran necesarios los cambios, sino sobretodo el tipo de cambios que las personas respaldarían: medidas reformistas, rupturistas o de eficiencia estatal.
En el estudio se valoran varios posibles escenarios, siendo el primero aquel en los ciudadanos se inclinan por reformas democráticas en democracia, en ese caso no se pone en peligro la estabilidad del sistema.
En la encuesta se identifican dos patrones distintos en los tres tipos de cambios según la aprobación ciudadana. En primer lugar, en los cambios denominados reformistas y rupturistas hay ciertamente algunos de ellos con altos niveles de aprobación, como la idea de que el pueblo destituya los diputados, o incluso que el Gobierno sancione a los medios que publican información falsa.
Sin embargo, esas medidas van acompañadas de otras que gozan de bajo respaldo popular como la reelección de diputados de manera indefinida y la posibilidad de que el Presidente escoja a los jueces de la República.
Este fenómeno hace que, al promediar la aprobación de los cuatro cambios en esos dos grupos, el respaldo de todos ellos disminuya (ver gráfico).
Por otra parte, en las preguntas en las que se indaga sobre medidas de eficiencia estatal, la aprobación entre ellas es mayor y es más homogénea, lo cual hace que el promedio de respaldo de estas medidas sea considerablemente mayor (7,6 puntos en la escala 1-10) que en las otras dos.
En suma, la encuesta refleja que los costarricenses que están insatisfechos con el funcionamiento de las instituciones respaldan los valores políticos existentes en lugar de pretender transformarlos radicalmente. Por lo tanto, los ciudadanos quieren más democracia en lugar de menos.
A la vez, los cambios propuestos apuntan fundamentalmente a mejorar la eficiencia de las instituciones públicas y no a socavar los principios políticos básicos que las sustentan.
CONSERVADORES
Otros temas investigados se enfocan en las luchas culturales y la tensión entre las posiciones conservadoras y liberales, y particularmente dilucidar cómo los valores religiosos influyen sobre la cultura política del país.
Con respecto a la religión que tienen las personas encuestadas en marzo, se mantiene lo observado en la encuesta anterior, que la gran mayoría profesan el catolicismo (69,71% en marzo, 71.8% en noviembre 2016).
La importancia de la religión sí representó un porcentaje aún mayor que noviembre: 77,59% dijo que la religión es muy importante en sus vidas (contra un 70,3% en noviembre).
Llama la atención que a pesar de que en esta muestra es mayor el porcentaje de las personas que afirman que la religión es muy importante en sus vidas, cuando se les consulta si la confesionalidad católica del Estado se debe mantener, el porcentaje que afirma que sí es un 55,3%, menor que en noviembre (60,3%).
No obstante, este porcentaje ha variado en esos rangos desde que se realiza la medición, ya que en agosto de 2016 el resultado fue de 53,4% y en agosto de 2013 de 57,4%.
En la misma línea se exploraron las percepciones ciudadanas respecto de las demandas liberales que ya se han realizado en diversas partes del mundo, pero que parecen encontrarse en riesgo actualmente.
En este sentido se mantienen la tendencia de noviembre de 2016 con respecto a la aprobación del reconocimiento de parejas formadas por personas del mismo sexo, en las que un 56,8% de las personas entrevistadas manifiestan estar en desacuerdo.
De manera parecida, frente al aborto en casos de violencia sexual, un 51% manifiesta rechazo, contra un 41% que lo apoya.
