El Movimiento de Ciudadanía que Construye Territorios Seguros interpuso el pasado 3 de noviembre un recurso de amparo contra la Corte Plena (22 magistraturas de la Corte Suprema de Justicia) y la Asamblea Legislativa por supuestamente violentar derechos constitucionales de la ciudadanía durante la sesión del 11 de octubre del 2021, cuando el órgano eligió a los integrantes de la lista para optar por el cargo de magistrados suplentes de la Sala Constitucional.
El recurso, según informó el coordinador del movimiento Carlos Campos, fue acogido por la Sala Constitucional para su análisis por lo que se ha notificado a las autoridades, quienes deberán responder por los hechos señalados.
Según se recogen los hechos en el documento, la Sala Constitucional ordenó meses atrás la apertura de un concurso público para la elección de magistrados suplentes y en conjunto con el departamento de Gestión Humana, dedicó meses a analizar atestados y realizar entrevistas. De este proceso resultó una nómina de los candidatos que superaron el concurso, la cual fue remitida a Corte Plena.
No obstante, indica la denuncia, la «Corte Plena ni siquiera toma en cuenta la lista remitida por la Sala Constitucional para el concurso de idoneidad y vota de forma aleatoria por todos los concursantes», dejando incluso por fuera a la tercera parte de las personas candidatas, «sin fundamentar ni motivar el acto y apartándose de la idoneidad y de los reglas del concurso». Además, en la misma sesión se declaró firme el acto pues el nombramiento urge para diciembre y ya se habían dado atrasos.
«Ese atraso apunta a que la Asamblea Legislativa no tenga tiempo para solicitar la remisión de la nómina propuesta por la Sala Constitucional o que justifique la Corte Plena por qué se aparta en un 33% de los candidatos propuestos por la propia Sala. Pareciera que esto se hace con la clara intención de que no se den opciones para que los señores y señoras diputadas tengan verdaderas opciones de elección entre los diferentes candidatos. Esto por cuanto, al remitir candidatos que de antemano se conoce no reúnen el perfil de idoneidad, se limita la posibilidad de la elección para que queden aquellas personas que son de interés de un sector de Corte Plena y no de la Sala especializada», reza el documento.
El recurso pretende entonces, que se anule el acuerdo de Corte Plena artículo 20 de la sesión 42-2021, «que se apartó del concurso realizado por la Sala Constitucional y que violentó con su actuar la independencia judicial de los magistrados suplentes y de los participantes en dicho proceso».
A la vez, pide que se declare «que el actuar de Corte Plena violenta el principio de seguridad jurídica ya que se aplica el Reglamento para la elección de magistrados suplentes que no estaba aprobado cuando inicia el concurso», violentando así los principios de idoneidad constitucional, confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad. Finalmente, solicita que la Asamblea Legislativa devuelva la nómina a la Corte Plena para que remita una que sea conforme a la remitida por la Sala Constitucional «que es precisamente la que se encarga de realizar el concurso».
Campos comentó, en entrevista con UNIVERSIDAD, que con este proceso se violentaron los principios de independencia judicial, de transparencia, de idoneidad y de confianza legítima e interdicción de la arbitrariedad. «Un proceso de elección en un órgano tan importante que requiere de transparencia, la ciudadanía tiene derecho a saber porqué se proponen las personas, porqué se toman en cuenta o no, y por qué razones se eligen. Para eso fue todo el trabajo que hizo de previo para fortalecer algo que ha sido destruido en el país que es el sufragio», dijo.
«Esto está afectando el instituto de la justicia porque la Corte Suprema se supone que defiende ese instituto, sobre todo en este caso la transparencia de los procesos, que tienen que ser reconocidos por toda la sociedad», indicó.
Las personas que habían concursado y superado el primer proceso, dijo, tienen derecho a ser consideradas y a saber las razones por las que se les elige o no, «habían ganado un proceso público y luego en una votación secreta ignoran eso y no se sabe por qué», agregó.
Con el recurso, dijo Campos, el movimiento pretende «ver si la Sala está respondiendo a los intereses del país, o a cuáles intereses, porque tienen que tomar una decisión, o hacen cumplir el mandato constitucional o respaldar intereses de grupo».
«Costa Rica está avanzando hacia el totalitarismo a pasos agigantados y el órgano administrador de la justicia está permitiendo que eso pase, este es el momento en que tenemos que demostrar si vamos a establecer el ejercicio de los derechos políticos, de los derechos humanos de las personas, de demostrar que vamos a respetar que esto es una república participativa. Totalitarismo o democracia participativa, eso es lo que tiene que dirimir la Sala con este proceso», concluyó Campos.
